En el lodo

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Puesto que el índice de corrupción que acaba de difundir la respetada organización no gubernamental Transparencia Internacional, según el cual en este ámbito tan importante la Argentina es peor que países como Etiopía, Egipto y Uzbekistán, fue calculado antes de la caída en circunstancias decididamente turbias del gobierno del presidente Fernando de la Rúa, es de prever que en la próxima lista que se confeccione se encuentre entre los más sucios del mundo entero, una posición actualmente ocupada por las cleptocracias notorias que son Bangladesh, Nigeria y Paraguay. Después de todo, no cabe duda alguna de que en este sentido como en tantos otros el deterioro registrado a partir del inicio de la gestión de Eduardo Duhalde ha sido realmente notable. Es que, como afirmó Peter Eigen, el presidente de Transparencia, en nuestro país «el Estado parece haber sido capturado por una red de dirigentes que lo usan en beneficio propio». Se trata de un análisis que compartirán no sólo la mayoría de los ciudadanos, de ahí la popularidad de la consigna «que se vayan todos», sino también muchos políticos. En efecto, el gobernador bonaerense Felipe Solá no se cansa de denunciar la presencia de «mafias» en su jurisdicción, mientras que el propio Duhalde se ha puesto a hablar de «fuerzas descontroladas» y «bandas delictivas que están asolando muchas zonas del país», sin que se haya propuesto hacer nada para poner fin a sus actividades predatorias. Es de suponer que lo que ambos tienen en mente son las tristemente célebres «bandas mixtas» conformadas por criminales comunes y policías que cuentan con la protección de políticos que, por omisión o comisión, les permiten operar fuera del alcance de la ley.

Sería un error atribuir la condición del país a nada más que la deshonestidad de sus dirigentes, como si se tratara de un «problema ético» que podría solucionarse convenciéndolos de las ventajas de dejar de robar. La corrupción galopante no es sino un síntoma más del colapso de autoridad de las instituciones básicas, de suerte que la única forma eficaz de combatirla consistirá en llevar a cabo una serie de reformas profundas destinadas a hacer que la «clase política» sea más representativa y que los jueces sean más conscientes de sus responsabilidades hacia la sociedad en su conjunto. Desafortunadamente, no se dan señales de que en la actualidad el país sea capaz de emprender un esfuerzo tan exigente. Antes bien, por ser el deterioro permanente una consecuencia directa de la debilidad extrema de un orden político penosamente dividido, desorientado y tan asustado que prefiere la parálisis a los riesgos que le supondría cualquier cambio, todo nuevo retroceso sólo sirve para reducir la posibilidad de que nuestros «dirigentes» se animen a procurar atenuar los problemas más urgentes.

Por desgracia, el país parece condenado a seguir cayendo hasta que finalmente se produzcan las convulsiones que algunos esperan con impaciencia por creerse en condiciones de aprovecharlas pero que por buenas razones la mayoría abrumadora teme. No es necesario que sea así. La Argentina cuenta con los recursos humanos y con las tradiciones intelectuales que le permitirían dotarse de instituciones políticas y judiciales que sean por lo menos tan buenas como las españolas o italianas que, si bien son inferiores a las de otros países europeos, son decididamente mejores que las nuestras. Para que aprovecháramos dichos recursos, empero, sería forzoso que una proporción mayor de la ciudadanía deje saber a «los políticos» que no tiene ninguna intención ni de seguir siendo rehén de la interna peronista ni de limitarse a protestar votando en favor de agrupaciones meramente contestatarias. Es factible, aunque no es nada probable, que antes de celebrarse las elecciones fijadas para el año que viene la ciudadanía se despierte de su modorra. Si no lo hace, los males nacionales, de los que la corrupción ubicua y según parece en aumento constante está entre los más perversos, continuarán agravándose porque, por motivos evidentes, de por sí la sensación de que no habrá cambios significantes contribuye a potenciar los peores instintos de quienes poseen el poder suficiente como para creer que puedan seguir saqueando a sus compatriotas con la impunidad más absoluta.