Dudas y expectativas por el inicio de la ley para escriturar tierras en Río Negro

Es la norma que permitiría acceder a la escritura de una vivienda a valor social. El lunes la gobernadora presentó en Bariloche a la primera beneficiada.

Se estima que hay miles de familias en condición de regularizar su situación dominial con la Ley Pierri. Archivo

Se estima que hay miles de familias en condición de regularizar su situación dominial con la Ley Pierri. Archivo

La firma de la primera escritura de regularización dominial en Bariloche enmarcada en la ley nacional 24374 generó gran expectativa entre aquellos que tienen trámites similares que están empantanados desde hace años y esperan que la provincia agilice las gestiones.

La llamada “ley Pierri” establece un mecanismo de certificación de derechos y titularización definitiva para quienes ocupan lotes no reclamados por sus titulares durante varios años y les permite acceder a la escritura sin los costos de un juicio ordinario.

Pero la apertura de esa vía, muy promocionada hace tres años cuando la provincia reglamentó la ley, defraudó a cientos de personas que iniciaron su expediente y nunca lograron avance alguno.

El lunes último la gobernadora Arabela Carreras y las autoridades del IPPV otorgaron la primera escritura a Ángela Alarcón, una vecina de esta ciudad que había empezado el trámite cuando sus chicos “eran chiquitos”, y hoy el mayor tiene ya 24 años.

Los integrantes de la mesa de organizaciones de la tierra, que siguen la aplicación de la ley Pierri desde hace largo tiempo, dijeron que el acto los tomó por sorpresa y que no conocen a la mujer ni saben de qué barrio es.

El presidente del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas, Javier Giménez, tampoco pudo aclarar ese dato y aventuró que es “de Villa Llanquihue o de Virgen Misionera”, donde hay muchísimos vecinos que esperan su regularización.

Giménez dijo que fue uno solo expediente resuelto y no una tanda porque la provincia decidió “tomar un caso testigo”, a modo de prueba, para seguir luego un procedimiento similar con el resto.

Explicó que el municipio interviene solo como iniciador de los expedientes, pero la potestad de otorgar las escrituras es provincial. “Se venía trabajando hace mucho con ésto y se trababa siempre, porque faltaba la agrimensura, por un papel mal hecho, porque eran o no extranjeros, porque el colegio de Escribanos no otorgaba el acta notarial -enumeró-. El valor de este caso es que ahora ya se comprobó cómo es y permitirá avanzar por ese lado”.

En 2017 el municipio había convocado a inscribirse a los aspirantes a regularizar por la ley Pierri, realizó talleres de asesoramiento y llegó a hablar de plazos para la regularización (“un año”, escucharon algunos), pero las gestiones nunca prosperaron.

Giménez dijo que la decisión entonces fue frenar todo “hasta solucionar el tema con la provincia y con los escribanos”. Señaló que el municipio tiene iniciadas “unas 500 carpetas” y calculó que en Bariloche “hay entre 5.000 y 8.000 familias que podrían entrar en la ley Pierri”.

Quieren que se replique 

Graciela Fernández, dirigente de Villa Llanquihue, que integra el Consejo Social de Tierras, señaló que la ley serviría para que obtengan sus títulos “mucha gente que vive de manera irregular hace 50 ó 60 años, que tuvo hijos y nietos en el lugar”. Dijo que tiene registro de muchos casos en distintos barrios de Bariloche pero desconocía a Ángela Alarcón. Tampoco sabe cómo fue seleccionada y por qué su trámite se pudo completar antes que otros. “Para nosotros es un avance, lo celebramos muchísimo”, aseguró Fernández.

Dijo que destrabar la intervención con los escribanos es lo más importante, “porque hasta ahora no se arriesgaban a hacer la inscripción notarial”. 

Según la dirigente, la ley Pierri “para Bariloche es una herramienta fundamental”, porque son muchas las familias que esperan su regularización y que llevan años “de juntar papeles y de escucha negativas”. Dijo que la ley “da la posibilidad de pagar la escritura 'a precio social', y cuando empezó todo (hace unos cinco años) el costo era de 6.500 pesos”. 

Giménez dijo que en el caso firmado el lunes, “de todo el costo se hizo cargo la provincia”. Fernández señaló que “de ser así es un dato clave, porque el resto de los solicitantes que esperan entrar en la ley van a reclamar lo mismo”. 

Señaló que desde la mesa de organizaciones de la tierra tomaron nota de lo ocurrido y se disponen a “empujar para todo esto tenga continuidad y no haya sido una fotito y nada más”.


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