Entrevista: Hugo cañón Fiscal general de Bahía Blanca»Los jueces que no quieren avanzar es porque no quieren» Una causa iniciada en 1987

Los delitos de lesa humanidad se ventilarán en un juicio contra los militares en Bahía Blanca, luego de que la investigación fiscal sorteara permanentes obstáculos dilatorios desde que en 2005 se reabrieron las causas penales por los secuestros y torturas durante la última dictadura militar.

La Fiscalía General, a cargo de Hugo Cañón, pidió la elevación a juicio de un primer tramo de la causa, en la que se acusó al general (re) Juan Manuel Bayón por 66 casos de secuestros, torturas, homicidios y desaparición forzada; al coronel (re) Hugo Jorge Delmé por 19 casos, entre ellos la apropiación de dos menores que nacieron en el centro clandestino «La Escuelita» de Bahía; al coronel (re) Miguel Ángel García Moreno por cinco casos y al coronel (re) Jorge Enrique Mansueto Swendsen por 39 casos.

La acusación involucró a los tenientes coroneles (re) Mario Carlos Antonio Méndez por 15 casos, Osvaldo Bernardino Páez por 39 denuncias y a Jorge Aníbal Masson por 10 hechos.

«Los plazos que dio la Corte vencieron el 6 de marzo; la Cámara sacó tres expedientes y aún le queda el de Corres (que la Fiscalía pretendía enviar a juicio junto con los otros 7 procesados). Como no queríamos demorar más, nos dedicamos a estos siete y dejamos el resto para cuando la Cámara resuelva, porque se lo ordene la Corte o por lo que sea, y seguir el segundo tramo», asegura el fiscal.

La fiscalía buscaba sumar a Julián «el Laucha» Corres en el primer juicio debido a que está involucrado en la mayoría de los casos, fue identificado como uno de los torturadores en el centro clandestino de detención «La Escuelita» que además participaba de los grupos de tarea y está señalado como partícipe en varios de los homicidios por los que están acusados los militares que deberán enfrentar el juicio.

Corres protagonizó una escandalosa fuga a mediados del año pasado que dejó en evidencia pública las sospechas de la unidad de fiscales sobre la complicidad y simpatía del juez Álvarez Canale con varios de los acusados.

– Si en los próximos días se confirmara alguno de estos procesamientos, por ejemplo el de Corres, ¿se podrían incluir en este primer juicio?

– Haríamos el intento de incluirlo antes de que se integre el Tribunal Oral y se fije la fecha del juicio. Con esta presentación la Unidad de Fiscales hizo una plataforma con todo el accionar que involucró al Ejército en todos los lugares y con una amplia descripción que es la base y sustento de todo lo que fue el accionar represivo del Ejército; por eso pusimos todos los centros de detención: La Escuelita, «el vagón», «el gimnasio»… hicimos la presentación como para todos los casos con una contextualización general y una contextualización histórica que arrancamos desde los años 30, haciendo referencia a los golpes de Estado, al genocidio, con todas las figuras involucradas como asociación ilícita, torturas, represión de menores y con todo lo conocido hasta el momento, cosa de incorporar los restantes en caso de que se fueran confirmando los procesamientos. Está todo dado y lo que falta es incorporar a los imputados.

– ¿Cuáles son los plazos para que esto se produzca?

– El juzgado debe producir medidas de prueba complementarias antes de que lo eleve al Tribunal Oral Federal (TOF). Una vez ocurrido esto, se pueden avanzar en las recusaciones y excusaciones, o sea que hasta que se componga el TOF tenemos tiempo para ir viendo.

– ¿Por qué se está analizando recusar al Tribunal Oral?

– Uno de los vocales del TOF fue defensor de los militares acusados y él dijo que nunca ganó tanto como en esa época en que le pagaban cinco mil pesos o dólares por mes; fue fiscal de Cámara durante la dictadura, quedó fuera de la estructura judicial durante el gobierno de Raúl Alfonsín y volvió como juez federal durante la gestión de Carlos Menem.

– ¿Cuáles son las expectativas de la fiscalía para la elevación a juicio en función del comportamiento del juez Álvarez Canale?

– En el requerimiento de elevación a juicio nosotros advertimos que la investigación fue obstaculizada por la instrucción que padecimos, sus pasos erráticos, la interpretación distorsiva de su señoría de las facultades de las partes intervinientes del proceso y las propias como juez, hasta orillar el desequilibrio que aún hoy dificultaron una ordenada tramitación del expediente. Este juez fue obstáculo tras obstáculo a diferencia de lo que ocurrió en Neuquén con (el juez Guillermo) Labate, de lo contrario hace rato que tendríamos juicio acá en Bahía.

– ¿Cuándo cree que elevará la causa?

– Él podrá hacer algunas medidas dilatorias pero ya está todo dado. El plazo no es tan riguroso por ser una causa muy compleja, pero no puede ser una cosa tan desmesurada que lleguemos hasta septiembre sin hacer nada. Correspondería que esté en el TOF antes de la feria de julio y que se pueda constituir el Tribunal oral con las excusaciones que pueda corresponder.

– ¿Cómo evalúa llegar a esta etapa del proceso?

– En diciembre cumplo 23 años como fiscal de Cámara y ni bien asumí, mi primer trabajo fue lograr que las causas salieran del ámbito del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, días después de haber entrevistado a monseñor Jaime de Nevares en Neuquén. Él me dio un abrazo enorme que hasta el día de hoy sentí como un apoyo inconmensurable para iniciar este camino tan largo. Más allá de las vías de impunidad que se buscaron, durante estos 23 años he estado bregando porque se logre verdad y justicia, así es que llegar a esta instancia procesal para mí es una realización y creo que no tiene retroceso alguno. Lo mismo sucedió con los juicios de Neuquén: de alguna manera fuimos los artífices de que eso se llegara a concretar con todo el trabajo previo. Y además he constituido un grupo humano en la Unidad Fiscal que ya puede andar solo. Han trabajado con una dedicación y empeño que hay que destacar. Todos fueron designados sin conocerlos en base a su compromiso y capacidad tanto laboral como intelectual.

– Habla como si se fuera a jubilar…

– Algo de eso puede haber, porque son ciclos que se cierran… pero digo que a diferencia de otros juzgados o fiscalías que han designado personal para estos juicios por ser hijos de algún juez, o primo o sobrino, o novia de algún camarista, como ha sucedido aquí en Bahía…

– Eso lo denunció cuando estuvo en Neuquén el ex juez Luis Alberto Cotter.

– Esto se traduce en que los jefes de trabajo, cuando reciben escritos, lo hacen como si fuera una carga, no con el entusiasmo con que lo ha hecho la gente que sigue trabajando en la Unidad de Fiscales. Por eso cuando se habla de falta de presupuesto, falta de recursos, es para mí como una excusa enorme que se pone para no hacer. Acá todos los jueces del país tienen los medios y los recursos para trabajar y avanzar rápidamente. Si no lo hacen es porque no quieren.

Una causa iniciada en 1987 

El fiscal Hugo Cañón comenzó con esta investigación hace 23 años, cuando se retiró el expediente que dormía en la Justicia Militar para que fueran los jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca quienes llevaran a cabo el proceso.

La causa había avanzado en indagatorias de los principales responsables de poner en marcha los centros clandestinos en el V Cuerpo y lo que posteriormente se denominó «plan sistemático» -Adel Vilas, René Azpitarte u Osvaldo Catuzzi-, pero el «Punto final» suspendió la investigación y la Corte Suprema la validó cuando Cañón y la Cámara Federal -presidida por el juez Luis Alberto Cotter- reclamaron por la inconstitucionalidad de la ley.

En 1999 la fiscalía y la Cámara de Bahía Blanca abrieron los «Juicios por la verdad», para conocer el destino final de los desaparecidos, ante la imposibilidad de procesar a los responsables por la vigencia del «Punto final» y la «Obediencia debida».

Ese juicio también quedó trunco, porque tanto la fiscalía como la querella de la APDH desistieron de seguir cuando las defensas de los militares que eran procesados por «falso testimonio» durante las audiencias lograron que los jueces de Casación habilitaran a los militares a declarar sin juramento previo ni obligación de decir la verdad.

Con la reaperatura de la causa penal en 2005, varias de las pruebas logradas durante los «Juicios por la verdad» se sumaron al proceso iniciado en 1987. La investigación de 1986-1987 se dividió por jurisdicciones y mientras la mayor parte quedó a cargo del juzgado de Alcindo Álvarez Canale en Bahía, un tramo importante terminó en el Juzgado federal de Neuquén.

Allí el juez Guillermo Labate cerró la investigación de un primer tramo y en 2008 finalizó el primer juicio con 8 condenas por los delitos cometidos en el Alto Valle, mientras el segundo juicio con 26 procesados se espera para fines de 2009.

En Bahía Blanca, el lunes 30 de marzo el fiscal de instrucción Antonio Castaño y el fiscal general Cañón presentaron al juez Álvarez Canale la requisitoria fiscal para llevar a juicio a siete militares por los secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de unas 90 personas entre 1976 y 1977.

Entre las víctimas que pasaron por el centro clandestino bahiense se cuentan a varios militantes del PJ secuestrados en Viedma y el caso del ex rector Pablo Bohoslavsy cuando era profesor universitario en 1976.