El peso del pasado

A la Argentina no le queda otra alternativa que la de intentar ser más ortodoxa que otros países.

Por Redacción

Todos los gobiernos argentinos se afirman tan distintos de sus antecesores que sería injusto tomar en cuenta errores cometidos cinco, diez o más años atrás, y el encabezado por el presidente Fernando de la Rúa no es una excepción. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no le ha sido dado liberarse de la historia. Aunque a esta altura es claro que el ministro de Economía José Luis Machinea no tiene la más mínima intención de desatar una catástrofe hiperinflacionaria, sus muchos adversarios siguen acusándolo ya de no haber aprendido bastante de los desastres de la fase final de la gestión del presidente Raúl Alfonsín, ya de estar tan resuelto a no reeditarlos que teme tomar medidas necesarias para poner el país en marcha. Asimismo, durante las negociaciones con el FMI, los voceros del gobierno se vieron en dificultades a la hora de defender el plan de infraestructura con el cual espera «reactivar» la somnolienta economía nacional, no por sus presuntas deficiencias intrínsecas, sino porque los representantes del organismo internacional insistieron en aludir a las «malas experiencias» de otros tiempos. Como si todo esto no fuera más que suficiente, los inversores no han olvidado que durante décadas los conductores de la economía se especializaban en intentar recetas raras, razón por la cual muchos todavía prefieren colocar sus dineros en mercados a su juicio menos azarosos.

Por estos motivos, a la Argentina no le queda otra alternativa que la de intentar ser más ortodoxa que otros países. Cualquier desviación de las reglas aprobadas que se produzca aquí provocaría reacciones decididamente más negativas de las que se darían en Francia o Italia. Puede argüirse que a partir de 1990 los responsables de manejar la economía han obrado mejor que sus equivalentes del Japón, pero mientras que los japoneses siguen disfrutando del prestigio acumulado antes de estallar la célebre «burbuja financiera», la Argentina aún no ha logrado dotarse de un capital similar. Puede que a la larga el ser obligado a hacer buena letra en todo momento constituya una ventaja -al fin y al cabo, como han descubierto los japoneses, los errores y las desprolijidades tolerados suelen traer consecuencias desagradables-, pero esto no sirve de consuelo para quienes creen que ya deberían estar cosechando más beneficios de los esfuerzos del decenio último. Sin embargo, no lo están: aunque De la Rúa es un mandatario mucho más «serio» de lo que fue Carlos Menem, parecería que en opinión de los «mercados» éste sigue siendo considerado más confiable que su sucesor.

Cuando Menem rompió con el consenso populista tradicional, algunos esperaron que el mundo no iba a tardar mucho en dar la bienvenida al hijo pródigo que acababa de regresar a la familia occidental, pero diez años después, las dudas en cuanto a la sinceridad de la conversión del país a la «ortodoxia» imperante persisten, en parte porque en otras latitudes abundan los dispuestos a tomar al pie de la letra las advertencias sombrías formuladas por políticos, sindicalistas y eclesiásticos que aquí inciden poco porque nunca vienen acompañadas por las propuestas concretas que las harían peligrosas desde el punto de vista de los preocupados por la evolución de la economía y por el futuro de sus propias inversiones. Aunque tales manifestaciones no presagien ningún cambio de «rumbo», reflejan el escaso entusiasmo de amplios sectores por el ya emprendido, de suerte que si bien son exagerados los temores de los «mercados», es comprensible que los inversores no se hayan sentido convencidos de que, superada la modorra actual, la economía reanudara el crecimiento que experimentó durante los años que siguieron la puesta en marcha del plan de convertibilidad. Para que modifiquen su actitud, los inversores tanto nacionales como extranjeros tendrán que asegurarse de que por fin la Argentina está tan comprometida con el capitalismo democrático como lo están España e Italia, países en que las protestas ideológicas pueden ser estridentes sin por eso inquietar a nadie. Tal vez no sea justo, pero es evidente que tendrán que transcurrir algunos años más antes de que el resto del mundo llegue a la conclusión de que no hay riesgo alguno de una recaída.