El retorno populista

En la Unión Europea se asiste a un resurgimiento de ideas separatistas acunadas desde tiempo inmemorial en algunas regiones. Los casos más emblemáticos los ofrecen actualmente Cataluña en España y Escocia en el Reino Unido. La crisis económica que se abate sobre el subcontinente europeo actúa como disparador de viejos sentimientos adormecidos. El pueblo ha salido a la calle para manifestar su queja por la recesión y no han faltado políticos e intelectuales que han señalado al Otro como responsable de los problemas que los aquejan. Como ya se sabe, éste es un viejo ardid del populismo.

Los antecedentes en Cataluña

La voluntad de una mayor autonomía de los ciudadanos catalanes –que en ocasiones ha bordeado con el reclamo de independencia– data de hace mucho tiempo. En 14 de abril de 1931, el presidente de la Generalitat, Francesc Macià, proclamó “la República catalana como Estado integrante de la Federación Ibérica”. Frente a ese conato de independencia el gobierno de la Segunda República Española lo recondujo hacia la aprobación de un Estatuto de Autonomía mirado con recelo por el estamento militar. Tres años más tarde Lluís Companys, sucesor de Macià, ante una insurrección popular de izquierdas, volvió a proclamar “el Estado catalán dentro de la República Federal Española”. A las pocas horas el Ejército arrestó a Companys y ocupó los edificios oficiales de Barcelona, suspendiendo la aplicación del Estatuto de Autonomía. Como residuo de aquellos intentos, en la actualidad los catalanes independentistas han buscado una fecha simbólica que los exprese. De este modo, cada 13 de septiembre conmemoran La Diada, en recuerdo de la caída militar de Cataluña que se produjo en 1714, hace 300 años.

Este año la celebración independentista reunió a más de un millón de manifestantes.

La Constitución Española de 1978 no pudo conseguir consensuar un modelo autonómico por el desacuerdo de las fuerzas políticas y estableció una fórmula transaccional en virtud de la cual el desarrollo autonómico quedaba librado a la acción futura del legislador. Esto ha dado lugar a un proceso incesante de reclamos de nuevas competencias que en el caso de Cataluña han culminado con la pretensión de la plena autonomía fiscal, siguiendo el modelo del cupo vasco. Según éste, las autonomías recaudarían todos los impuestos y luego cederían una parte (“el cupo”) al Estado nacional como compensación por los gastos de los servicios de relaciones exteriores o de las fuerzas armadas. Una fórmula que ningún ocupante de la Moncloa, cualquiera sea su ideología, podría estar en condiciones políticas de extender a todas las autonomías y que si sobrevive en el País Vasco es sólo por razones históricas (el legendario “fuero vasco”).

La secesión en Escocia

En las elecciones de mayo del 2011 el Partido Nacionalista Escocés (SNP) logró 69 de los 129 escaños del Parlamento Autónomo.

A la vista de esos resultados que les daban una cómoda mayoría, y bajo la dirección de su líder Alex Salmond, formaron gobierno y anunciaron su pretensión de convocar a un referéndum en el 2014 para definir el futuro de Escocia. Aspiran a conseguir la anulación del Tratado de la Unión de 1707, por el que se asociaron Inglaterra y Escocia.

Se estima que la opinión favorable a la independencia es de alrededor del 35%, una cifra inferior al 45% de los votos que consiguió el SNP. Consciente de no contar con suficiente apoyo popular, Alex Salmond ofrece avanzar hacia el autogobierno mientras que Londres pareciera preferir un referéndum con una pregunta clara, sin demoras, confiando en la derrota de las tesis secesionistas.

Las dificultades

Tanto la secesión de Escocia como la independencia de Cataluña permiten imaginar la infinidad de problemas que emergerían.

En primer lugar, habría que abordar la cuestión del quórum exigible para dotar de legitimidad una decisión de semejante envergadura, dado el carácter de irreversibilidad que en principio presenta. En segundo término, habría que pensar en el complejo proceso de negociación que se debería llevar a cabo entre los Estados nacionales afectados y las regiones separatistas para acordar el reparto de los bienes comunes. Y, por último, habría que renegociar la relación de los nuevos Estados con la Unión Europea.

Según el Tratado de la Unión, si una región de un país miembro de la UE declarara unilateralmente su independencia, la Unión Europea no podría reconocerla ni considerarla un nuevo Estado sin aplicar el procedimiento de adhesión en vigor. Para ingresar, el nuevo Estado tendría que someterse a la aprobación unánime de los Estados miembros, imposible de alcanzar si pensamos que el Estado afectado estaría poco dispuesto a dar su consentimiento. Las consecuencias prácticas para el nuevo Estado que declara unilateralmente la independencia sería que al verse fuera de la UE quedaría al margen de la unión aduanera, del mercado único y del euro. Un verdadero desastre.

La otra consideración que cabe formular es que la Unión Europea se ha concebido como un proceso de transferencia de soberanía hacia arriba, en la medida en que el Estado-nación en el actual proceso de globalización ha ido perdiendo algunas de sus funciones específicas, como acuñar moneda (que pasó al Banco Central Europeo), guardar fronteras y aduanas (suprimidas por el Tratado de Schengen), unificar los servicios de relaciones exteriores y la imposibilidad material de declarar la guerra. Como fácilmente se percibe, la secesión de regiones opera en la dirección inversa, puesto que pretende trasladar esas soberanías hacia abajo, en un claro retroceso de los procesos de creación de grandes espacios geoestratégicos como la Unión Europea.

La única fórmula razonable que puede suscitar el consenso y resolver esta intrincada problemática es la de un modelo federal.

El derecho constitucional comparado permite apreciar en el federalismo la mejor fórmula para garantizar el pluralismo territorial en el seno de un Estado, asegurando la diversidad en la unidad. Es, en definitiva, el modelo hacia el que se dirige la Unión Europea.

Para los críticos de estas veleidades independentistas el uso de la idea de una nación supuestamente expoliada para explicar la larga y profunda crisis económica no es más que una salida populista que elude la búsqueda de soluciones razonables. La reivindicación la levantan dirigentes políticos que ostentan y administran poder local, de modo que comparten responsabilidad en el resultado de la crisis.

Como dice Santos Juliá en “El País”, esta vuelta de las religiones políticas alentadas por intelectuales resulta extraña, porque “después de la derrota de los fascismos y del derrumbe de los comunismos los intelectuales que habían alimentado con entusiasmo las religiones políticas en los años 30 se convirtieron en seres más bien escépticos y descreídos en los 90. Escépticos, irónicos, meros observadores, tábanos modernos como los definió Teodorov, parecía que los intelectuales habían hecho mutis a fin de siglo”. Sin embargo, allí están, nuevamente, reavivando viejas ficciones históricas y dibujando nuevas caricaturas de enemigos imaginarios.

Aleardo F. Laría

aleardolaria@telefonica.net

Crisis en la UE