El costo del fracaso



La incapacidad patente de la clase dirigente nacional para hacer frente a la crisis económica no sólo ha dejado perplejos a los gobernantes de otros países y a los técnicos del FMI, que ya no intentan disimular su incredulidad por la falta de seriedad de tantos políticos y funcionarios argentinos, algunos de los cuales parecen suponer que siempre y cuando mantengan un perfil bajo lograrán capear el temporal sin verse constreñidos a modificar nada. También ha tenido consecuencias devastadoras para millones de personas que a causa de ella se han visto precipitadas en la pobreza, cuando no en la indigencia, por razones totalmente desvinculadas de sus esfuerzos personales: por el contrario, entre los más perjudicados por el naufragio han estado precisamente los ahorristas que con prudencia se habían preparado para sobrevivir a una etapa signada por descalabros económicos. La situación así supuesta se ha agravado de manera espectacular a partir de octubre del año pasado y, por desgracia, todo hace prever que los próximos meses serán todavía peores. Según las cifras más recientes, en la Capital Federal y el conurbano bonaerense el 49,8% de la población ya se encuentra por debajo de la línea de pobreza oficial y más de la mitad de estos pobres, algunos "estructurales" pero muchos "nuevos", viven en la indigencia porque no perciben lo bastante como para comprar la canasta básica de alimentos. En muchas provincias del interior, las penurias son aún más penosas. De más está decir que de aplicarse los criterios propios de países avanzados como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea, la proporción de pobres sería llamativamente mayor.

Para colmo, a diferencia de lo que sucedió a fines de los años ochenta cuando la hiperinflación se encargaba de triturar los ingresos, no existen motivos para creernos ante un fenómeno sin duda doloroso pero así y todo coyuntural que podría corregirse en un lapso relativamente corto con una "bala de plata" como la supuesta en su momento por la ley de convertibilidad. Aunque es urgente impedir que se intensifique la inflación que está provocando estragos en los presupuestos familiares, sobre todo en aquellos de los sectores más vulnerables -los que ya incluyen a muchos profesionales que han sido privados de sus fuentes de ingresos-, no es cuestión sólo del caos monetario sino también de la destrucción de una multitud de empresas que nunca se reconstituirán, acompañada por una sequía financiera que ha sido agravada por la confiscación de los ahorros de varias generaciones que se perpetuará a menos que el país logre atraer inversiones extranjeras.

Frente a una catástrofe de esta naturaleza, lo lógico sería que el país se dotara de un gobierno auténticamente nacional que estuviera en condiciones de tomar las medidas necesarias para restaurar la confianza sin la cual ninguna economía pueda funcionar. Por ahora, sin embargo, no se han producido señales de que la "clase política" esté por ponerse a la altura de las circunstancias. Con escasas excepciones, sus integrantes siguen defendiendo "las banderas" de siempre, como si su propio accionar no hubiera contribuido al desastre humano que fue desencadenado por el default que tantos festejaron, oponiéndose obstinadamente, por razones que tienen más que ver con sus intereses personales o partidarios que con ellos de la ciudadanía, a medidas que tarde o temprano habrán de instrumentarse porque el dinero que posibilitaría alternativas menos traumáticas está agotándose con rapidez. Por cierto, las idas y vueltas, marchas y contramarchas que ya son características de la labor del gobierno de Eduardo Duhalde no han hecho sino intensificar la incertidumbre en cuanto a su voluntad de actuar con la firmeza imprescindible para que el país comenzara a levantar cabeza, lo cual, claro está, ha incidido de manera sumamente negativa en el estado de ánimo de la población. Asimismo, la conducta de los socios radicales del gobierno que, cohibidos por el temor a lo que con toda seguridad les sucedería si Duhalde se sintiera obligado a permitir la convocatoria a elecciones pero deseosos de diferenciarse de él por si acaso, no ha contribuido en absoluto a hacer más coherente la gestión oficial.


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