“El Congreso, una pyme”
El Congreso de la Nación ha dejado de lado su función básica para transformarse en uno de los tantos negocios en que hoy ha mutado la política.
Normalmente, cuando un legislador quiere mostrar que no es un vago sino que trabajó menciona orgulloso la cantidad de proyectos de ley que presentó. Es más, muchas veces los medios utilizan este parámetro para determinar si el legislador trabajó o simplemente se dedicó a cobrar su dieta. En rigor, ese es un pésimo indicador, porque cuantas más leyes hay en un país menos libertad tienen sus habitantes. Cuando un país tiene inflación legislativa es porque está regulando y coartando la libertad de las personas. Ya lo decía Juan Bautista Alberdi: “La Constitución nacional era una gran ley derogatoria de la legislación española. La Constitución nacional tuvo como objetivo establecer un marco de libertad derogando la legislación colonial que ahogaba la capacidad de innovación de los habitantes”. Aunque parezca exagerado, la realidad es que cuanto menos trabajen los diputados y senadores más libertad va a tener la gente. Lo que se necesita es una ley que derogue leyes que impidan que la gente desarrolle su creatividad e iniciativa. No más leyes que inhiban la capacidad de innovación.
Si queremos ser en serio una sociedad libre, el Congreso debería reunirse una vez por año para aprobar el presupuesto y, tal vez, algunas veces más por temas muy específicos. Pero, reitero, no es propio de una sociedad libre que el Congreso esté “trabajando” todo el tiempo.
Si bien el Congreso tiene asignado un presupuesto de
$ 14.484 millones para este año, una parte va a la biblioteca, otra a la imprenta, otra al Consejo de la Magistratura y otras reparticiones. En concreto, los fondos destinados específicamente para legislar son los siguientes: la Cámara de Senadores tiene un presupuesto para el año en curso de 5.297 millones de pesos, dinero destinado a pagar sueldos de los legisladores, de los empleados del Senado, la compra de bienes y servicios, etc. Por su parte, la Cámara de Diputados tiene asignado un presupuesto para el 2017 de 5.550 millones de pesos, también para los mismos conceptos.
De los números anteriores se desprende que, para poder legislar, un senador tiene un costo para el contribuyente
–entre su sueldo, el de la secretaria, sus asesores, encargados de prensa, etc.– de 74 millones de pesos anuales, es decir, en promedio tiene un costo de 6,2 millones mensuales. Luce un tanto disparatado, ¿no?
Los diputados nos salen más económicos. Siendo 257 diputados y con un presupuesto de $ 5.550 millones, cada diputado tiene un costo para el contribuyente de 22 millones de pesos anuales ($ 1,8 mensuales).
Según la página web del Senado de la Nación, dicho cuerpo tiene 3.192 empleados de planta permanente y 1.862 de planta transitoria. Un total de 5.054 empleados sólo para el Senado. Aquí no se tiene en cuenta ni la biblioteca, la imprenta o la obra social. Si uno divide los 5.054 empleados por los 72 senadores, tenemos que en promedio cada senador necesita 70 empleados para trabajar. ¡Cada senador es una pyme!
Con respecto a Diputados, si consideramos el presupuesto 2016 (se desconoce el actual), había 5.625 empleados, y suponiendo que se redujo la planta a 4.600 estamos teniendo una relación de casi 18 empleados por cada diputado. Los diputados son otra pyme.
Joaquín Bertrán
DNI 5.433.822
Joaquín Bertrán
DNI 5.433.822
El Congreso de la Nación ha dejado de lado su función básica para transformarse en uno de los tantos negocios en que hoy ha mutado la política.
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