En un mundo propio

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De tomarse en serio sus declaraciones más recientes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está convencida de que los medios que no forman parte del imperio periodístico gubernamental, los políticos opositores, la mayoría de los sindicalistas y muchos empresarios se han propuesto instalar una sensación de crisis porque lo que todos quieren es “ajustar”. Aunque la presidenta no lo dice, el gobierno nacional les ha facilitado enormemente la tarea. Por cierto, los alarmados por lo que está sucediendo no han tenido que exagerar nada para calificar de “crisis” una situación económica dominada por una tasa de inflación que ronda el 40% anual, recesión, la caída abrupta del consumo debido a la merma del poder adquisitivo del grueso de la población, el aumento rápido de la pobreza extrema, la pérdida de miles de empleos, sobre todo en la industria y el comercio minorista, y la imposibilidad de conseguir créditos financieros en los mercados internacionales. En cuanto al “ajuste” que supuestamente están reclamando los acusados de procurar dañar la economía por razones inconfesables, uno ya está en marcha, si bien virtualmente nadie lo cree suficiente para revertir las tendencias negativas. Hay distintas formas de “ajustar”. De caer los ingresos, un gobierno puede reaccionar reduciendo el gasto público y haciendo subir la tasa de interés con el propósito de equilibrar las cuentas, asumiendo los “costos políticos” de tales medidas con la esperanza de que, andando el tiempo, una eventual reactivación le permita recuperar la popularidad perdida. Es la forma más sensata y, para la ciudadanía, menos dolorosa de combatir la inflación. Otra consiste en dejar casi todo en manos de los mercados, apostando a que los perjudicados por las consecuencias de la irresponsabilidad principista del gobierno atribuyan sus penurias a los políticos y sindicalistas opositores, a los empresarios, a la codicia de los financistas y, desde luego, a la hostilidad de conspiradores foráneos. Huelga decir que Cristina y el ministro de Economía Axel Kicillof han optado por la variante así supuesta, en parte porque suponen que los ayudará a conservar una cuota importante de poder cuando ya no estén en el gobierno, ya que seguirán culpando a los demás por los resultados de su propia gestión, pero también porque la presidenta se ha acostumbrado a subordinar absolutamente todo al “relato” y, según parece, su colaborador más poderoso está enamorado de la ideología marxista-keynesiana que confeccionó cuando era un académico. Por sus propios motivos, los dos están resueltos a probar que saben más sobre cómo debería funcionar una economía en el mundo actual que “los ortodoxos” que llevan la voz cantante en el mundo desarrollado. A esta altura, es absurdo tratar de hacer pensar que la crisis socioeconómica, como la inseguridad ciudadana, es sólo “una sensación” difundida por sujetos astutos decididos a depauperar al pueblo trabajador, pero pocos creen que el gobierno esté por modificar el rumbo que ha emprendido. Hacia fines del año pasado, el dúo a cargo de la economía brindó la impresión de haber llegado a la conclusión de que le convendría intentar hacer buena letra para reconciliarse con los mercados de capitales, razón por la que arregló con Repsol, el Club de París y el Ciadi, comprometiéndose a entregarles miles de millones, pero cambiaron todo los problemas ocasionados por el fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa a favor de los holdouts. A partir de entonces la estrategia oficial se ha caracterizado por la terquedad. Por un rato, insistir en que todas las dificultades económicas se debieron a “los buitres” norteamericanos sirvió para mejorar el índice de aprobación de Cristina, pero sólo se trataba de un logro político pasajero que, de todos modos, no benefició a Kicillof que, tal y como están las cosas, parece destinado a figurar como el máximo responsable de una crisis que está profundizándose día a día sin que haya señal alguna de que esté por acercarse a un punto de inflexión. Por el contrario, a menos que tengamos mucha suerte, podría provocar estragos económicos y sociales comparables con los que pusieron fin, en medio de una coyuntura internacional llamativamente peor que la actual, a la gestión del gobierno de la Alianza del presidente Fernando de la Rúa.

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