El gobierno apeló el fallo contra el ajuste

BUENOS AIRES.- El gobierno se mantuvo firme en su decisión de recortar los salarios de los empleados públicos por decreto de necesidad y urgencia al apelar ayer la medida cautelar dictada por el juez laboral Miguel Pirolo, que frenaba su aplicación hasta dictaminar sobre la constitucionalidad de la norma.

A su vez, Economía salió a aclarar nuevamente que el recorte de entre el 12 y el 15% no afectará la primer cuota del Sueldo Anual Complementario.

En su apelación, elaborada por la Procuración del Tesoro, a cargo de Ernesto Marcer, el gobierno consideró que el decreto 430 es «legítimo» porque apunta a «cumplir metas fiscales fijadas por el Congreso» y, además, evita «tomar medidas más drásticas como podría ser el despido de agentes estatales, con el consiguiente aumento del desempleo».

Además, enfatizó que el carácter de «necesidad y urgencia» que tiene la norma cumplió con «todos los requisitos que la Constitución Nacional exige».

El jueves pasado, el juez Pirolo dictó una medida cautelar -hasta tanto resolviera el fondo de la cuestión- por la cual suspendió la poda salarial. Un día después, otro juez laboral, Enrique Gibert, avanzó aún más y resolvió el fondo del asunto, dictando la inconstitucionalidad del decreto. Pero esa misma jornada un juez con competencia federal, Sergio Fernández, rechazó una medida cautelar en el mismo sentido presentado por una empleada del ministerio de Economía.

Tras recibir la apelación, Pirolo deberá elevar el expediente a la Cámara del fuero para que confirme o revoque la decisión de primera instancia.

Desde el gobierno se salió a defender la medida, cuestionada por legisladores, sindicalistas y trabajadores, y el propio presidente De la Rúa cuestionó a los senadores del PJ por haber causado «un daño al país» al derogar los decretos de ajuste.

«Cada uno debe actuar con responsabilidad a la hora de hacer declaraciones o expresar puntos de vista según la posición que ocupe», dijo De la Rúa, para luego remarcar que la «sanción imprevista del Senado derogando» el ajuste «fue un daño al país que nos ha costado revertir pero hemos logrado superar».

El secretario de Hacienda, Mario Vicens, sostuvo que el recorte «es una medida indeseable, pero absolutamente imprescindible».

Vicens aclaró que están dispuestos incluso a recurrir a la Corte Suprema si fuera necesario, para dejar en pie el ajuste, mientras la CGT disidente amenazó con ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos si eso llegara a ocurrir.

Incluso, la maraña burocrática que implica para el gobierno la instrumentación del recorte obligó al Ejecutivo, a través de Vicens, a emitir una resolución aclarando que la poda salarial dispuesta en el sector público no afectará la retribución por aguinaldo del primer semestre, salvo en los agentes cuyas retribuciones superen los 12 mil pesos.

(DyN/Télam)

El PJ tiene otra jugada en el Senado

El Senado intentará esta semana adelantarse a la Cámara baja en la sanción de un proyecto de ley que reglamente los decretos de necesidad y urgencia con el fin de tener prioridad sobre la postura de Diputados en caso de que existan diferencias entre las posiciones de ambos recintos.

Fuentes del PJ señalaron que el objetivo de la bancada es poner en discusión, en la sesión de mañana, un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que descansaba desde julio del año pasado.

El espíritu de este despacho está en sintonía con la postura expresada por diputados y senadores del peronismo respecto del proyecto de derogación de los decretos de ajuste aprobado en la Cámara alta, esto es que alcanza con el rechazo de una de las Cámaras para que la medida quede anulada.

De hecho, el artículo 17 del proyecto que tiene dictamen de comisión establece que «el decreto de necesidad y urgencia que fuese expresamente rechazado por una o ambas Cámaras del Congreso, quedará derogado retroactivamente en forma automática, sin afectación de los derechos adquiridos durante su vigencia».

Además, este punto del despacho de comisión determina que el tratamiento de la medida del Ejecutivo objetada por una de las Cámaras «no podrá repetirse en el año en que fue dictado (el decreto) hasta tanto no se modifiquen las situaciones de hecho o de derecho que motivaron su rechazo». (Télam)