Estado de derecho para todos



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El reciente debate sobre el caso del policía Luis Chocobar demuestra cómo, una vez más, nuestro país no deja de pendular entre los extremos en asuntos tan delicados como la seguridad, las libertades civiles y los derechos humanos.

El debate comenzó hace unos días, cuando se conoció que Chocobar –un policía que mató a un ladrón que, junto con un cómplice, había asaltado y apuñalado en reiteradas oportunidades a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca– había sido procesado por homicidio con exceso en la legítima defensa. El caso desató un debate que incluyó el respaldo explícito del presidente Mauricio Macri al accionar del efectivo y varias intervenciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionando al juez y explicando la “nueva doctrina” de seguridad. El viernes tanto el fiscal general como el defensor del agente pidieron su sobreseimiento ante la Cámara del Crimen.

El caso fue presentado como “un cambio de paradigma” respecto de la era kirchnerista, cuando según el actual gobierno se había deslegitimado a las fuerzas policiales y se había hecho de la inacción ante el delito una política de Estado. “Estamos cambiando la doctrina de la culpa de la policía”, “Vamos a invertir la carga de la prueba”, “En cualquier país civilizado, el Estado lo que hace es darle la presunción de inocencia a su policía, no al revés”, “Si una persona metió diez puñaladas, no acató la voz de alto, siguió corriendo con un arma y podía agarrar a un tercero, el policía tiene que hacer lo que hizo Chocobar”, fueron algunas definiciones de Bullrich.

Más allá de la situación particular del policía, lo preocupante fueron algunas actitudes y definiciones del gobierno en este caso.

En primer lugar, el respaldo abierto y las duras críticas al juez, una forma de presionar a la Justicia, cuando aún no se conocía exactamente lo que había pasado. Después de que Macri recibiera al agente se difundió un video que refuta la idea de “enfrentamiento” y “amenaza con un arma” a Chocobar y se ve que el ladrón, Juan Pablo Kukoc, recibe los dos disparos desde atrás cuando corría intentando escapar. También se puso en duda que Kukoc estuviera armado (no tenía un cuchillo cuando cayó abatido) y que fuera el autor de las varias puñaladas que recibió la víctima. Tres testigos señalaron que tras el robo persiguieron a Kukoc y le quitaron la cámara robada, sin usar armas, antes de que llegara el policía de civil. Ninguno fue herido.

Todas las encuestas señalan que la enorme mayoría de la gente respalda lo hecho por el policía en este caso, dato que sin dudas tuvo en cuenta el gobierno. Pero vivimos en un Estado de derecho, donde la definición de quién comete delitos o no corresponde a un Poder Judicial que debe someterse estrictamente a las pruebas y la letra de la ley, y no a nuestras emociones o preferencias morales y políticas. Por despreciable que nos parezca el ladrón, tiene los mismos derechos y garantías que cualquier ciudadano, máxime cuando lo protege la presunción de inocencia. Y el policía tiene las mismas obligaciones, o superiores, que el resto, ya que el Estado le entregó un arma letal para hacer cumplir la ley y para su defensa propia, no para transformarse en un verdugo que ejecute una pena de muerte informal sin juicio previo. Como señaló el constitucionalista Andrés Rosler, “En el ordenamiento jurídico argentino solamente se puede actuar en legítima defensa, jamás en legítimo ataque”, doctrina que parece querer instalar Bullrich. Una cosa es darle apoyo y confianza a las fuerzas de seguridad, como corresponde dentro de un proyecto integral de acción contra el delito, y otra muy distinta es avalar cualquier accionar de sus agentes como único plan.

Como señalara uno de los padres fundadores de nuestra república, Juan Bautista Alberdi, “El magistrado que mata sin proceso es un asesino, aunque mate a un asesino. Las garantías no son para los buenos, sino para los buenos y los malos, como la luz del sol”. De otro modo se volvería al estado de naturaleza imaginado por los contractualistas, donde la venganza y la violencia privada reemplazan la ley como forma de resolver los conflictos.


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