Escuelita VII: fuertes cruces entre acusadores y defensa
La conexión de los vuelos nocturnos desde Neuquén a Bahía con los llamados “vuelos de la muerte” volvió a ser el centro de la polémica. Las indagatorias están previstas después del 15 de septiembre. Varios de los acusados hablarán en el juicio.
El tribunal en la sala de audiencias. La fiscalía y las querellas concurren al salón de AMUC. Las defensas están de forma virtual. Foto Yamil Regules.
La audiencia por delitos de lesa humanidad terminó con un abrupto final y la advertencia (otra vez) del presidente de Tribunal Oral Federal, Alejandro Cabral, de que no permitirá la diatriba entre las defensoras y los acusadores, luego de cruces que ocurrieron con sonoros calificativos y en un elevado tono de voz.
Fue por los “vuelos de la muerte” y la vinculación que se estableció (desde agosto) en el juicio neuquino con la modalidad de desaparición forzada que hubo en Buenos Aires, de tirar desde los aviones al Río de la Plata a las personas torturadas en los centros clandestinos.
La conexión se produjo por la introducción de testimonios de las defensas que los acusadores señalan como partícipes de esos operativos en Buenos Aires.
El abogado de la APDH, Bruno Vadalá, solicitó que se incorpore un documento elaborado para el juicio en San Martín (el de los “vuelos de la muerte”) donde se detalla la actividad de los pilotos y los operativos.
Agregó que supieron del documento (elaborado por el ministerio de Defensa y el de Justicia) la semana pasada, en la inspección ocular al avión que usó Juan José Capella en 1976, que se hizo en el aeropuerto de Neuquén .
Según Vadalá, allí se nombra a Capella (el piloto acusado en este juicio por trasladar desaparecidas a Bahía Blanca) y a Carlos Martínez Junor, el testigo presentado como experto por las defensoras oficiales Celia Delgado y Gabriela Labat.
Delgado rechazó la incorporación del informe y acusó a los abogados de oportunistas. Aseguró que buscaban tapar que no designaron peritos de parte para ese procedimiento.
Por su parte Labat destinó sus críticas a la fiscalía, les endilgó “desidia probatoria” y los acusó de buscar introducir en este juicio, elementos de otro “que nada tiene que ver con este proceso”.
El abogado querellante, Marcelo Medrano, se quejó ante los jueces por la petulancia de la defensora de “pretender darnos clase de derecho” durante las audiencias y además reintepretar el eje acusador.
Antes del virulento intercambio, declaró el médico Daniel Fonti, que en 1976 (cuando estaba recién recibido) fue convocado a la conscripción obligatoria en Bahía, que realizó en la delegación de Inteligencia. Dijo que lo hicieron participar de los operativos “contra la subversión”, al mando del mayor Emilio Ibarra, pero siempre permaneció adentro de un camión. Sostuvo que se sabía del centro clandestino “La Escuelita” y nombró a los los médicos militares que acudían a atender mujeres embarazadas u otras víctimas en el lugar, en el que dijo nunca haber estado. Aunque almorzaba y cenaba en el casino de oficiales, negó haber conocido a varios de los oficiales de Inteligencia que están acusados en este juicio.
“Quieren traer hechos ocurridos en otras jurisdicciones en un mismo contexto histórico, y la acusación lo llama plan sistemático”.
Celia Delgado, titular de la defensa pública federal.
Algunos imputados van a hablar en las indagatorias. Así se informó ayer en la audiencia.
El miércoles testificarán personas citadas por las defensas y la semana siguiente los imputados podrán hacer uso de la palabra. En las primeras semanas de octubre serán los alegatos. El tribunal indicó que algunos de los 15 acusados ejercerán el derecho defensista de dar su versión de lo ocurrido en junio de 1976.
En los seis juicios anteriores pocos fueron los que se defendieron por este mecanismo. Los que accedieron a hablar denostaron la interpretación de la fiscalía y querellas de los reglamentos militares, aseguraron desconocer los secuestros y detenciones ilegales, arguyeron haber estado de viaje cuando se produjeron los secuestros en Neuquén, Cinco Saltos, Cutral Co, Roca, Cipolletti, San Martín de los Andes o Bariloche y dijeron haber estado al margen de los operativos militares y desconocer los lugares de tortura durante la última dictadura.
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