El municipio de Bariloche mantiene su ofensiva judicial contra las tomas
El Gobierno local tras haber retirado las acciones penales por ocupaciones ilegales, volvió a denunciar una toma. El titular del Instituto de Tierras habló de "aprietes" para bajar las causas.
La Mesa de Tierras recordó que el presidente anterior del IMTV, Javier Giménez, había comprometido un “plan de acciones” con el Consejo Social de Tierras. Foto: archivo
A pesar de que se comprometió en forma pública a retirar las denuncias anteriores, el municipio de Bariloche volvió a llevar a la Justicia penal la semana pasada una demanda por la ocupación de tierras fiscales.
La última toma se registró hace diez días en un terreno del barrio San Francisco IV que tenía destino de plaza, según lo señalado por el presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas José Mella. Participarían una diez familias.
Mella confirmó que presentaron la denuncia penal por la usurpación, “porque es lo que corresponde”. Esa decisión contrasta con los dichos del vicepresidente del Instituto de Tierras, Nicolás Pedernera, quien en la última reunión del Consejo Social de Tierras, realizada el 14 de marzo, aseguró que el municipio retiraría las denuncias existentes.
La decisión fue celebrada en aquel momento por varios participantes de las tomas y las organizaciones sociales que los acompañaban en la reunión.
Mella dijo que en realidad ese día Pedernera recibió “un apriete muy fuerte”. A su juicio “la cuestión se politizó mucho” y a pesar de aquel acuerdo el municipio “está obligado a denunciar” cuando se produce una toma.
Insistió así con la conducta que provocó el conflicto con los ocupantes y la discusión con Pedernera.
El titular del instituto informó que la nueva toma involucró un terreno ubicado sobre la calle Miami y la causa está en manos de la fiscal Betiana Cendón.
Aseguró que en los casos anteriores el municipio presentó escritos en los que desiste de la acción, como prometió Pedernera, “porque la gente quedó identificada y ya no tiene demasiado sentido”. Pero aclaró que “la fiscalía está obligada a continuar las causas de oficio, porque hay constancia de un delito”.
Según Mella, el gobierno municipal “no tiene intención de que pongan preso a nadie, y la voluntad de consensuar siempre está”, pero no van a avalar ninguna ocupación.
La concejal opositora Julieta Wallace presentó junto a sus pares del Frente de Todos y el PUL un proyecto de ordenanza para que el municipio declare la emergencia habitacional, implemente la adjudicación inmediata de 500 lotes sociales y aplique un fondo de 100 millones de pesos para dar solución a la demanda más acuciante.
Consultada por este diario dijo que no están lejos de algunas ideas también expuestas por el intendente Gustavo Gennuso. Pidió también que se reactiven viejos loteos sociales inconclusos y señaló que los 100 millones podrían salir “de una reestructuración de partidas”.
Mella dijo que “parece fácil, pero no aclaran qué partidas van a recortar ¿van a dejar sin recursos a los centros infantiles? ¿van a bajar los sueldos?”.
Señaló que el instituto también tiene un programa para generar 300 lotes sociales “en forma rápida” mediante la venta de algunas tierras municipales “de valor comercial”. Aseguró que va a ser presentado “dentro de poco”.
Wallace aclaró que la demanda insatisfecha es mucho mayor y que Bariloche “necesita al menos 10 mil soluciones habitacionales”.
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