Elusión y evasión fiscal: más desigualdad y corrupción

En los últimos días se conocieron los resultados de una investigación periodística global llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que devela cuentas bancarias secretas en algunos de los principales paraísos fiscales. Argentina, si bien ocupa el puesto 31 entre las economías del mundo, aparece como el tercer país con mayor cantidad de personas beneficiarias de sociedades offshore en esta publicación de casi 12 millones de documentos sobre paraísos fiscales. Este dato evidencia una práctica extendida de elusión y evasión fiscal entre las élites económicas y políticas de nuestro país, a la vez que exhibe una evidente falla de los mecanismos estatales para evitar que ello ocurra.

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Según datos de 2020 de la Alianza Global para la Justicia Fiscal (se puede acceder al informe completo aquí), Argentina pierde alrededor de 2684 millones de dólares anuales a causa de flujos financieros ilícitos provenientes de la elusión y la evasión fiscal de personas y empresas, que transfieren sus ganancias a paraísos fiscales. Este monto representa el 2,9% del presupuesto vigente actualmente para servicios sociales y el 31,7% de la función salud. Del total, 2.341 millones de dólares corresponden a empresas multinacionales y compañías argentinas con sociedades offshore; y el resto a personas que ocultan sus ingresos no declarados en el exterior y pagan menos impuestos de los que deberían.

La contracara de la excesiva concentración de la riqueza se encuentra en la desigualdad y la pobreza, que estos días mostró cifras alarmantes, superiores al 40%. Por eso es fundamental abordar esta problemática desde un enfoque de derechos. Las personas y empresas más ricas cuentan con más recursos para eludir el pago de impuestos, por ejemplo, mediante la transferencia de riqueza al exterior. Al generar grandes pérdidas de ingresos estatales, la evasión y la elusión limitan la posibilidad de avanzar hacia estructuras tributarias progresivas y contribuyen a perpetuar el injusto patrón de recaudación argentino, que deposita -proporcionalmente- las mayores exigencias en los sectores que menos tienen. De esta forma, se pone en riesgo el acceso a derechos de quienes más requieren de la intervención estatal y se profundizan las brechas de desigualdad social y de género, dado que las mujeres están sobrerrepresentadas en los sectores de menores ingresos.

Si bien en los últimos años hubo algunos avances, éstos son insuficientes. La AFIP creó un registro de beneficiarios finales de empresas para combatir el secretismo en la titularidad de las offshore, y se aprobó una nueva normativa de precios de transferencia. La elusión sigue siendo altísima y los mecanismos de control son ineficientes. Si no se revierten estos problemas, la política tributaria seguirá contribuyendo a la persistencia de las desigualdades, en lugar de convertirse en un instrumento redistributivo, que permita el acceso a los derechos en condiciones de equidad.

En un artículo sobre el rol del FMI en la economía argentina, la fuga de capitales y la estructura tributaria, Magdalena Rua delinea una hoja de ruta exhaustiva para revertir estas problemáticas. Entre sus recomendaciones se encuentran las de establecer un listado de jurisdicciones opacas y, en consecuencia, crear un impuesto especial para las operaciones realizadas en ellas, ampliar el registro de beneficiarios finales e incorporar la obligatoriedad de informar toda la cadena de control de los grupos económicos.

Las riquezas acumuladas mediante la elusión y la evasión en cuentas offshore no son sólo el reflejo de un sistema económico y tributario injusto, sino que son también herramientas de impunidad para el delito y la corrupción. Muchos de los recursos públicos que son apropiados mediante hechos de corrupción por agentes del sector público y/o privado, encuentran en estos “paraísos” el refugio ideal para esconderse y evitar el accionar de la justicia. Por esta razón, la publicación de los Pandora Papers refuerza la necesidad urgente de retomar el compromiso por una agenda intersectorial de lucha contra la corrupción, desde una perspectiva que se enfoque en sus impactos sobre los derechos humanos, la calidad de la democracia y la igualdad.

* Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.