El hombre equivocado
A comienzos de la gestión del presidente Fernando de la Rúa, todos los peronistas apoyaron con regocijo indisimulado la designación como presidente de la Auditoría General de la Nación del hipermenemista Rodolfo Barra. Fue su forma de advertir a la Alianza que no se resignarían mansamente a permitir que integrantes del gobierno saliente fueran investigados por enriquecimiento ilícito y otros delitos. Sin embargo, a partir de entonces el clima ha cambiado tanto que de tener otra oportunidad la mayoría se alinearía detrás de un candidato menos provocativo. Las figuras más eminentes del PJ están procurando acercarse a De la Rúa y el poder relativo del ex presidente Carlos Menem se ha reducido hasta tal punto que corre peligro de terminar aislado. Asimismo, como el propio Barra acaba de descubrir, muchos peronistas entienden muy bien que es francamente ridículo que el máximo responsable de controlar los actos del gobierno, trátese del actual o del anterior, sea un personaje que ha participado en tantas contrataciones cuestionables, en algunas ocasiones como operador gubernamental y en otras, del otro lado del mostrador como asesor de empresas privadas. Si bien es de suponer que Barra estaría en condiciones de brindar mucha información confidencial sobre los acuerdos que se firmaron durante la larga gestión menemista, por razones evidentes dista de ser la persona apropiada para investigarlos.
El único que se ha resistido a entender esta realidad manifiesta ha sido, cuando no, Barra mismo, de ahí su voluntad de encabezar la investigación de las presuntas irregularidades atribuidas a María Julia Alsogaray, pero al probarse los diversos vínculos no meramente personales sino también profesionales del jurista con la «emblemática» ex funcionaria no le quedó otra alternativa que la de excusarse, afirmando que «me lo impone la ley», declaración que revela que en su opinión no existían motivos éticos que le impidieran considerarse el indicado para encargarse del trabajo.
Dadas las circunstancias, su actitud puede entenderse. Si realmente le importaran a Barra los interrogantes éticos planteados por su presencia a la cabeza de la Auditoría, nunca se le hubiera ocurrido tomar en serio la propuesta, que en un primer momento fue considerada un chiste de pésimo gusto del ex presidente Menem, de que se convirtiera en jefe de los guardianes de la moral gubernamental, papel que debería haber correspondido a un peronista de reputación intachable sin conexión alguna con los escándalos que con tanta frecuencia se produjeron en el transcurso de los diez años que ocupó la Casa Rosada. Sea como fuere, es de prever que en los meses próximos surjan muchos otros asuntos frente a los cuales Barra se vea obligado a dar un paso al costado a causa de las funciones que cumplía cuando era un miembro destacado, muy apreciado por su capacidad para formular planteos jurídicos inverosímiles, del gobierno menemista.
Como no pudo ser de otra manera, muchos dieron por descontado que Barra fue nominado por tres motivos: uno, que por tratarse de una persona que tuvo que renunciar al difundirse detalles de su pasado filonazi, su presencia serviría para desprestigiar por completo a la Auditoría; dos, que desde el puesto le sería fácil frustrar cualquier intento de investigar lo hecho por integrantes de un gobierno que los más creen fue fenomenalmente corrupto; y tres, que pronto podría confeccionar acusaciones contra el gobierno de la Alianza que, por extravagantes que resultaran, tendrían una base jurídica lo suficientemente impresionante como para hacer pensar que en el fondo su actuación se asemejaría a la de su antecesor. Sin embargo, por lo pronto su aporte a la estrategia menemista de mejorar la imagen propia salpicando la de su sucesor ha sido decididamente escaso. Mientras que los colaboradores de De la Rúa no le han brindado ninguna oportunidad para acusarlos de nada, la ofensiva legal contra el titular del PAMI, Víctor Alderete, ha proseguido sin contratiempos y la dirigida contra María Julia Alsogaray ha podido mantenerse.
