El hotel Pilmayquén debe volver a los trabajadores






Fue comprado con fondos de aportes previsionales, para la recreación de los trabajadores estatales. Hoy, sirve como sede central del Poder Judicial de Bariloche.


El 22 de junio de 1967, hace 54 años, la Caja de Previsión Social de Río Negro adquiere mediante licitación pública el Hotel Pilmayquén en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

En el año 1968, durante el gobierno militar de facto conducido por el comodoro (R) Luis Homero José Lanari (1966-1969) y con el acompañamiento y control de un Consejo Asesor Gremial, la Caja de Previsión Social concretó en Río Negro un audaz e inédito programa de acción comunitaria.

El mismo contemplaba la creación de la Obra Médico Asistencial (OMA), hoy Ipross, con asistencia médica integral para los servidores estatales; varios planes de vivienda adaptados a las necesidades reales del afiliado; una amplia cartera de préstamos para cubrir necesidades y contingencias del afiliado y su familia y un ambicioso programa de turismo social que permitiera disfrutar con su grupo familiar las merecidas vacaciones del empleado público provincial.

Otro logro del Consejo Asesor Gremial fue que en el año 1967 el Consejo de Administración de la Caja de Previsión Social aceptó la sugerencia de realizar inversiones en tierras para evitar la especulación. Se adquirieron grandes parcelas de tierras en Viedma y en otras localidades de la provincia por un monto de 102.153.736 de pesos con destino a la adquisición y/o construcción de viviendas para los trabajadores estatales de Río Negro.

El 22 de junio de 1967 se adquiere mediante licitación pública el Hotel Pilmayquén en Bariloche. El costo total del inmueble fue de 133.000.000 de pesos moneda nacional. Está ubicado frente al lago Nahuel Huapi y tiene un total edificado de 2.800 metros cuadrados.

El día de la escrituración, el presidente del organismo provisional, Otto Garmaz, afirmó: “Hemos anunciado la concreción de una serie de actividades que estarán destinadas a beneficiar a los auténticos dueños del Hotel Pilmayquén, los empleados públicos de Río Negro y su familia. Ellos con sus aportes conforman un salario diferido que en este caso especial sirve para la adquisición del hotel y también para que cada afiliado cumpla con el deseo de obtener su vivienda propia a través de los diversos planes que junto a los gremios estatales pusimos en ejecución”.

La familia estatal pudo maravillarse con los pintorescos paisajes barilochense, disfrutar de las actividades en las pistas de nieve, deleitarse en el amplio comedor con vista al lago y compartir las exquisiteces que presentaba el concesionario a la hora del desayuno, el almuerzo y la cena.

Hoy, la realidad nos muestra que el hotel Pilmayquén, comprado con dineros de los trabajadores estatales, sirve como sede central del Poder Judicial de Bariloche.

La jerarquía de la magistratura jurídica que percibe los salarios mayores del presupuesto provincial y goza de privilegios insultantes, como el de percibir el 82 por ciento cuando se jubilan; la feria chica y la feria grande; el computo por antigüedad desde el momento que se reciben de abogados y no se les descuenta el Impuesto a las Ganancias. Para graficar este inhumano disparate es preciso indicar que un magistrado judicial recibe actualmente un salario mensual cercano a los 400.000 pesos, mientras que personal de Salud Pública, que lucha denodadamente por evitar muertes en esta pandemia recibe aproximadamente 50.000 pesos. Estos trabajadores tienen que trabajar ocho meses para atesorar los 400.000 pesos que la magistratura jurídica percibe cada treinta días.

Puede sostenerse la esperanza de que algún el gobierno provincial, con el impulso de Juan Carlos Scalesi de (UPCN) y de Roberto Aguiar de (ATE) y un parlamento con coraje y dignidad republicana, repongan a sus auténticos dueños el inmueble hotelero de Bariloche.

No se pretende desalojar a los integrantes del Poder Judicial de Bariloche. El pedido de restauración tiene que contemplar la reubicación de los empleados públicos de ese sector de la administración pública provincial en otro edificio provincial.

Como sugerencia particular sería sensato que la jerarquía del Poder Judicial, que ahora desde sus oficinas o despachos tiene a su vista el Lago Nahuel Huapi, debería instalarse en la sede de un Palacio Judicial con un moderno y confortable edificio, ubicado en el barrio más pobre y humilde de Bariloche.

Consideramos que los magistrados tienen que integrarse a la sociedad civil y tener pleno y verdadero contacto con el pueblo. Así se podrán enterar de que en muchos rincones de la patria hay lacerantes injusticias sociales, miseria, pobreza, hambre, desocupación y doliente postergación. Solamente así podrán revertir el profundo y aquilatado desprestigio que tiene ganado en la mayoría de la población argentina sobre su pobre y perezosa gestión.

Los gremialistas de todos los gremios estatales y municipales deben recordar que los trabajadores unidos no son un partido político, “son la conciencia nacional que se despierta ante el autoritarismo y el atropello. Las luchas sindicales tienen como único objetivo reafirmar los derechos laborales y constitucionales del pueblo trabajador”.

* Periodista de Viedma y ex Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos de Río Negro.


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