Tierra del Fuego anuló la ley que modificaba el reparto de regalías hidrocarburíferas

El Gobierno de Tierra del Fuego resolvió vetar en su totalidad la ley sancionada por la Legislatura provincial el pasado 22 de diciembre de 2025, que establecía un incremento de la coparticipación municipal sobre las regalías hidrocarburíferas hasta el 28%. La decisión fue formalizada mediante un decreto publicado el 12 de enero en el Boletín Oficial, con las firmas de la vicegobernadora Mónica Urquiza, en ejercicio del Poder Ejecutivo, y la ministra de Economía, Adriana Castillo. La norma vetada modificaba el inciso c) del artículo 4 de la Ley Provincial N.º 892.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el proyecto “carece de fundamentos sólidos debidamente documentados”, al no contar con informes técnicos suficientes ni estudios de impacto económico, ambiental o sobre reservas. Según el texto oficial, esta situación expone a la Provincia a riesgos en su matriz productiva y en la estabilidad de sus ingresos.

El Gobierno también señaló que la iniciativa fue tratada sobre tablas en la Legislatura a partir de un presunto beneficio fiscal asociado al Acuerdo de Prórroga de concesiones hidrocarburíferas, ratificado mediante la Ley Provincial N.º 1605. Al respecto, el decreto aclara que dicho acuerdo mantiene el esquema de regalías previsto en el convenio original con YPF S.A.

Desde el Ministerio de Economía advirtieron que la promulgación de la ley vetada podría afectar el cumplimiento de compromisos asumidos por la provincia. Según argumentaron, los ingresos provenientes de regalías se encuentran afectados, entre otros destinos, al pago de deuda externa contraída en 2017 y recientemente reestructurada.

En la misma línea, el Ejecutivo sostuvo que el aumento propuesto compromete ingresos provinciales estratégicos y altera el régimen actual de coparticipación, concebido, según el decreto, para sostener la prestación de servicios esenciales como salud, educación, seguridad y administración de justicia, competencias exclusivas de la Provincia. Asimismo, la Agencia de Recaudación Fueguina intervino en el análisis del proyecto y consideró que la medida resultaba desproporcional.

Según sus estimaciones, aun en un escenario hipotético de pérdida de ingresos para los municipios, el impacto sería significativamente menor al incremento planteado por la ley, lo que fue calificado como incongruente con la realidad económica del acuerdo vigente. El decreto también fundamenta el veto en principios constitucionales de razonabilidad, equidad y responsabilidad fiscal, tanto a nivel nacional como provincial, y sostiene que una modificación del régimen de coparticipación debe guardar relación directa con la transferencia efectiva de competencias y servicios, condición que no se verifica en este caso, según el Ejecutivo.