Emitirán 2.800 millones en Lecop para pagar a provincias

El presidente Eduardo Duhalde firmó ayer un decreto que autoriza la emisión de 2.800 millones de pesos en bonos denominados Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop), para afrontar deudas del año pasado de la Nación con las provincias por fondos de coparticipación federal.

El anunció trajo oxígeno a Río Negro que debe cumplir con atrasos en el pago de sueldos, aguinaldos y a proveedores. El gobierno de Pablo Verani estima que recibirá 23 millones en esos papeles.

Para definir la distribución y conocer a fondo la situación puntual de la deuda de cada una de las provincias, Duhalde mantendrá el jueves su primera reunión con todos los gobernadores del país.

El encuentro promete un fuerte debate entre los gobernadores, ya que ayer «Chiche» Duhalde negoció el reparto de fondos sociales con los ministros de Acción Social del interior y empezaron los «tironeos» por los fondos.

Otra situación que habrá que contemplar es la reacción del Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Estados Unidos ante semejante emisión de Lecop para asistir a las provincias.

El organismo de crédito internacional no se cansa de insistir con sus pedidos de «sustentabilidad a largo plazo y la aplicación de reformas políticas».

Pero la mejor definición llegó desde la Casa Blanca. El asesor económico Lawrence Lindsey dijo el domingo último que «si en la Argentina eres un gobierno provincial, tu puedes gastar el dinero y dejar que el gobierno federal pague la cuenta. Entonces, podemos darnos cuenta de cómo marchan las cosas, y ésta es exactamente la manera como han resultado», describió el asesor.

Ahora, la novedad de ayer con la masiva emisión de Lecops para pagar las deudas de las provincias será una acción que difícilmente pueda digerir el gobierno de George Bush.

Por otra parte, entre las principales urgencias que ayer dejó en claro el gobierno figuran cuatro decretos que darían a conocer hoy, en coincidencia con la finalización del feriado cambiario, y se refieren a la posibilidad de subir el tope de extracción de las cajas de ahorro salariales a 1.500 pesos, el control de cambios, la conformación del fondo compensador para la pesificación y la posición de los endeudados en dólares. Además, el Ejecutivo vetó ayer la pesificación de créditos bancarios por vivienda única superiores a 100.000 pesos.

Fuera de la batería de decretos, Economía también se encuentra analizando la confección del Presupuesto 2002, que ya reconoce dos antecedentes: el elevado en diciembre del 2001 en la gestión del ex presidente Fernando De la Rúa, con un nivel de gastos de 39.000 millones de pesos, y el anunciado por el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, de 38.019 millones.

Fuera de las discusiones técnicas y en lo que se refiere a los anuncios para los consumidores, el gobierno salió a descartar que puedan aumentarse las tarifas de los servicios públicos privatizados.

A su vez, las empresas petroleras anunciaron que dieron marcha atrás con el aumento del gasoil.

Respecto a las negociaciones de Nación con las provincias por el pago de las deudas, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich sostuvo que en el encuentro que se realizará el jueves se hará «un análisis exhaustivo de las problemáticas de cada una de las provincias con dificultades financieras».

Además, explicó que la distribución de los Lecop se hará «en función de los indicadores acordados con las provincias y permitirán saldar este mes, las deudas con los estados del interior» contraídas en el período julio-diciembre del 2001.

Respecto a la fecha en que se abonarán esos pagos, el gobernador de Chubut, José Luis Lizurume, anticipó ayer que la Nación «se comprometió» saldar lo adeudado durante los «antes del 24 de enero» próximo.

El encuentro de Duhalde con todos los gobernadores se realizará en la Casa Rosada, en horario a confirmar.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, informó que el presidente ya firmó el decreto para emitir 2.800 millones de Lecops tendientes a cancelar las obligaciones con las provincias.

También se hablará sobre el estado de las deudas provinciales a partir de la devaluación monetaria y también sobre los planes sociales.

(DYN, AR y Télam)

Río Negro accederá a 23 millones y los usará para pagar salarios

VIEDMA (AV).- Río Negro accederá a 23 millones de Lecop por fondos pendientes de envíos de Nación.

Esos recursos -cuya remisión se prevé en la provincia para los próximos días- permitirá el pago de salarios de diciembre. Mientras tanto, Economía continuará hoy con depósitos en pesos de haberes pendientes de octubre y la otra semana completará en Lecop el cronograma de noviembre.

En realidad, el ministro de Economía, José Luis Rodríguez reclamará al gobierno nacional por mayores transferencias demoradas, por lo cual, en la solicitud se consignará un monto que supera los 85,6 millones.

Anoche, Rodríguez admitió que existen reclamos con diferentes prioridades.

La mayor urgencia está centrada en la coparticipación federal, que equivale a 17.264.000 pesos, y los programas sociales y de empleos, que suman 5.582.000 pesos. Estas remesas reclamadas por Río Negro totalizan 22.846.000 pesos, siempre correspondientes a transferencias pendientes del año pasado y que -según el anuncio del gobierno nacional- serán cancelados inmediatamente con Lecop.

El ministro estimó que ese envío prioritario se «debería concretar entre esta semana y la próxima». Incluso, Rodríguez disponía del compromiso de Economía del envío de cinco millones de las letras para los primeros días de enero pero Nación postergó luego esta transferencia.

El listado confeccionado por el equipo de Economía también reclama por 8,5 millones del Fondo Nacional de Viviendas (que corresponde a la cláusula de garantía de 1999) y otros 7,8 millones constituyen el prometido subsidio del gobierno central para el sostenimiento de Sefepa.

Por último, se incluye 46,5 millones reclamados al ministerio del Interior por los compromisos nacionales asumidos en favor de Río Negro en el Pacto Fiscal y el Fondo Social Solidario.

La provincia recibió en el último cuatrimestre 40 millones en Lecop, de los cuales, unos 15 millones fueron canjeados por la petrolera Repsol-YPF. Los otros 25 millones fueron destinados esencialmente al pago de salarios y proveedores.

La Iglesia le pidió «precisiones» al presidente

La Comisión Ejecutiva del Episcopado, que encabeza monseñor Estanislao Karlic (Paraná), le pidió ayer «algunas precisiones» sobre las políticas de gobierno al presidente Eduardo Duhalde, y reiteró su disposición a prestar el «ámbito» para consensuar políticas de Estado. También manifestó su preocupación por ciertos aspectos del plan económico aprobado por el Congreso, y dejó entrever sus dudas sobre la falta de un proyecto «consistente» a largo plazo.

Si bien no hubo declaraciones tras la hora y media de reunión a solas -a la que se sumó Jorge Capitanich en una breve lapso- con el primer mandatario, en el despacho presidencial, fuentes eclesiásticas le confiaron que se le solicitaron «algunas precisiones sobre la sustentabilidad del plan económico y las políticas a largo alcance».

No obstante, los prelados le anticiparon al jefe de Estado que ya conformaron una comisión para reflotar la propuesta de diálogo multisectorial que se inició en las postrimerías del gobierno de Fernando de la Rúa.

«Nosotros vamos a colaborar pero hacia dónde vamos, cuáles son los grandes objetivos», interpeló uno de los obispos a Duhalde según el mismo fuente.

Los obispos insistieron en recalcar que la situación es «muy delicada» y que la solución no pasa sólo por subsidios, sino «dándole trabajo a la gente».

«Hay una monstruosa evasión»

El viceministro de Economía, Jorge Todesca, advirtió ayer que existe actualmente una «monstruosa evasión» con un sistema impositivo caracterizado por «distorsiones y castigo a los consumidores» y en el que se destaca «la recaudación más baja del mundo de impuesto a las ganancias». «La gran tarea en Argentina es actuar sobre la fiscalidad y la transparencia en el gasto público», sostuvo.

El funcionario afirmó que el nivel de gasto dejado por las dos anteriores administraciones, de Adolfo Rodríguez Saá y Fernando de la Rúa, demostró que «ha disminuido mucho, pero en manera bastante anárquica, afectando probablemente el desempeño de los servicios esenciales del Estado».

Puso como ejemplo lo hecho por Rodríguez Saá, quien al fijar en tres mil pesos el tope máximo salarial para el presidente de la Nación, recortó en la «escala» hacia abajo de la administración pública los sueldos y causó «un deterioro en los ingresos que afecta a técnicos y a la calidad de los servicios».

Para Todesca, esa medida de Rodríguez Saá «es un clarísimo ejemplo de cómo hacer mal las cosas en el gasto público, porque es pegar un hachazo y arrancarle la cabeza a la capacidad de gestión del Estado». Previó que en el nuevo presupuesto «tenemos algunos rubros del gasto con modificaciones importantes» pues «a partir de la declaración del default hay una disminución en las erogaciones para el pago de intereses de la deuda, lo que producirá un ajuste en el gasto, y habrá que revisar otras partidas». Señaló que como contrapartida «hay una caída del 33% en la recaudación, que precipitó el déficit de 8 mil a 11 mil millones en un mes y medio, y ese es un tema que hay que revertir».

Indicó que para revertirlo «hay tres vías: una parte, es que la caída de la recaudación es producto del desorden económico del último mes y medio, y cuando se ordene habrá una mejora; la otra es contener la caída libre en que estaba en la Argentina en la actividad económica, y esto debería ponerle un piso a la caída de la recaudación, y la tercera es actuar fuertemente sobre la evasión tributaria».