El país entra en un nuevo default pero siguen las negociaciones

Cuenta la mitología griega que el rey Sísifo fue uno de los personajes más astutos de su época. Pero su carácter se completaba de una gran avaricia y poco sentido de la responsabilidad. Esto lo llevó a enfrentarse con el todopoderoso Zeus, quien lo terminó condenado al inframundo. Sísifo es reconocido en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad por su castigo: empujar cuesta arriba por una montaña una piedra que, antes de llegar a la cima, vuelve a rodar hacia abajo, repitiéndose una y otra vez el frustrante proceso.

La historia del endeudamiento público de la Argentina tiene algo de este mitológico y profundo concepto. Pareciera ser un trabajo duro que debe de hacerse una y otra vez. Algunos estudios señalan que, en los poco más de 200 años de vida del país, se formalizaron cinco reestructuraciones de deuda en forma unilateral, quebrantando una y otra vez lo firmado originalmente con sus acreedores. Otra bibliografía lleva hasta nueve los casos de incumplimientos.

Hoy la Argentina no respetará sus compromisos e ingresará, una vez más, en default. Vencen pagos por algo más de 500 millones de dólares, en concepto de intereses de títulos colocados en el exterior, sobre los que el Gobierno ya anticipó no podrá hacer frente.

En estas condiciones, las distintas calificadoras internacionales pondrán al país, como ya se hizo en otras ocasiones, en lo que se denomina “default técnico”. Pero la administración Fernández espera que esto no tenga efectos reales sobre la economía, ya que está acordado entre las partes –o por lo menos con la mayoría de los fondos tenedores de estos títulos– continuar con las negociaciones buscando cerrar un acuerdo en las próximas semanas.

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Desde los pasillos del Ministerio de Economía aseguran que antes del fin del semestre “tendremos los lineamientos del acuerdo que llegará el Gobierno con los acreedores”.

Sin embargo, independientemente del optimismo oficial, el problema es si este escenario de default selectivo lleva al país a un nuevo litigio internacional, ya que no todos los tenedores de bonos están de acuerdo con las ofertas que está planteando el Gobierno. Si esto llegara a ocurrir, el ambiente de la negociación se complicaría y el tratamiento de la deuda no sería global sino sectorial. Un dato que no termina de convencer del todo al mercado.

Para poner el tema en contexto, es importante mencionar que la deuda bruta de la Argentina alcanzó al cierre del 2019 los 323.000 millones de dólares. Los inversores privados concentraban 133.000 millones, y de esta cifra cerca de 67.000 millones corresponden a bonos emitidos en moneda y legislación extranjera, que son los que hoy están en proceso de reestructuración. En el estado en que están actualmente planteados los vencimientos, durante el período 2020-2021, por el simple pago de capital e intereses a los acreedores, el Gobierno debería desembolsar alrededor de 57.000 millones de dólares. Un valor imposible de enfrentar.

En su reciente presentación ante los bonistas, el ministro Guzmán estimó que, sin una quita de capital e intereses y sin aplazamientos sobre el total de los pasivos (en moneda local y extranjera), el país debería enfrentar entre el 20% y el 23% de su Producto Bruto Interno (PBI) para cumplir sus compromisos con los acreedores. Otra forma de decir que la deuda es impagable.

En opinión del Fondo Monetario Internacional (FMI), hoy un aliado del Gobierno nacional, Argentina solo está en condiciones de dedicar al pago de la deuda hasta un 5% de su PBI. Argumenta esta posición aludiendo que se trata de una economía en recesión desde abril de 2018 y que este año sufrirá una nueva contracción, estimada por la institución de Washington en torno al 6% anual.

Claramente el escenario está muy lejos de ser el ideal. Con los ingresos golpeados por la caída de la economía, el presupuesto va camino de un déficit primario, es decir, previo del pago de los intereses de la deuda, en torno del 4,5% del PBI para este año. Paralelamente el Banco Central proyecta emitir hasta el tercer trimestre del año más de un billón de pesos para mantener parte de la economía funcionando, lo que seguramente impactará sobre la inflación, que ya está superando el piso del 40%.

Pero pese a todo esto, el Gobierno dejó en claro que tampoco quieren cerrar las puertas a la negociación. El ministro Guzmán originalmente planteó un modesto recorte del 5% sobre el capital y una quita del 62% del pago de intereses, cuyos pagos comenzarían siendo del 0,5% en 2023 llegando a un máximo de poco menos del 5% en 2029. Con este plan, la administración Fernández busca ahorrar algo más de 40.000 millones de dólares durante las casi tres décadas en las que estén circulando los nuevos bonos en el mercado.

Los tenedores quieren llevar esa cifra a no más de 20.000 millones de dólares anticipando intereses, mayores tasas y pagos futuros por los períodos de gracia solicitados por la parte deudora.

Entre el ahorro que pretende lograr el Gobierno y lo que quieren dejar de ganar los acreedores estará finalmente, de no existir problemas en el medio, el número que cerrará el acuerdo entre las partes.

Los mercados, por su parte, van a estar evolucionando al ritmo de las versiones de los próximos días. En la medida que se acerque a un acuerdo, los activos argentinos tenderán a mostrar una sensible mejora. Para el sector privado, salir del default rápidamente será clave ya que el crédito externo es parte de su matriz de financiamiento.

En el actual contexto de crisis internacional, con tasas negativas y emisión récord de divisas, los tenedores de bonos argentinos no tienen muchas alternativas a las que ya ofrece el gobierno. Es decir, hoy la propuesta oficial sigue siendo atractiva. De ahí que existen posibilidades ciertas de que el país pueda a llegar a lograr un nuevo acuerdo con sus acreedores en el corto plazo.

Pero esto no hay que tomarlo como un logro. Por el contrario, es una nueva derrota que sufre la Argentina en su corta historia económica frente al mundo financiero.

El presidente apuesta a consolidar su liderazgo

La cuarentena impuesta por el Gobierno está dando buenos resultados. Pero no solo en el plano de la Salud. El nivel de aprobación que tiene el presidente Alberto Fernández se ubica por arriba del piso del 75% según distintas encuestas difundidas en las últimas semanas.

Sin embargo, tanto el presidente como el país están ingresando en una fase peligrosa: la presión por atenuar el aislamiento obligatorio está creciendo antes de que la pandemia llegue a su pico. El Gobierno apuesta a través de una histórica emisión monetaria sostener la economía. Pero es consciente de que este esquema no puede sostenerse por mucho tiempo porque los aportes estatales no están compensando el deterioro global que está generando la obligatoriedad de la cuarentena.

Las próximas dos semanas que tiene en frente el presidente Fernández definirán su éxito o fracaso en el método para enfrentar la pandemia. De ahí que también existe un objetivo político para llegar cuanto antes a cerrar el tema de la reestructuración con los acreedores. La firma de un acuerdo consolidará el liderazgo del presidente que hoy está siendo cuestionado por la fracción del kirchnerismo y sus aliados.

El relato del Gobierno mostrará el acuerdo con los acreedores como un nuevo triunfo del pueblo argentino ante el “insensible sistema financiero internacional”. No será significativo para Fernández si son 20.000 o 40.000 millones de dólares lo que dejen de percibir los acreedores en las próximas tres décadas. Lo importante es mostrar un nuevo logro en este frente. Con la pandemia y la deuda bajo control, las posibilidades de un nuevo liderazgo sin condicionamientos estarán a la vuelta de la esquina. Y seguramente para las elecciones del año próximo, el tablero político dentro del oficialismo será muy distinto al que hoy estamos observando.