El delito también aporta
Nadie ignora que la economía es una cosa y la ley es otra, para no hablar de la ética, pero así y todo ha motivado sorpresa la decisión de algunos gobiernos europeos, entre ellos los del Reino Unido, Austria, Finlandia, Suecia y Noruega, de tomar en cuenta la contribución del crimen a la hora de estimar el Producto Bruto Interno. Si bien es innegable que el cambio, que se ha visto impulsado por la ONU que desde hace seis años insiste en la conveniencia de incluir todas las transacciones sin discriminar en contra de las ilícitas o las consideradas inmorales, tiene su lógica, ya que siempre se trata de actividades comerciales, a muchos les parece escandalosa la idea de que un floreciente sector delictivo pueda equipararse con el industrial o con servicios que de acuerdo común son legítimos. De todos modos, según la Oficina de Estadísticas Nacionales británica, de incluirse en el PBI los aportes a la economía de negocios vinculados con la droga y la prostitución, el monto total aumentaría entre el 4 y el 5%, una suba similar a la prevista para Holanda y Suecia. En cambio, se estima que no se verían tan beneficiadas Francia, Alemania, España e Italia, aunque los italianos dicen que se las arreglarían para recuperar un poco del terreno así perdido con la ayuda de los contrabandistas. En 1987 Italia logró subir en el ranking internacional con el mundialmente famoso “sorpasso” al blanquear, en términos estadísticos por lo menos, la economía negra, pero pronto retrocedería al entrar en una etapa de estancamiento prolongada de la que aún no ha salido y que, tal y como están las cosas, parece destinada a ser permanente. Por razones evidentes, medir el valor económico de lo que hacen personas que por motivos que podrían calificarse de profesionales se mantienen alejadas de las autoridades impositivas, además, claro está, de la policía y cualquier otro agente gubernamental, no es del todo fácil, pero tampoco lo es cuando es cuestión de estimar el aporte de muchos servicios, como los brindados por instituciones sin fines de lucro. Asimismo, el que los docentes, por ejemplo, desempeñen funciones que son virtualmente idénticas tanto en sociedades paupérrimas como en los más ricas no puede sino distorsionar las comparaciones entre los distintos países al subestimar el valor de lo aportado por quienes han de conformarse con salarios muy magros. Calcular el valor de bienes concretos es relativamente sencillo, pero sucede que en las economías más sofisticadas la participación de la industria y el campo propende a reducirse, mientras que la del multifacético sector de “servicios” no deja de crecer. Dicha realidad indigna a los convencidos de que muchos servicios, en especial los financieros, son parasitarios porque dependen de “la economía real” que, a su entender, se limita a la producción de bienes tangibles, pero mal que les pese no hay forma de volver a un pasado protagonizado por las industrias manufactureras. Las revisiones estadísticas que han emprendido los países de la Unión Europea a instancias de la ONU podrían permitir que algunos suban un poco en el ranking internacional, lo que les sería grato, pero también los obligaría a pagar más al presupuesto común, lo que no ayudaría a mejorar la relación ya mala que se da entre los integrantes norteños y los socios del sur que se han visto más perjudicados por la crisis financiera. Tampoco sería bueno que se difundiera la impresión de que, pensándolo bien, las actividades delictivas no son peores que las legales, puesto que a su manera hacen una contribución positiva al bienestar general. En la lucha contra el crimen importan no sólo la eficiencia policial y el rigor de la Justicia sino también la condena social que, en una época signada por la permisividad como la nuestra, ha dejado de tener un efecto tan disuasivo como en otros tiempos. Por lo demás, en adelante los gobiernos entenderían que, en el caso de que consiguieran eliminar lacras como las provocadas por el narcotráfico y la prostitución, tales éxitos se verían acompañados por estadísticas económicas escandalosamente negativas, con los costos políticos resultantes, lo que les brindaría un buen motivo para optar por dejar que los delincuentes sigan contribuyendo lo suyo al sacrosanto PBI nacional.
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