El otro blindaje para Vaca Muerta: el bloqueo a las empresas golondrina

La amenaza de un aluvión de pymes foráneas hacia Vaca Muerta despertó una incómoda situación para el establishment empresario neuquino. El gobierno tomó nota y si bien reconoce que hay rubros que la provincia no puede satisfacer al 100% deja en claro que no quiere compañías que se “manejen con control remoto”.

La advertencia cosechó el apoyo del sindicato de Petroleros Privados y de la novel Federación de Cámaras del Sector Energético Neuquino. Entre los tres levantan un muro a las pretensiones de los gobiernos de Santa Fe y Buenos Aires que apuntalan a sus empresas mirando los desarrollos no convencionales. El mensaje sonó tan alto que el ministro de Producción bonaerense, Javier Tizano, consultado por “Río Negro” prefirió no hacer declaraciones sobre el tema.

Ninguno de los actores desconoce la realidad de las empresas neuquinas. Pero agregan que sí conocen los costos sociales de operar en la región.

Neuquén tiene, según el último relevamiento oficial, 7.396 pymes activas de las cuales nueve de diez son “micro” o “medianas” es decir que facturan entre 3 y 75 millones de pesos al año, en una provincia con inversiones que superan los 5.000 millones de dólares.

La mitad de las pymes neuquinas se inscriben en el rubro servicios y se llevan un tercio de la facturación, mientras las anotadas en comercio son el 28,3% de las pymes y venden el 46%. El resto de la facturación se reparte en 8,9% construcción, minería 5,8% y el sector agropecuario apenas 1,2%.

El ministro de Producción de Neuquén, Facundo López Raggi, reconoció que existe un déficit para cubrir toda la cadena de valor de la industria petrolera local pero también defendió que existen rubros que son muy competitivos.

En este punto, la Ley de Compre Neuquino resulta un obstáculo que buscan flexibilizar con la radicación de las compañías y modificando la exigencia de tres años de residencia.

Consultado sobre la relación con otros gobiernos, el funcionario insistió en la creación de un sello institucional para vincular los intereses a través de un protocolo. Buscan posicionarse como los difusores oficiales de las necesidades y articulaciones para Vaca Muerta. “Nos ocurre que vienen empresas, licitan con las operadoras sin conocer la región y después tiene que pedir reajustes y los contratos terminan igual o más caro que con las firmas locales”, explicó.

Sin embargo, la protesta de la Uocra, que esta semana bloqueó el transporte petrolero, desató un Lado B de este blindaje a la cadena de valor local. El sindicato denunció que la contratista Edvsa encargó en Santa Fe trabajos que se podrían hacer localmente y que eso afecta la mano de obra local.

En ese reclamo entran en consideración varios aspectos que no todos los actores parecen dispuestos a discutir. Las operadoras presionan para reducir costos y esos márgenes son cuentas que las contratistas también buscan diluir. El costo neuquino difícilmente puede competir contra el de provincias más industrializadas como Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires.

Lo mismo ocurre con otros dos aspectos como la especialización de trabajos y, finalmente, con el momento de Vaca Muerta donde la mano de obra no calificada comienza a tener menos demanda por la especificidad del desarrollo de los proyectos.

Todos estos ingredientes son los que se baten en la coctelera también del Compre Neuquino, donde se busca sacar un trago lo menos amargo posible para la cadena de valor local más atada a los hidrocarburos convencionales que a la actual.

“No buscamos cerrarle las puertas a nadie. Entendemos que el crecimiento viene de la competitividad y las asociaciones, lo que queremos es que haya información clara”, sintetizó Claudio Uribe, representante de la Federación de Cámaras del Sector Energético Neuquino.

El empresario neuquino describió que ítems como la zona patagónica y las especificaciones que tienen los convenios colectivos de trabajo en la industria petrolera y en la Patagonia en general suman costos que muchas veces no son tenidos en cuenta por los empresarios de otras regiones.

“Nos ocurre que vienen empresas y ganan contratos por dos años y a los seis meses se van porque no tuvieron en cuenta un montón de cosas que nosotros conocemos y dejan familias sin trabajo o deudas con proveedores que perjudican a toda la cadena”, puntualizó Uribe.

Reconoció que la idea de crear un sello institucional para generar vínculos de primera mano es una estrategia acertada. “Nos parece una buena propuesta para que todos podamos compartir las particularidades de nuestra industria. No será inmediato, pero es el camino correcto”, finalizó.

La historia regional marca una serie de enclaves, precisamente, con un diferencial en cuanto a los costos.

El caso de las industrias electorintensivas como ocurrió con Indupa es un claro ejemplo. Producía productos de policloruro de vinilo y se amparó en el precio de la electriciad. En los 90 se terminó la diferenciación y la empresa se mudó. Dejó a un pueblo sin su fuente de trabajo.

El apoyo estatal inicial y constante es la base que se debe trabajar para planificar la sustentabilidad.

En el valle inferior del río Negro se planificó un enclave productivo que, a poco de ponerse en marcha, tumbó por la ayuda selectiva que hubo desde el mismo Estado.

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