El escándalo político judicial en Villa La Angostura no para de crecer
Recusos judiciales cruzados, investigaciones penales y diálogo roto son algunos de los ingredientes de la inédita crisis. La interna del MPN domina la escena, pero el partido provincial mantiene el silencio.
El Tribunal Superior en pleno debe resolver planteos judiciales que definirán el futuro institucional de la ciudad.
El quiebre dentro del Poder Ejecutivo municipal, la relación casi inexistente entre el intendente y los concejales, y los dos frentes judiciales que atraviesan al Deliberante, mantienen a Villa La Angostura sumergida en una crisis institucional que no toca fondo.
Aunque este escándalo comenzó y sigue por una interna entre referentes del Movimiento Popular Neuquino, el partido provincial que preside el gobernador Omar Gutiérrez todavía no intervino ni emitió una opinión pública.
En las últimas horas se produjeron tres novedades de importancia.
Tres novedades claves
• El presidente del Concejo Deliberante, David Tressens Ripoll, de una de las líneas del MPN, desplazó sin causa a la secretaria parlamentaria Magalí Díaz. La exfuncionaria lo asoció directamente con su rol de testigo clave en contra de los concejales, que están imputados de desobediencia a una orden judicial.
• El fiscal general José Gerez emitió un dictamen en el cual advirtió que la investigación penal en contra de los concejales continuará. «No corresponde interferir en el ejercicio de la acción penal pública, que corresponde en exclusividad a este Ministerio Público Fiscal», afirmó tajante. Los ediles habían pedido la suspensión de ese legajo.
• El pleno del Tribunal Superior de Justicia comenzó a analizar un planteo del Concejo Deliberante, que les pide a los vocales que intervengan directamente en el conflicto. Según su criterio, son ellos y no el juez de Zapala, Matías Nicolini, quienes deben resolver si el proceso que terminó con la destitución del exsecretario de Economía Daniel Brito fue correcto o no. El dictamen de Gerez recomienda rechazar este planteo.
La crisis política
En el plano político la crisis es evidente. El intendente Fabio Stefani, del MPN, no pudo mantener un gabinete estable desde que asumió y no se descarta que produzca en el corto plazo un nuevo recambio de piezas.
Por otra parte mantiene un diálogo con muchas dificultades con el Deliberante. Su exaliado Tressens Ripoll fue el voto clave para iniciar el proceso de juicio político contra Daniel Brito, y la destitución del secretario de Economía también la votaron los otros concejales del MPN, Melisa Salamanca y Walter Espíndola.
En el cuerpo deliberativo los concejales se mantienen unidos. Además de los tres emepenistas están María Eugenia Mesa y Sergio Troche (Frente de Todos), Marta Cicconi (PRO) y Agustina Vaca Arenaza (Primero Angostura). El frente judicial que atraviesa su gestión es doble.
Testigo clave
La acusación de desobedecer una orden judicial tiene una testigo clave: la secretaria Magalí Díaz. El fiscal jefe Fernando Rubio la imputó en los primeros días de la investigación, pero cuando le tomó declaración rápidamente la convirtió en su pieza estratégica.
Díaz fue la que recibió, el jueves 14 de enero, la (insólita) orden del juez Nicolini de que el Concejo no debía sesionar al día siguiente. Asegura que se lo contó a Tressens, y agrega que el viernes 15 no quiso participar de la sesión para no incumplir ese mandato del juez.
Tressens, como los demás concejales, no se dan por enterados de la existencia de la orden, y dice que Díaz no asistió a la sesión del 15 porque estaba descompuesta.
En una carta que hizo pública ayer en el sitio La Angostura Digital, Díaz acusó a su ex jefe de «buscar confundir a la gente». Y agregó: «creo que no es bueno querer someter a las personas mostrándose políticamente correcto, cuando en realidad se manipula el sistema, se ejerce violencia psicológica sobre una mujer e inclusive se deja trascender a los medios versiones para dañar el buen nombre y honor de una ciudadana que lo único que hizo es cumplir con su deber». Avisó que iniciará juicio. Bienvenida al club.
«Gutiérrez tiene responsabilidad política»
La legisladora Soledad Martínez, del Frente de Todos, viajó a Villa La Angostura para llevar su apoyo a los concejales en medio de esta crisis institucional.
«Ellos van a insistir en que se suspenda el proceso penal hasta que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre el conflicto de poderes», dijo.
Pero además opinó que «el gobernador Omar Gutiérrez tiene responsabilidad política en esto».
«Sin intervenir en una cuestión que está en manos de la justicia, tiene la responsabilidad de apaciguar el clima político de su espacio, en su doble rol de gobernador de la provincia y de presidente del partido», añadió.
Martínez dijo, respecto de la relación quebrada entre la intendencia y el Concejo, que «yo fui intendenta de Zapala 8 años y estuve 6 años» con el Deliberante en contra; «y Raúl Podestá de sus 8 años estuvo 7. Se puede convivir».
«Los concejales quieren que la municipalidad funcione, hay voluntad de colaborar», explicó. «La que está quebrada es la relación del intendente con su bloque oficialista».
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