El uso abusivo de los recursos públicos

ALEARDO F. LARÍA aleardolaria@rionegro.com.ar

En el 2000 el exvicepresidente estadounidense Al Gore debió pagar el costo de las llamadas y una multa por haber usado el teléfono de su despacho oficial para hacer llamadas de campaña mientras se postulaba para la presidencia de su país. La anécdota refleja la distancia que media entre lo que sucede en el mundo cuando se abusa de los recursos públicos para influir en la campaña electoral con lo que sucede en nuestro país. En Argentina, el uso de los fondos y recursos públicos con fines partidistas es una de las señas de identidad de nuestra cultura populista, pero esta desviación se hace más notoria e intensa todavía en época electoral. El uso de recursos materiales y humanos del Estado en la campaña de los dirigentes políticos que ocupan los diferentes niveles de gobierno es una constante en nuestro país. Mediante la inauguración obsesiva de obras públicas –y aún de emprendimientos privados–, los gobernantes están en campaña proselitista permanente. Esta conducta, en el período electoral, supone la infracción del artículo 64 del Código Electoral Nacional, que señala que durante época de campaña la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan expresamente la captación del sufragio en favor de ninguno de los candidatos. El uso de los medios públicos de difusión para “encadenarlos” a la campaña política que dirige la presidenta Cristina Fernández es más visible en estos días y supone una práctica contraria al principio republicano de acceso igualitario a los medios durante el período electoral. La abogada Delia Ferreira Rubio –especialista en legislación electoral–, luego de que la presidenta hablara al país durante casi 40 minutos por la cadena nacional, señaló que “en un sistema donde se ponen límites a los partidos, si no se regula el uso de la cadena nacional y el gasto de publicidad oficial, se consagra el desequilibrio”. Es evidente que se quiebra el principio de ofrecer igualdad de oportunidades a los partidos en las urnas si el partido que está en el poder utiliza los recursos del Estado como si fueran bienes de su propiedad. Es una forma de financiamiento irregular del partido que está en el poder, con el agravante de que estos fondos no quedan sometidos a control o verificación alguna. La utilización de recursos públicos en la campaña está estrechamente vinculada con la falta de transparencia con la que se manejan otros recursos del Estado. Los gastos reservados; la compra de espacios publicitarios con fondos del Estado para resaltar las inversiones en obras públicas; la asignación arbitraria de la pauta publicitaria oficial a los medios de comunicación adictos; la propaganda oficial que se inserta en el Fútbol para Todos; el uso de la televisión pública para programas políticos de neto corte oficialista, como “6-7-8”; el empleo de funcionarios, viáticos, aviones y automóviles oficiales y un largo etcétera son muestras irrefutables de la malversación constante de los dineros públicos. Este uso abusivo de los materiales y recursos públicos con fines partidistas está tan incorporado en nuestra cultura política que casi no genera consecuencias electorales. Los ciudadanos no castigan en las elecciones a los partidos o candidatos que utilizan estas prácticas. Como el juego sucio en el fútbol, se considera que forma parte de las reglas de juego. El principal responsable del uso abusivo de los recursos públicos en la etapa actual es el jefe del Gabinete, Juan Manuel Abal Medina (h), un destacado académico licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, que obtuvo su maestría en Ciencia Política en el Instituto de Altos Estudios Universitarios y es doctor en Ciencia Política por el Flacso de México. Ha escrito numerosas publicaciones, entre ellas –en colaboración con Marcelo Cavarozzi– “Participación y control ciudadanos: el funcionamiento de los mecanismos institucionales electorales y societales de accountability vertical en la Argentina”. Que tan destacado intelectual, estrechamente vinculado al Centro de Estudios Políticos y Sociales (Cepes), presidido por Carlos “Chacho” Álvarez, se pliegue sin complejos a estas estrategias, prueba una de las consecuencias más nefastas de la cultura populista. Al insuflar a la política la apariencia de una gesta histórica opera el convencimiento personal de estar llevando a cabo una labor justificada y justificable. Se invierte así la relación de los medios y los fines y cualquier medio que sirva para conservar el poder queda automáticamente legitimado por la pureza de los fines de redención que entraña la epopeya nacional y popular. La ética pública consiste en gestionar con responsabilidad los dineros públicos. Los partidos o líderes que acceden al gobierno por el voto popular reciben el mandato de gestionar los asuntos públicos de conformidad con los compromisos electorales. Pero este rol de gestores públicos no los convierte en propietarios de esos recursos. Uno de los límites del poder consiste justamente en separar el gobierno del Estado y los gobernantes deben saber que vienen legalmente obligados a preservar la independencia, autonomía y profesionalidad del Estado. La desviación del dinero público con fines partidistas no sólo es un delito; es también una malversación de la confianza que los ciudadanos depositan en los políticos.