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El laberinto inflacionario



Si el ministro de Economía, Axel Kicillof, esperaba apaciguar a los sindicalistas modificando el régimen de Ganancias para beneficiar un poco a quienes cobran entre 15.000 y 25.000 pesos mensuales, ya se habrá dado cuenta de que el anuncio en tal sentido no le sirvió para reconciliarse con ellos. Sin excepciones, lo tomaron por una señal de debilidad, para entonces comprometerse a seguir presionando al gobierno para que abandone la idea de limitar los eventuales aumentos salariales al 25% que, según los voceros oficiales, sería suficiente como para permitirles a los trabajadores conservar el poder adquisitivo al que se han habituado. Algunos sindicalistas, los más vehementes, aprovecharon la oportunidad para calificar a Kicillof de “gorila de la ultraizquierda” por afirmar que “lo que la gente paga en Ganancias el gobierno lo devuelve en subsidios y en programas sociales”, mientras que “lo que se descuenta de cuota sindical va a parar al bolsillo de los sindicalistas”. Tendrá razón el ministro, pero dadas las circunstancias le hubiera convenido dejar para otro momento sus alusiones al sistema corporativista que fue construido por el peronismo. De todos modos, si bien Kicillof se resiste a entenderlo, está procurando manejar una economía que es mucho menos productiva, y por lo tanto mucho más pobre, de lo que está dispuesto a admitir. No es el primer ministro de Economía nacional que se encuentra en tal situación, y resulta poco probable que sea el último; comparten la misma ilusión los sindicalistas, la mayoría de los políticos opositores y casi todos los habitantes del país. Aunque parecería que todavía hay un consenso a favor de que el Estado ayude a los más pobres, pocos quieren aportar más a los costos de hacerlo, que son muy altos, de ahí la rebelión en contra del impuesto a las Ganancias. A juicio de casi todos, les corresponde a otros –el campo a través de las retenciones, los empresarios, la “patria financiera”, el mundo– encargarse del asunto pero, huelga decirlo, no es tan fácil como quisieran creer. Puede que Kicillof mismo haya comenzado a sospechar que el gran problema de la Argentina es la convicción generalizada de que resulta mucho más rica de lo que es en verdad, pero a esta altura se siente sin más alternativa que la de continuar embelleciendo las estadísticas en un esfuerzo inútil por ocultar la dura realidad. La inflación crónica que nos asuela desde mediados del siglo pasado se debe a la voluntad generalizada de no sólo creer que el país posee recursos de sobra sino también de actuar en consecuencia. Todos los intentos de frenarla se han visto frustrados por la resistencia de los políticos a respetar los límites. Como una persona obesa que supone que para solucionar los problemas ocasionados por el sobrepeso le sería suficiente encorsetarse, en los años noventa el país probó suerte con la convertibilidad, pero andando el tiempo se dio cuenta de que el esquema le resultaba insoportable. Sin embargo, parecería que el gobierno kirchnerista aprendió muy poco de aquella experiencia; en vez de atribuirla a la falta de disciplina financiera y al endeudamiento excesivo, optó por culpar a la “ortodoxia neoliberal” y, a base de dicha conclusión, por reincidir por enésima vez en los errores del pasado. Aunque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los militantes que la respaldan se han acostumbrado a tratar el estallido de la convertibilidad como una catástrofe sin precedentes, merced a sus esfuerzos la Argentina se encuentra nuevamente en una situación parecida a aquella de los años anteriores a la decisión de, en efecto, dolarizar la economía por entender que sería mejor no confiar en la capacidad de los líderes políticos nacionales de defender el valor de la moneda. Puesto que Kicillof no se ha propuesto combatir la inflación, les tocará a sus sucesores tratar de hacerlo. Como tantos otros a través de las décadas, voceros de los distintos equipos económicos reclutados por los presidenciables están hablando de los méritos del “gradualismo”, lo que hace prever que los resultados de sus esfuerzos serán tan decepcionantes como los conseguidos por una larga serie de gobiernos que eligieron tratar de convivir con el fenómeno que tanto daño ha hecho al país por miedo a los costos políticos que tendría un esfuerzo genuino por eliminarlo.


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