Fallo a favor de más de 200 chicos en riesgo

Amparo reveló graves falencias en Desarrollo Social. El ministro Arroyo será multado si no cumple en 60 días.





corrupción de menores en Viedma

Después de dos años y en medio de las críticas desatadas por los casos de corrupción de menores en Viedma, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a un amparo presentado por la Defensora de Menores de la Segunda Circunscripción y obligó al ministro de Desarrollo Social, Ricardo Arroyo, a brindar atención inmediata a más de 200 niños, niñas y adolescentes de Allen, Roca y Regina que están en situación de vulnerabilidad social desde 2012.

Además, le asignó un plazo de 30 días para elaborar el listado de los profesionales que deberán atender las “urgencias” por fuera del horario administrativo que desempeñan los operadores de ese organismo. En caso de que no cumplan, Arroyo y los funcionarios a su cargo podrían ser sancionados económicamente.

Los casos no son nuevos. Y fue la propia defensora de Menores, Alicia Terraza, quien al advertir la situación de riesgo de los niños, en 2013 interpuso la acción de amparo.

Surge de la sentencia que ocho veces debió ser intimado el Ministerio de Desarrollo Social para que responda los pedidos de informe a la justicia, dos de ellas bajo apercibimiento de imputar penalmente por “desobediencia judicial” a los funcionarios del área. Y al menos tres veces la justicia les concedió prórrogas a los plazos requeridos. Pero pasaron dos años y las soluciones nunca llegaron.

En su escrito la Defensora de Menores de Roca detalló la situación en tres ciudades por casos que no fueron judicializados y que se remitieron directamente al Programa Proteccional vigente. Puntualizó que en Allen había 20 “situaciones” que fueron denunciadas por adultos y que involucran a niños en situación de riesgo y vulnerabilidad “por ser víctimas de abuso, malos tratos, negligencia, abandono o se encuentran en riesgo social”. Otras 30 había ese año en Roca (casos de violencia emocional, maltrato infantil, abandono, falta de cuidados, riesgo social, violencia familiar, negligencia) mientras que en Regina se detallaron otras 17 por casos similares.

“El Órgano de Aplicación (el Ministerio de Desarrollo Social) está omitiendo el cumplimiento de las normas internacionales, nacionales y provinciales de promoción y protección de los derechos de los niños/as y adolescentes que necesitan un abordaje urgente a través del programa vigente para evaluar y accionar, en resguardo de sus derechos, que se encuentran vulnerados”, indicó la amparista.

Ante un primer pedido de informes al ministerio, la entonces subsecretaria de Protección Integral, Ana Calafat, admitió la situación y respondió que existía una “mayor demanda de intervención” por la cual “la capacidad operativa del personal se ha visto desbordada”.

El juez de STJ Sergio Barotto resolvió sobre el amparo y destacó el “desinterés puesto de manifiesto por el Ministerio de Desarrollo Social, evidenciado en las demoras y omisiones para contestar los requerimientos que en la causa se le han efectuado, así también en los informes genéricos y carentes de precisión que ha presentado, comportamientos que resultan, a mi criterio, demostrativos de ausencia de voluntad en cuanto a buscar -y encontrar, que es lo que realmente importa- una solución a los complejos y delicados casos planteados”.

Reprochó el comportamiento “dilatorio y reticente (de los funcionarios de Desarrollo Social) frente a las situaciones denunciadas”. Y agregó que resultaron “inaceptables” los informes remitidos por ese organismo, pues evidenciaron que en la delegación Alto Valle Centro del ministerio no sólo “desconocen” el número de chicos afectados sino que además no pueden especificar el nivel y grado de problemáticas que presentan.

“La sola presencia de ‘listas de espera’ en un órgano estatal proteccional, en casos en que niños, niñas o adolescentes ven vulnerados sus derechos constitucionales por efectos del abandono, el maltrato (físico y/o psicológico), violencia (social o familiar), etc. es de por sí un dato insoslayable para tener por cierto que aquél órgano -en el caso, dependiente del Poder Ejecutivo- no cumple con sus obligaciones”, dijo Barotto.


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