El nuevo censo que pone en alerta a los latinos en Estados Unidos

La inclusión de una pregunta sobre sobre ciudadanía es eje de una dura pugna política y judicial. Comunidad latina teme que se los invisibilice y quiten beneficios. El Tribunal Supremo evalúa por estas horas el plan de corte nacionalista del presidente Trump. Es clave por reparto de 700.000 millones en subsidios federales.





El Tribunal Supremo de EE.UU. evalúa por estas horas el plan del presidente Donald Trump para incluir una pregunta sobre ciudadanía en la encuesta del censo de 2020, visto por varias ONG como un intento por invisibilizar a la comunidad latina e impedirle el acceso a beneficios económicos.

Los nueve magistrados del máximo tribunal de EE.UU. (cinco conservadores y cuatro progresistas) estudiaban ayer el tema, aunque no se espera un fallo hasta junio de este año.

El tema parece puramente técnico, pero sus implicancias son enormes: el censo, que debe hacerse cada diez años según la Constitución , es clave para el reparto de unos 675.000 millones de dólares en subsidios federales y para asignar a cada estado un número de escaños en la Cámara de Representantes.

“Tres cortes federales determinaron que la inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía viola la ley federal”.

La postura de la Asociación de Funcionarios Latinos.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, anunció en marzo de 2018 la reintroducción de una pregunta sobre la nacionalidad, abandonada hace 60 años para el censo de 2020.

Esta decisión suscitó inmediatas protestas de los demócratas y defensores de los inmigrantes, para quienes esa pregunta intimidará a los extranjeros en situación irregular y podría generar una subestimación de la población de los estados que albergan mayor número de inmigrantes, generalmente dirigidos por los demócratas.

Una veintena de estados, como California o Nueva York, y numerosas grandes ciudades, entre ellas san Francisco y Chicago, denunciaron el nuevo censo.

Un juez federal de Nueva York les dio razón en enero en un fallo en el que considera que Wilbur Ross “no tuvo en cuenta en su propuesta importantes aspectos” del problema y “actuó irracionalmente”.

Otros dos tribunales, de California y Maryland, se pronunciaron posteriormente en el mismo sentido.

El gobierno de Donald Trump solicitó entonces a la Suprema Corte que interviniera de manera urgente.

La máxima instancia judicial aceptó y escuchará los argumentos del gobierno y de sus detractores, incluida la Cámara de Representantes, controlada desde enero por los demócratas.

Castigo para estados con más inmigrantes

La oficina del censo le había además advertido a Wilbur Ross a comienzos de 2018 sobre las consecuencias negativas de su idea para reintroducir en el censo la pregunta sobre nacionalidad. Sus expertos estimaron entonces en al menos 1,6 millones de personas que se abstendrían de participar en el censo si se les preguntara por su nacionalidad.

Luego revisaron esos cálculos y elevaron la cifra a 6,5 millones de personas, sobre una población total de 320 millones, según documentos judiciales presentados a la Corte.

La poderosa asociación de defensa de los derechos civiles ACLU denunció un “subterfugio” destinado a “cubrir el verdadero objetivo” del gobierno, es decir “reducir el peso político de las comunidades atacadas por la administración Trump desde su llegada al poder”.



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