El corralito amenaza a dos jóvenes neuquinos

Silvina y Fernando Gómez están enfermos, su padre es un ingeniero en petróleo que quedó recientemente desocupado y el único recurso son los ahorros familiares -indemnización incluida- que el banco no le entrega, pese a la orden de la Justicia.



NEUQUEN (AN)- Para la familia Gómez, el corralito financiero tiene un candado que ni la Justicia federal pudo abrir. Silvina, de trece años de edad y con diez de promedio en todas las materias que cursa en el segundo año del CPEM 46 de esta capital, padece hace una década dermatomiositis con calcificaciones, una enfermedad progresiva que la mantiene postrada en una silla de ruedas. Su hermano Fernando -19 años, estudiante de primer año de ingeniería- se sometió a un análisis en setiembre pasado y allí se detectó que sus riñones están en un 80% inutilizados, por lo cual espera ser sometido a diálisis y, en una etapa posterior, a un trasplante.

Félix Gómez es el jefe del hogar: desde del 16 de este mes está desocupado pero hace diez años -desde que se diagnosticó la enfermedad de Silvina- realiza malabares para ahorrar todo el dinero que pueda para pagar los tratamientos en el Hospital Italiano en Buenos Aires -que demandan traslado y una semana de internación una vez por mes- y adquirir un vehículo especial para que su hija pueda trasladarse y aproximar su existencia a una normalidad de la que carece. Gómez es ingeniero y siempre trabajó en la industria petrolera. La crisis lo dejó sin trabajo en la empresa PeCom, y los ahorros que atesoró en el Banco Río des-de que trabajaba en San Antonio engordaron con su indemnización. Su mujer, Julia Mevoras, reparte su tiempo entre el estudio de analista de gestión empresaria y la atención de sus hijos.

Los 130 mil dólares en plazos fijos iban a garantizarles -como a tantos argentinos que confiaron en el sistema bancario- el valor de sus ahorros y la inmediata disponibilidad para que sus hijos tuvieran el tratamiento adecuado. Pudieron quebrar el grillete bancario, que les congeló los depósi-tos, con una presentación ante la justicia federal. El miércoles, el juez Guillermo Labate ordenó al Banco Río que les entregara a Gómez la totalidad de los depósitos. En el mismo banco, los Gómez tomaron un crédito hipotecario -tuvieron que remodelar su casa para adaptarla a las limitaciones de desplazamiento de Silvina- por el cual devuelven mensualmente 716 dólares.

En el tesoro

César Ribet, gerente de esa entidad -subsidiaria del Santander Hispano- les dijo que no disponían de esa suma porque estaba en el tesoro en Buenos Aires. Los Gómez y su abogado -Alberto García- decidieron otorgarle a la entidad bancaria 24 horas de plazo, que fueron aprovechadas para presentar un recurso “per saltum” ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con lo cual los ahorros volvieron a quedar congelados.

La “chicana” -en realidad, un ardid permitido por la ley 25561 de emergencia pública- se convirtió, para García “en una estafa procesal” destinada a dilatar -o postergar sine die- la entrega del dinero, una situación que supone “un peligro de vida” para Silvina y Fernando. En el ínterin, Ribet se comprometió con los Gómez a devolverles el dinero pesificando a 1,40 por dólar.

Gómez y Mevoras dijeron que esa cotización implicaría una considerable merma del valor de sus ahorros porque en marzo llegará a Neuquén el vehículo cuya importación se tramitó a través de una concesionaria, según la ley del discapacitado. El valor del rodado -que tiene piso bajo y permite transportar a Silvina sin que descienda de su silla de ruedas- supera los 50 mil dólares.

García dijo que los ahorros de los Gómez “no tienen carácter especulativo” porque se originaron en la necesidad de garantizar la atención de la enfermedad de su hija, y ahora la de Fernando. Cuando el Banco Río comunicó que el dinero está a disposición del juez federal -Labate, que no lo puede recibir por el recurso ante la Corte-, García interpuso una nueva denuncia penal por incumplimiento de la orden judicial y estafa procesal contra la entidad. Esa cuestión está en manos del fiscal José María Darquier.

“Estamos presos de los corruptos”, afirman los padres

NEUQUEN (AN).- Julia Mevoras y Félix Gómez no pueden ocultar su amargura y su furia. Ni lo intentan. El dice que “nunca dependí del Estado, siempre junté mis ahorros en mi trabajo en la actividad privada, y confié, confié en el país”. Ella asiente y confirma: “necesitamos el dinero para seguir con el tratamiento de Silvina, y después para continuar con Fernando”.

Gómez no llega a comprender cómo “estamos presos de diputados, presiden-tes, autoridades que son corruptos, y que cobran su sueldo por nuestro trabajo”.

La casa familiar está en la calle Bruno Ramírez, un barrio de clase media con calles arboladas y viviendas de una planta, con jardines y canteros. Gómez nació en Corrientes y su mujer en Salta. Tienen un hijo mayor, Gabriel, que tiene 28 años y trabaja en la Coca Cola, y es salteño como su madre.

Fernando nació en Río Gallegos, y Silvina es “totalmente nyc, nacida y criada en Neuquén”, una dispersión geográfica muy común en la biografía de una familia de petroleros, que señala los destinos de estos “marineros en tierra”.

La enfermedad de Silvina produce una calcificación progresiva de los músculos y la hacen vulnerable a la osteoporosis. “Tenemos que levantarla tomándola de las manos y las plantas de los pies: es como una cajita de cristal”, grafica Julia, que enumera los trámites que debieron realizar para obtener la autorización para importar la “van” -una camioneta especial con piso bajo- que le permitirá a su hija ir al colegio, y a la familia poder rehacer su vida social. Tuvieron que demostrar ante la AFIP que sus ingresos eran genuinos y, una vez que lo hicieron, que podían mantener el vehículo. La autorización para importarlo llegó en setiembre y en marzo estará acá, según les dijeron en la concesionaria.

En principio, dijo el abogado de la familia, Alberto García, se exigió que el banco les devolviera 54 mil dólares, porque el “van” cuesta 27 mil, pero el juez Labate pidió que fuera el total para dejarles todos los fondos disponibles, dada la gravedad de la enfermedad.

Ahorristas ocuparon un banco en San Martín

SAN MARTIN DE LOS ANDES (ASM).- Un matrimonio cuyos ahorros destinados a un emprendimiento comercial quedaron atrapados en el “corralito”, ocupó con su pequeño bebé y por más de siete horas la sucursal local del Banco Francés, hasta salvar diferencias de criterio sobre las normas para trasferencia de fondos.

Si bien no extrajeron el dinero, lograron que el banco interpretara su pedido para encuadrar dentro de las normativas de flexibilización para actividades comerciales, que aparecían confusas “hasta para el propio Banco Central”, dijo el ahorrista.

El episodio ocurrió en la mañana del jueves. La pareja se mantuvo firme en su actitud desde las 9.30, cuando el gerente Diego Rampoldi la recibió en su despacho. A partir de entonces, el matrimonio conformado por Daniel Eliá y Andrea González aguardó en esa misma oficina la resolución del diferendo, que llegó pasadas las 16.

En sus brazos, el pequeño Martín de sólo dos meses se convirtió en involuntario espectador de las disputas por el “corralito” financiero. Los Eliá estaban preparados con pañales y otros enseres para atender al pequeño en su improvisada estancia.

El curioso episodio fue difundido por las radios locales, lo que desató decenas de llamados telefónicos de personas que expresaban su apoyo a los Eliá, al tiempo que fustigaban a los bancos.

Eliá aclaró que la decisión de permanecer en la oficina “fue simplemente a la espera de que se resolviera una diferencia de interpretación que teníamos con el banco, por la flexibilización de cuentas para el caso de actividades comerciales”.

Esa “espera” demandó más de siete horas, al punto que el gerente se quedó de guardia y convidó con un pequeño refrigerio al matrimonio Eliá. Este diario intentó conocer la opinión del banco, pero el gerente se excusó de formular declaraciones por “no estar autorizado” por la casa central.

“Quiero aclarar que aquí no hubo ninguna cosa extraña, nadie nos hizo ni pedimos una excepción”, dijo Eliá. El dinero depositado -una suma en dólares que no precisó- surgió de la venta de un negocio, con el fin de encarar otra actividad comercial.

Sin embargo, la imposibilidad de movilizar el dinero impedía concretar el nuevo emprendimiento y dejaba al matrimonio sin ingreso alguno, ya que dependen de su actividad como comerciantes.


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