El dolor de los servidores públicos
El real decreto de “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad” establece una serie de recortes de importantes beneficios que había alcanzado el personal al servicio de la Administración Pública: una jornada reducida de 35 horas semanales, sistemas de generosas licencias anuales, aguinaldos denominados “pagas extraordinarias” (dos meses completos al año que se abonan uno en junio y otro en diciembre) y preservación del salario completo en caso de enfermedad, entre otros. Ante las reacciones, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó luego que no se suprimiría la paga extra de diciembre, como se había anunciado, sino que se “suspendería” para compensarla en el 2015 mediante un ingreso en el fondo de pensiones. Tampoco se aplicará a los servidores públicos que ganen menos de 1.000 euros brutos al mes (1,5 veces el salario mínimo interprofesional) y se prevé que el recorte de la extra en vez de hacerse de golpe en diciembre pueda aplicarse poco a poco en las nóminas pendientes. Así se prevé que las administraciones podrán mantener la paga de Navidad a cambio de reducir las nóminas hasta final de año en la parte proporcional equivalente a la paga de Navidad. Otra de las malas noticias para los empleados públicos consiste en la posibilidad de suspender o de modificar los convenios colectivos que afecten al “personal laboral” –es decir, los no funcionarios–, que abarca casi 700.000 trabajadores. El gobierno se reserva la posibilidad de cambiar las condiciones de trabajo para los trabajadores pertenecientes a este colectivo “cuando concurra causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas”. En el pasado diciembre el gobierno ya elevó de 35 a 37,5 horas semanales el período de trabajo de los funcionarios. De esta forma, podía prescindir del personal eventual e interinos al aumentar la jornada de los funcionarios estables. Además, ha decidido reducir los días de libre disposición. Hasta ahora los funcionarios tenían seis días libres al año y a partir de los 18 años de antigüedad se sumaban otros cuatro días libres que habitualmente se añadían a las vacaciones de verano. De esta forma, los trabajadores públicos podrán perder hasta cuatro días de las vacaciones de verano este año. El gobierno también recorta el dinero que los funcionarios y el personal laboral cobrarán durante las bajas temporales por enfermedad. Antes la mayoría de los empleados públicos cobraba la totalidad de su salario cuando estaba de baja; a partir de ahora, para ahorrar y para combatir el absentismo, el gobierno estableció que entre el primer día de baja y el tercero “se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el 50% de las retribuciones”. Entre el cuarto día y el 20º, el salario, incluido el complemento, no podrá superar el 75% de las retribuciones. A partir del día 21º y hasta el 90º se podrá satisfacer la totalidad de las retribuciones básicas. (E. F. L.)
