El caso Milani
De no haber sido por la voluntad de los kirchneristas de reanudar los juicios contra militares o exmilitares acusados de violar los derechos humanos, el teniente general César Milani podría concentrarse en sus tareas como jefe del Ejército y, a juicio de muchos, de los espías oficialistas sin tener que preocuparse por las secuelas de un episodio nada claro que ocurrió hace casi 40 años en Tucumán, cuando combatía la guerrilla en el marco del Operativo Independencia que había decretado el gobierno de la presidenta Isabel Perón y que, después del golpe de Estado de 1976, la dictadura castrense libró con mayor ferocidad. Asimismo, de haber pasado a retiro el militar, a pocos les interesaría la posibilidad de que tuviera algo que ver con el encubrimiento de la desaparición y presunto asesinato de un soldado en confusas circunstancias en junio de 1976, pero sucede que, por sus propias razones, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo ha elegido para encabezar el Ejército y está resuelta a defenderlo aun cuando tal actitud sea incompatible con la política de derechos humanos de su gobierno. Huelga decir que los adversarios del gobierno están procurando sacar el máximo provecho de la incoherencia así manifestada. No les está resultando difícil. Hay buenos motivos para creer que en 1976 el joven subteniente Milani, como muchos otros militares de aquellos tiempos caóticos, se había acostumbrado a pasar por alto los molestos detalles reglamentarios y, por lo tanto, no se esforzó por averiguar el paradero de un subordinado que había colaborado estrechamente con él, el soldado Alberto Ledo, luego de que desapareciera. En opinión del fiscal federal tucumano Carlos Brito, Milani se limitó a firmar un acta en que lo declaró un desertor, de tal modo encubriendo “la privación ilegítima de libertad” del conscripto y, se supone, su muerte a manos de militares convencidos de que era un subversivo. Con todo, si bien a esta altura parece un tanto excesivo calificar a Milani de “genocida”, como hizo el jefe de los senadores radicales Gerardo Morales, sobre la base de algo que pudo haber sucedido en 1976, cuando el país sufría de una sobredosis de violencia política, no lo es conforme a las pautas reivindicadas con estridencia por la presidenta, por otros voceros gubernamentales y por las distintas ramas de organizaciones como Madres de Plaza de Mayo. Toda esta gente se ve obligada a elegir entre privilegiar la lealtad que tantos sienten hacia su benefactora, Cristina, para la que soltarle la mano a Milani para que compartiera el destino ingrato de tantos otro militares sería un revés muy doloroso, y mostrarse leales a sus propios principios. Por sus propios motivos políticos, los kirchneristas quieren que los involucrados en la represión ilegal sigan siendo castigados con la máxima severidad sin tomar en cuenta su edad cuando se libraba la bien llamada guerra sucia o lo difícil que les hubiera sido negarse a obedecer órdenes o animarse a cuestionar la metodología que habían avalado sus superiores, pero parecería que están más que dispuestos a hacer una excepción cuando un acusado se afirma partidario de la causa “nacional y popular” y podría serles útil. Es como si Milani se las hubiera arreglado para transformarse en una especie de montonero honorario, ya que en las filas oficialistas abundan personajes que han perpetrado crímenes en nombre de alguna que otra ideología supuestamente revolucionaria. Para los habituados a dar más importancia a las opiniones políticas de las distintas personas que a lo que hacen, es con toda seguridad lógico indultar a quienes dicen militar en la misma causa y ensañarse con los considerados enemigos. Para los demás, en cambio, tal actitud es hipócrita. Quieren que la ley sea igual para todos y que la eventual conversión al kirchnerismo de un presunto exrepresor no le sirva para conseguir la impunidad. Es en buena medida por eso que Milani está en el banquillo, acusado de un crimen de omisión –ya que nadie cree que él mismo haya matado a Ledo, aunque es factible que lo haya entregado a sus eventuales asesinos–, además, claro está, de verse investigado por enriquecimiento ilícito, un delito que, según parece, en nuestro país pueden cometer virtualmente todos los vinculados con el poder político de turno.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Sábado 27 de diciembre de 2014
De no haber sido por la voluntad de los kirchneristas de reanudar los juicios contra militares o exmilitares acusados de violar los derechos humanos, el teniente general César Milani podría concentrarse en sus tareas como jefe del Ejército y, a juicio de muchos, de los espías oficialistas sin tener que preocuparse por las secuelas de un episodio nada claro que ocurrió hace casi 40 años en Tucumán, cuando combatía la guerrilla en el marco del Operativo Independencia que había decretado el gobierno de la presidenta Isabel Perón y que, después del golpe de Estado de 1976, la dictadura castrense libró con mayor ferocidad. Asimismo, de haber pasado a retiro el militar, a pocos les interesaría la posibilidad de que tuviera algo que ver con el encubrimiento de la desaparición y presunto asesinato de un soldado en confusas circunstancias en junio de 1976, pero sucede que, por sus propias razones, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo ha elegido para encabezar el Ejército y está resuelta a defenderlo aun cuando tal actitud sea incompatible con la política de derechos humanos de su gobierno. Huelga decir que los adversarios del gobierno están procurando sacar el máximo provecho de la incoherencia así manifestada. No les está resultando difícil. Hay buenos motivos para creer que en 1976 el joven subteniente Milani, como muchos otros militares de aquellos tiempos caóticos, se había acostumbrado a pasar por alto los molestos detalles reglamentarios y, por lo tanto, no se esforzó por averiguar el paradero de un subordinado que había colaborado estrechamente con él, el soldado Alberto Ledo, luego de que desapareciera. En opinión del fiscal federal tucumano Carlos Brito, Milani se limitó a firmar un acta en que lo declaró un desertor, de tal modo encubriendo “la privación ilegítima de libertad” del conscripto y, se supone, su muerte a manos de militares convencidos de que era un subversivo. Con todo, si bien a esta altura parece un tanto excesivo calificar a Milani de “genocida”, como hizo el jefe de los senadores radicales Gerardo Morales, sobre la base de algo que pudo haber sucedido en 1976, cuando el país sufría de una sobredosis de violencia política, no lo es conforme a las pautas reivindicadas con estridencia por la presidenta, por otros voceros gubernamentales y por las distintas ramas de organizaciones como Madres de Plaza de Mayo. Toda esta gente se ve obligada a elegir entre privilegiar la lealtad que tantos sienten hacia su benefactora, Cristina, para la que soltarle la mano a Milani para que compartiera el destino ingrato de tantos otro militares sería un revés muy doloroso, y mostrarse leales a sus propios principios. Por sus propios motivos políticos, los kirchneristas quieren que los involucrados en la represión ilegal sigan siendo castigados con la máxima severidad sin tomar en cuenta su edad cuando se libraba la bien llamada guerra sucia o lo difícil que les hubiera sido negarse a obedecer órdenes o animarse a cuestionar la metodología que habían avalado sus superiores, pero parecería que están más que dispuestos a hacer una excepción cuando un acusado se afirma partidario de la causa “nacional y popular” y podría serles útil. Es como si Milani se las hubiera arreglado para transformarse en una especie de montonero honorario, ya que en las filas oficialistas abundan personajes que han perpetrado crímenes en nombre de alguna que otra ideología supuestamente revolucionaria. Para los habituados a dar más importancia a las opiniones políticas de las distintas personas que a lo que hacen, es con toda seguridad lógico indultar a quienes dicen militar en la misma causa y ensañarse con los considerados enemigos. Para los demás, en cambio, tal actitud es hipócrita. Quieren que la ley sea igual para todos y que la eventual conversión al kirchnerismo de un presunto exrepresor no le sirva para conseguir la impunidad. Es en buena medida por eso que Milani está en el banquillo, acusado de un crimen de omisión –ya que nadie cree que él mismo haya matado a Ledo, aunque es factible que lo haya entregado a sus eventuales asesinos–, además, claro está, de verse investigado por enriquecimiento ilícito, un delito que, según parece, en nuestro país pueden cometer virtualmente todos los vinculados con el poder político de turno.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
