El presidente al ataque

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Que el gobierno prefiriera que las empresas eléctricas aceptaran mansamente seguir cobrando las mismas tarifas durante varios años más puede entenderse: una decisión en tal sentido le ahorraría muchos problemas económicos y sociales, sobre todo si descansara en la voluntad -poco probable, es verdad- de las casas matrices extranjeras de subsidiar sus actividades en el país. Sin embargo, en vez de limitarse a intentar convencer a las empresas de que a la larga sería de su interés conformarse con ingresos modestos hasta que la situación económica local mejore, el gobierno ha optado por tratarlas como si fueran entidades manejadas por delincuentes plenamente capaces de extorsionar a la gente cortándole la luz y que por haber sido rentables en el pasado deberían retribuir a sus benefactores soportando pérdidas. Los motivos de la actitud agresiva del gobierno son políticos. Según parece, el presidente Néstor Kirchner cree que por haberle resultado tan provechosos sus ataques furibundos contra personajes o sectores que a su juicio son enemigos del pueblo, le convendría embestir con violencia inusitada contra las empresas privatizadas que, por haber aprovechado las oportunidades que les brindó el gobierno de su adversario Carlos Menem, merecen ser castigadas con severidad.

Aunque es posible que Kirchner haya tenido razón y que la pelea con las compañías eléctricas sí le reporte algunos dividendos políticos, también lo es que sean cada vez más los que se cansen de tanta combatividad contraproducente al darse cuenta la ciudadanía de que un triunfo simbólico presidencial en su pelea con Edenor, Edesur y Edelap podría suponerle a la población del país un sinfín de molestias. Al fin y al cabo, de llegar los empresarios a la conclusión de que lo que realmente quiere el gobierno es obligarlos a retirarse del país para que vendan a un precio vil sus paquetes accionarios a hombres de negocios vinculados con agrupaciones políticas, no tendrían por qué invertir un centavo más en las instalaciones que poseen. En efecto, cuanto más se prolonguen los conflictos que se han desatado, menos tentados se sentirán a arriesgarse apostando al futuro. Asimismo, aun cuando se solucione pronto el problema planteado por el atraso tarifario, la escasa confianza de dichos empresarios en un gobierno que les ha sido visceralmente hostil incidirá en su estrategia hasta que haya terminado su mandato. Lo comprendan o no Kirchner y sus allegados, los costos que le supondrá al país su deseo de complacer a sus simpatizantes enfrentándose con las empresas privatizadas podrían resultar abultados y permanentes, mientras que los beneficios políticos, si los hay, serán a lo sumo magros y, como siempre es el caso, pasajeros.

Desgraciadamente para todos, al comprometerse tanto con “la lucha” contra el sector energético el presidente se las ha arreglado para reducir mucho su propio espacio de maniobra. Aunque entendiera muy bien que será necesario invertir mucho más en infraestructura porque de lo contrario los cortes de luz no podrán sino proliferar en los próximos meses y años, le sería difícil actuar en consecuencia por temor a lo que casi todos tomarían por una derrota política rotunda. No sorprende, pues, que en los días últimos se hayan difundido versiones en torno de una supuesta decisión oficial de suspender un aumento tarifario para grandes consumidores industriales que ya se había pactado.  Asimismo, en vista del clima que se ha creado, al gobierno no le será posible convocar a los empresarios del sector para que colaboren a fin de asegurar que los problemas sean mínimos sin que los eventuales acuerdos sean interpretados como episodios en una larga lucha entre “la gente” representada por Kirchner y empresarios extranjeros siniestros en la que cada beneficio conseguido por estos últimos sea considerado un revés popular apenas tolerable. Y como si esto ya no fuera suficiente, en las circunstancias actuales será virtualmente imposible elaborar una política energética racional, de suerte que es lógico que muchos ya se hayan resignado a un verano lleno de apagones, perspectiva ésta que las afirmaciones de funcionarios como el jefe del Gobierno, Alberto Fernández, en el sentido de que sencillamente no podrán producirse, no han contribuido a hacer menos amenazadora.