El exdelegado de Rentas de Bariloche suma fallos a favor

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó el recurso extraordinario federal que había presentado el fiscal general Fabricio Brogna para que la Corte Suprema revisara la resolución del juez de garantías Bernardo Campana, que sobreseyó al exdelegado de Rentas en Bariloche Federico Martínez.

A la fiscalía solo le queda la posibilidad de presentar una queja ante la Corte.

artínez había sido imputado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.

La causa había empezado tras la denuncia que Sandra Garibaldi había presentado en septiembre de 2014, con el patrocinio de la abogada local Adriana Medhi, contra Martínez y familiares suyos por los delitos de defraudación, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible con la función pública.

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Garibaldi denunció que Martínez mandó a ejecutar –por una deuda de impuesto inmobiliario– un lote de casi 2.000 metros cuadrados, ubicado en Península San Pedro, que le pertenecía a la mujer. La denunciante advirtió que el comprador del lote en el remate fue el suegro de Martínez.

Durante 3 años la investigación dio idas y vueltas hasta que Campana admitió el 15 de diciembre de 2017 el pedido de sobreseimiento que había hecho el abogado Ricardo Mendaña, defensor de Martínez.

El juez destacó que Martínez y su defensor “acreditaron lo que no tenían que acreditar”, porque presentaron pruebas para demostrar que no hubo nada ilegal.

Campana sostuvo que Martínez no tuvo injerencia en ninguna etapa del procedimiento de la subasta pública del lote, que comprara su suegro, que era martillero, para un tercero, con el objetivo de venderlo a mayor valor.

El juez descartó que haya existido una maniobra para hacer un remate en secreto. Aseguró que hubo edictos con la convocatoria pública al remate, que había ordenado el juez civil Carlos Cuellar. Y le impuso a la querella las costas del proceso y de los honorarios porque advirtió “una insistencia de meter con fórceps en alguna figura penal para continuar” con la causa.

Campana aseguró que ni el fiscal ni la querella habían aportado pruebas para sostener la imputación contra Martínez a pesar del tiempo transcurrido.

Lista y la querella impugnaron la decisión de Campana ante el juez de revisión Héctor Leguizamón Pondal, que desestimó en septiembre de 2018 los planteos y confirmó el sobreseimiento.

Luego, el fiscal y la querella recurrieron al Tribunal de Impugnación de la Provincia (TIP) que rechazó los recursos porque los presentaron fuera de término. Lista fue con una queja ante el STJ, que la rechazó en marzo pasado. El fiscal general intervino y promovió un recurso extraordinario federal para llegar a la Corte, pero el STJ rechazó el 3 de octubre último ese planteo.

En la investigación declaró Raúl César Brunello, quien se desempeñaba en la ex Dirección General de Rentas como representante fiscal con la función específica de llevar adelante ejecuciones fiscales. Afirmó que en ningún momento había recibido instrucciones en cuanto a avanzar o paralizar un expediente.

La martillera Laura Pérez Lavayén declaró que el día de la subasta (19 de junio de 2013) se presentaron unas 15 personas y se adjudicó por 305.000 pesos (unos 115.000 dólares). Afirmó que nadie le dijo “de qué manera debía hacerlo ni recibió ninguna directiva”.

Martínez recordó que el gobernador Alberto Weretilneck lo suspendió el 24 de septiembre de 2014 en el cargo tras la difusión de la denuncia. Contó a “Río Negro” que había sido designado el 16 de febrero de 2012 y aún no le devuelven su trabajo.

Dijo que Garibaldi presentó una demanda civil contra la Agencia de Recaudación Tributaria, que mantiene frenada la venta del lote rematado, porque alegó que las notificaciones judiciales por la deuda del período 2004-2010 fueron irregulares.