Esperan estudio para decidir si traen más presos a Senillosa

La justicia federal ordenó la realización de una inspección ocular y una planimetría para decidir si autoriza el traslado de nuevos internos a la cárcel de Senillosa. Las pericias se realizaron el martes tras la audiencia por el hábeas corpus colectivo que intenta impedir la instalación de camas cucheta para duplicar la capacidad en celdas unipersonales.

“Se concurrió con peritos que tomaron las medidas de todos los lugares, se observaron los muebles y cómo quedarían configuradas las celdas. La próxima audiencia se va a llamar cuando las conclusiones estén disponibles porque será parte de la prueba que tenemos que analizar”, explicó la fiscal federal Cristina Beute, quien presentó la acción junto al defensor Pablo Matkovic y la Procuración Penitenciaria.

La pretensión del Servicio Penitenciario Federal es trasladar al complejo de Senillosa al menos a 50 internos desde las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza. Esto en función de un acuerdo firmado entre el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, con su par de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, para descomprimir la situación de hacinamiento que presentan las cárceles bonaerenses a partir de un “reacomodamiento” en las federales. El convenio implicaría el traslado de unos 3.000 detenidos en un plazo de dos años.

Beute fundamentó su oposición en función de “las condiciones mínimas de alojamiento digno” que deben tener las celdas y a la vulnerabilidad de la población detenida en esos pabellones, que alojan a agresores sexuales.

“No se entiende por qué no se decreta la emergencia penitenciaria en lugar de firmar convenios para aumentar la superpoblación”, cuestionó. En el país, las plazas están excedidas en un 7%.

El Ministerio de Justicia de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires firmaron un convenio para trasladar 3.000 detenidos a otros sitios de reclusión.