El municipio de Bariloche busca salidas a la encrucijada económica

Tal como ocurre en todos los niveles del Estado, el freno abrupto de la actividad económica estremeció las cuentas del municipio, que debió revisar a la baja sus previsiones de ingresos y diseñar también nuevas herramientas para afrontar la emergencia. Estas últimas fueron presentadas por el intendente Gustavo Gennuso a mediados de junio y aprobadas por el Concejo con premura la última sesión, ante el avance indetenible de la crisis.

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Los recursos extra surgirán de una moratoria amplia para quienes acumulen impagos por tasas, multas y otras obligaciones, un plan de facilidades para el pago adelantado, más un endeudamiento extrabancario de casi 50 millones de pesos, facilitado por el gobierno nacional.

Gennuso y su equipo de Hacienda esperan aplicar ese dinero a la atención de los compromisos más acuciantes, como el pago de salarios, la ampliación de la ayuda social y la prestación de servicios.

Si bien ya van cuatro meses de cuarentena, el municipio hasta ahora no incurrió en atrasos salariales, pagó el término el aguinaldo y también cumple con los proveedores con una dilación que no supera los 60 días.

Pero el equilibrio no está garantizado, la caída de la recaudación en el último mes se acercó al 70% respecto de lo estimado, y lo que más preocupa a los planificadores es que ese estrangulamiento de los ingresos no se resolverá en el corto plazo.

En el mejor de los casos la recaudación empezaría a normalizarse a partir del próximo verano. La tasa de Inspección, Seguridad e Higiene, que es el termómetro más fiel de la actividad económica local, suele tener cada año como principal impulso la temporada turística de invierno, que este año será nula.

Los efectos ya se sienten, pero serán mucho más traumáticos a partir de septiembre próximo, cuando debería ingresar el tributo por la facturación declarada en julio. La estimación gruesa da cuenta de que la ciudad -por la reducción a cero del flujo de visitantes- perderá ingresos globales este año por no menos de 9.000 millones de pesos. Y el municipio lo sentirá en la parte que le toca.

Aun así la situación de las cuentas públicas está lejos de tocar fondo. La masa salarial neta mensual (sin cargas sociales) es de 110 millones de pesos y el gasto en asistencia alimentaria y otros programas sociales ronda los 50 millones mensuales. El municipio afrontó esas exigencias sin tropiezos y también mantiene la regularidad en la compra de combustibles y otros insumos básicos para la recolección de residuos, el mantenimiento de calles, limpieza de pluviales y otros servicios de alta sensibilidad comunitaria.

Si pudo sostener ese ritmo sin incumplimientos fue por la previa constitución de reservas en plazo fijo, En Hacienda prefieren no hacer referencias explícitas sobre el tamaño de ese salvavidas, pero desde el Soyem descuentan que allí está la explicación del pago de salarios sin sobresaltos.

Entre la holgura y las precauciones

El secretario general del gremio de municipales, Ernesto Losert, señaló como un indicador significativo el 60% de aumento en la planta política que dispuso Gennuso desde diciembre pasado, cuando inició el segundo mandato, y que no redujo a pesar del colapso de los ingresos.

Otro punto subrayado por Losert es que el municipio, aun en plena pandemia, atiende las obligaciones salariales sin apelar al endeudamiento bancario. Los giros en descubierto -con un alto costo en intereses- fueron un recurso habitual durante largo tiempo, pero Gennuso los erradicó hace un par de años y mantiene cerrado ese grifo aun en pleno declive recaudatorio.

“El municipio no está mal, siempre lo hemos dicho”, aseguró el dirigente gremial. Sin embargo la magnitud del problema que se avecina obligó a replantear estrategias. “Es un nuevo mundo y hace falta un nuevo contrato social”, opinó Losert.

La presidente de la comisión de Economía del Concejo, Claudia Torres (Juntos), coincidió en cierta forma al decir que la caída estrepitosa de la recaudación, que cifró en el 70%, no puso en riesgo los pagos porque “hay una buena gestión”. Sin embargo dijo que la parálisis de la economía se extendió más de lo previsto en un principio y “la situación apremia”.

Torres afirmó que la llamada “regularización” de deudas ofrecida a los contribuyentes, así como el endeudamiento, y la venta de tierras fiscales (no aprobada todavía) están pensados para evitar problemas a futuro y no depender tanto de la tasa TISH, que va a tardar en recuperarse. “El municipio no puede quedar de brazos cruzados y hay que dar respuesta los vecinos que piden ayuda -señaló-. No estamos tan asfixiados, pero a esta altura creíamos que íbamos a estar saliendo y todo se demora. Lo que aprobamos son herramientas para anticiparse”.

El paquete y sus alcances

Por el crédito que intermedió la provincia ante Nación, el municipio recibirá 49,3 millones de pesos y deberá devolverlo mediante descuentos de coparticipación a partir de enero próximo, en 36 cuotas mensuales. Las condiciones financieras, según lo pactado, se componen de una tasa de 0,10 % nominal anual y una actualización del capital por coeficiente CER.

La moratoria o “regularización” ofrecida a los deudores tributarios prevé quitas de hasta el 50% para quienes se pongan al dia en una cuota y el beneficio se reduce a medida que estiran los planes de pago. También hay una oferta para abonar la tasa de Servicios adelantada de todo el año próximo a valores actuales. Los ingresos de esa convocatoria empezarían a notarse entre septiembre y octubre y, según Gennuso, el municipio espera recaudar un extra de 200 a 300 millones de pesos, es decir “un 10% de lo que está en la calle”, como incumplimiento global acumulado de los contribuyentes.

Para Losert, el plan tiene sus contraindicaciones porque -como cualquier moratoria- desalienta el pago en término de quienes esperan a futuro otros planes similares. La advertencia que suelen incluir los gobiernos para quienes no se acogen (la inmediata acción de cobro por vía judicial) está ausente en este caso.

Algunos números

La ejecución presupuestaria publicada por el municipio da cuenta del impacto de la caída de ingresos. Las cifras de mayo son las últimas disponibles y hasta ese mes los ingresos “de jurisdicción propia” apenas llegaban a los 665 millones de pesos, cuando el presupuesto anual es de 2.346 millones. Es decir, un 28,3% ya recibido, con la imposible de cobrar otro 72% en lo que resta del año.

La tasa de Servicios es la que menos sufrió porque registró un importante ingreso por pago anual hasta el 28 de febrero, justo cuando comenzaron los efectos de la pandemia. Pero la TISH que pagan los comercios y empresas de acuerdo a sus ventas declaradas sí da cuenta de un “agujero” significativo. En mayo la recaudación fue de 29,1 millones, similar a la de abril de 2019, cuando sólo por efecto de la inflació debió estar un 50% por arriba.

La misma caída se observa en la recaudación de otros tributos como los derechos de construcción (que a mayo ingresaron sólo 5,9 millones con una meta anual de 17,7 millones) o los derechos de oficina (11,7 millones contra un anual de 68,3 millones). Mejor cumplimiento registro el impuesto a los inmuebles libres de mejoras, que tiene un objetivo de recaudación para este año de 68,3 millones de pesos y a mayo llevaba aportados 32,2 millones

La coparticipación provincial se cayó en paralelo con el resto de la recaudación. Hasta mayo el municipio recibió 472,2 millones, cuando el estimado para todo el año es de 1.072 millones.

La intención inicial para esta nota fue evaluar datos y perspectivas con el secretario de Hacienda, Diego Quintana, pero resultó imposible contactar al funcionario.

Un día de gastos

Para tener noción sobre la dinámica del gasto municipal basta con revisar las órdenes de pago aprobadas por resolución, que el Ejecutivo emite de a decenas por semana.

El último viernes, por ejemplo, la municipalidad validó facturas de proveedores por un total de 11.423.000 pesos, todas relacionadas con la compra de alimentos para los “módulos” que Desarrollo Social distribuye en los barrios, artículos de limpieza y combustibles para garantizar la movilidad de máquinas y camiones.

El detalle revela que hay un pago para la distribuidora mayorista Puelche por 3,4 millones de pesos, uno para Frigorífico Soria (carnes) por 154 mil pesos, otro de Rossi y Rossi SRL (alimentos) por 1.161.000 pesos, dos facturas para Nueva Distribuidora Patagonia (alimentos) que suman 3.616.000 pesos, otras cuatro de Chitchian SA (combustibles y lubricantes) por 2.003.000 pesos, una de Superclin (limpieza) por 983.000 y dos de importes menores en favor de Jorge González (frutas y verduras) por 78.000 pesos y Franzé (sepelios) por 28.000 pesos.