Espionaje en Madrid

ALEARDO F. LARÍA *

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, investiga en España una operación de espionaje ilegal que tuvo lugar en el año 2017, durante el gobierno de Mariano Rajoy, presidente en ese entonces del Gobierno y líder del Partido Popular.

La denominada operación Kitchen utilizaba las redes del Estado para obtener información sobre quien fuera el tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. El tesorero del PP, si bien ya había sido condenado a 33 años de prisión y una multa de más de 44 millones de euros por evadir impuestos y embolsar varios millones en comisiones por facilitar contratos públicos a la denominada red Gürtel, conservaba información sensible que podía dañar al presidente del Gobierno.

La operación ilegal de espionaje sobre un ex cargo del Partido Popular tiene interés para Argentina porque guarda enorme semejanza con la operación ilegal de espionaje realizada durante el gobierno de Mauricio Macri por la Agencia Federal de Inteligencia sobre figuras de su propio partido y dirigentes de la oposición. Permite también comparar el diferente tratamiento de la prensa de ambos países sobre un caso similar.

Según la sentencia de la Audiencia Nacional, Luis Bárcenas había sido una pieza fundamental en “el sistema de defraudación al erario público” montado por el empresario Francisco Correa durante el gobierno de José María Aznar. Como tesorero del partido, Bárcenas contactaba con diferentes cargos públicos en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas para conseguir la adjudicación de contratos de obra pública. Luego, en la fase de ejecución esos contratos, se incrementaban en un porcentaje que era repartido entre los que participaban en el acuerdo.

Las cuentas de Bárcenas en Suiza llegaron a acumular 48 millones de euros en el año 2007 con fondos provenientes de comisiones que recibía por su gestión de intermediación.

El jefe de la asociación ilícita, Francisco Correa, fue condenado a 51 años de prisión por su participación en estos hechos.
Cuando Mariano Rajoy sustituyó a Jose María Aznar en la presidencia del Gobierno español, en una pieza separada del caso Gürtel, se continuaba investigando la denominada “caja B” del Partido Popular.

Por consiguiente el Gobierno de Rajoy estaba interesado en hacer un control de daños sobre la información que manejaba Bárcenas y, a estos efectos, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz instruyó al comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo, máximo responsable de la Comisaría General de Información -un departamento que se encarga de seguimientos y escuchas en asuntos que comprometen la seguridad del Estado- para apoderarse de la información comprometida que el ex tesorero del PP guardaba sobre dirigentes del partido.

A estos efectos consiguieron comprometer al chofer de Bárcenas quien cobraba 2.000 euros mensuales que salían de las arcas públicas por la información que obtenía escuchando las conversaciones telefónicas del ex tesorero durante sus traslados en automóvil. El chofer de Bárcenas no se llamaba Oscar Centeno sino Sergio Ríos, pero es inevitable relacionar un personaje con el otro.

No ha sido esta la única actuación de los servicios de información del Estado que ha tenido lugar fuera de la legalidad y sin control judicial. También en la mira de la Comisaría General de Información estaban los líderes independentistas catalanes que en el año 2017 fantaseaban con lograr la independencia de Cataluña.

Según noticias que entonces circularon en la prensa, se sabía que el Gobierno había obtenido de modo ilegal información fiscal sobre esos dirigentes y, en especial, sobre los ex presidentes de la Generalitat, Jordi Pujol y Arturo Mas y del entonces presidente en ejercicio Carlos Puigdemont. El presidente Puigdemont se había comprometido a celebrar un referéndum en el plazo de un año.

Finalmente la consulta se llevó a cabo el 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia condujo a prisión a los miembros del Gobierno de la Generalitat, excepto los que había podido salir del país antes de que se presentara la querella por rebelión ante el Tribunal Supremo.

Las semejanzas entre el caso de espionaje ilegal detectado en Madrid y los espionajes que llevó a cabo en Argentina la AFI son notables.

Dada la gravedad institucional que supone la denominada operación Kitchen, los partidos de coalición de izquierdas en el actual Gobierno que presidente Pedro Sánchez, han anunciado la voluntad de impulsar una comisión de investigación en el Congreso. Solo resta añadir que las semejanzas entre el caso de espionaje ilegal detectado en Madrid y los espionajes que llevó a cabo la AFI en Argentina son notables. En ambos casos se han utilizado los aparatos de inteligencia del Estado para recabar información sensible sobre los adversarios políticos e incluso sobre algunos dirigentes del propio partido en el poder.

La búsqueda de esta información sensible respondía no solo a un deseo irrefrenable de curiosidad política sino también a la búsqueda de información que permitiera eventualmente armar causas en procesos penales o amenazar con iniciarlas. En ambos casos estamos ante partidos conservadores de derecha que no han tenido escrúpulos en utilizar las herramientas que brinda el Estado con fines partidistas. La notable diferencia entre Madrid y Buenos Aires es el tratamiento ofrecido por la prensa.

En España la noticia ha encabezado las portadas de todos los diarios sin excepción y sigue siendo objeto de atención preferente. En Argentina, en cambio, los diarios que presumen de alta alcurnia republicana han pasado de puntillas sobre los graves hechos de espionaje ilegal que comprometen al Gobierno del ex presidente Mauricio Macri.

*Abogado y periodista