El Frente de Todos repudia los ataques en Bariloche, pero no los considera un acto terrorista
En la última sesión, los legisladores del bloque opositor rechazaron los ataques en El Bolsón y Bariloche pero los consideraron "delitos comunes".
El último ataque en Vialidad en Bariloche, ocurrió en octubre pasado y a partir de ese caso, la gobernadora denunció actos de terrorismo. Foto: Archivo
“Ninguna acción violenta puede ser consentida”. De esta forma, el bloque del Frente de Todos rechazó las amenazas hacia la gobernadora Arabela Carreras, los fiscales Betiana Cendón y Francisco Arrien y, el juez Ricardo Calcagno, tras los dos ataques en El Bolsón y en Vialidad Provincial. Sin embargo, no consideraron que se trate de actos terroristas, tal como plantearon desde el gobierno provincial.
En la última sesión de la Legislatura Rionegrina, el bloque Frente de Todos acompañó con su voto el repudio a los últimos incidentes en Bariloche y la región, excepto por el legislador Facundo Montecino Odarda, hijo de la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, que votó en contra.
Los legisladores opositores también cuestionaron los destrozos en el Centro de Informes Turísticos de El Bolsón y el campamento de Vialidad Provincial, camino al Cerro Catedral. «Las amenazas a los titulares de distintos poderes del Estado y la destrucción de bienes públicos configuran delitos que deben ser perseguidos por la acción judicial«, manifestaron desde el bloque.
En cambio, cuestionaron la decisión de la gobernadora de presentar una denuncia por «actos de terrorismo» ante el Juzgado Federal. Lo consideraron como «una figura penal exacerbada y exagerada por el gobierno rionegrino de la cual ninguna conclusión investigativa -aún en curso– ofrece pruebas que así lo demuestren”.
“Vemos un recurso político forzado en el sentido de convertir lo que, hasta aquí, son delitos comunes en una causa federal, y con ello, ninguna otra intención más que la de desembarazarse de una compleja situación a la que el ejecutivo provincial no sabe cómo, ni quiere dar respuesta”, indicaron.
Plantearon que los hechos son «competencia de la provincia de Río Negro, a través de su policía y de su Ministerio Público Fiscal. Se trata de la ocupación de terrenos privados y dos actos de vandalismo que, nada tienen que ver con el accionar de ninguna organización terrorista».
Insistieron en que «el federalismo es un camino de ida y vuelta y en ese tránsito, cada quien debe hacerse cargo de sus propias responsabilidades. La lógica de corto vuelo consistente en responsabilizar al gobierno nacional del fracaso en la gestión de las propias obligaciones, solo preanuncia un lamentable final para los intereses de Río Negro”.
Denunciaron «la incapacidad manifiesta del gobierno provincial para consensuar una Ley de Tierras con las comunidades originarias, que está en la base del conflicto que hoy vivimos”.
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