El Poder Judicial librado al azar: ingreso y lotería

Papi, papi, ¡me saqué la lotería! –¡Te felicito, hija! Pero ¿cuándo jugaste? –No, papi, salió mi número: entré al Poder Judicial. Este diálogo podría ser uno cualquiera, en un futuro cercano, entre una joven y su padre en caso de aprobarse el proyecto de ley de la llamada “democratización de la Justicia” en lo que hace al ingreso al Poder Judicial. Pero ¿tener suerte es democratizar la Justicia? El proyecto de ley que regula el acceso al Poder Judicial y los ministerios públicos (001-PE-2013) para el personal de maestranza y oficios y los empleados en el cargo de menor jerarquía consiste en una suerte de examen y, posteriormente, un examen de suerte. Es decir, sólo para acceder al cargo de ordenanza y auxiliar escribiente (o el cargo de menor jerarquía que se encuentre vacante) se requiere aprobar una sencilla prueba y posteriormente salir sorteado en la lotería. Ahora bien, nadie puede estar en contra de que los cargos en el Poder Judicial y/o los ministerios públicos deban ser cubiertos por quienes estén capacitados para ello. Sin embargo, la gran objeción que se puede realizar es la suerte de fortuna que se requiere para el ingreso a la Justicia. El fundamento por el cual se accedería al cargo una vez que se apruebe el examen mediante sorteo es la transparencia. Hay que destacar que los exámenes para esos cargos son muy sencillos y generalmente la lista de inscriptos y aprobados es de un número importantísimo de aspirantes. Sin embargo, este método no promueve eficiencia e idoneidad sino que se orienta a poseer conocimientos mínimos y depender del azar. El propio proyecto fundamenta para el acceso a los cargos letrados que “se prevé la realización de exámenes de oposición y antecedentes con el tradicional orden de mérito, porque la aleatoriedad del sorteo propuesto para el ingreso a los cargos inferiores del escalafón abonaría en detrimento del esfuerzo en la formación profesional y académica de los concursantes”. No se entiende la diferencia, ya que si se busca la excelencia en el acceso a los cargos de juez-fiscal-defensor y a los cargos letrados, ¿por qué no hacer lo mismo para los cargos de menor jerarquía? Si el único argumento es la transparencia, éste cae por su propio peso, salvo que se admita que los concursos para cargos letrados propuestos en ese mismo proyecto no son confiables. Con exámenes anónimos y un buen mecanismo, la transparencia para el acceso a los cargos se encuentra salvada. Y la pregunta que subyace a todo esto es qué tipo de Justicia queremos. Si queremos a las personas más capaces e idóneas para cubrir vacantes, debe realizarse con un procedimiento mediante un orden de mérito donde acceda primero quien haya rendido el mejor examen y así sucesivamente o bien que se realice un mecanismo similar al propuesto para los cargos letrados, donde se pueda elegir un postulante de los que mejor puntaje obtengan. Eso es lo más justo. De esta manera se fomentan el esfuerzo y la capacidad, a diferencia del proyecto actual, que sí va en detrimento de la idoneidad y a favor de la suerte. No hay dudas de que este proyecto en particular tiene nobles fines, pero es necesario modificar la forma de acceso a los cargos de ordenanza y a los de menor jerarquía de la forma propuesta para avanzar a un sistema mejor. No podemos dejar que la función primordial de hacer justicia quede librada al azar, dependiendo el sistema de una lotería. Para mejorar el servicio de justicia se debe valorar la capacidad de los aspirantes a ingresar en ella, eligiendo a los más capacitados, tal como se hace para jueces y cargos letrados. (*) Secretario de la Defensoría Federal de Zapala

PEDRO PUGLIESE (*)


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