Fallo indigno

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Para asombro de los convencidos de que por fin el país había logrado dejar atrás una tradición autoritaria de características similares a las reivindicadas por las distintas variantes del fascismo corporativo, tres jueces acaban de condenar a Bernardo Neustadt y a un canal de televisión a pagar 80.000 pesos a una colega que se sintió agraviada no por un comentario formulado por el periodista mismo sino por lo dicho por una persona con la cual hablaba durante una emisión de su programa «Tiempo Nuevo», en 1993. Como es natural, este fallo ha desatado una ola de protestas por basarse en el presupuesto de que los periodistas son plenamente responsables por lo que otros dicen, lo cual es absurdo. De imponerse el criterio de los jueces Claudio Kipper, Eduardo Ferme y Julio Moreno Hueyo, los cuales ratificaron un fallo de primera instancia de 1998, los canales televisivos tendrían buenos motivos para cancelar todos los programas en vivo porque de otro modo no les sería dado censurar de antemano las opiniones de los ciudadanos a fin de no verse obligados a pagar cuantiosas multas. Puede que en ciertos períodos del pasado, cuando el país estuvo en manos de dictaduras resueltas a manejar los medios de difusión, tal arreglo hubiera parecido perfectamente lógico, pero mal que les pese a algunos en la actualidad la Argentina es una democracia y con escasísimas excepciones todos sus dirigentes están comprometidos con la libertad de expresión. Por supuesto, esto no quiere decir que los presuntamente agraviados no tengan derecho a querellar a quienes los difaman, sólo que deberían limitarse a iniciar juicio contra los considerados culpables de hacerlo.

Por razones que parecen evidentes, ciertos jueces propenden a actuar con severidad llamativa en los casos relacionados con injurias cuando el afectado es miembro de su propia corporación, lo cual hace pensar que, tal como ocurre cuando es cuestión de los sueldos y derechos previsionales de los jueces, lo que los preocupa tiene menos que ver con los principios legales a los cuales aluden en sus sentencias que con su propio status colectivo. De ser éste su objetivo, su actitud difícilmente podría ser más contraproducente. Si bien habrán logrado complacer a una compañera, los tres magistrados responsables del fallo contra Neustadt y Telefé han contribuido a desprestigiar todavía más, si fuera posible, la Justicia en nuestro país. En efecto, desde hace varios años han sido tantos los escándalos protagonizados por jueces y tantos los fallos raros que a esta altura ninguna persona informada puede confiar en el sistema, motivo por el cual son cada vez más los que están en favor de declarar una emergencia judicial para permitir separar a los indignos, que con toda seguridad constituyen una minoría, de los claramente idóneos.

Aunque la conducta escandalosa de ciertos jueces y la ignorancia patente de otros, los cuales, por lo común, fueron nombrados a raíz de sus vínculos con políticos influyentes, han hecho mucho por perjudicar la reputación de la Justicia, dichos magistrados son en última instancia menos peligrosos que aquellos que aprovechan su posición para promover ideas y actitudes que son incompatibles con el pluralismo democrático. Tarde o temprano, los bribones y los deficientes se las arreglarán para provocar su propia caída en desgracia, obligando así a los legisladores a amenazar con someterlos a juicio político. En cambio, los que son honestos como personas y que dominan técnicamente su oficio, pero que también están consustanciados con ideologías totalitarias, conceptos indisimuladamente corporativos o dogmas religiosos intolerantes pueden dedicarse a socavar las bases del sistema democrático – de las cuales una, acaso la más importante, consiste en el respeto por la libertad de prensa – , sin correr los mismos riesgos. De todos modos, por estar en juego un principio fundamental, el abogado de Neustadt no tuvo otra alternativa que la de presentar ante la Corte Suprema un recurso por arbitrariedad y violación de derechos consagrados por la Constitución, y si la Corte cohonesta la aberración, tendrá que llevar el caso a los tribunales internacionales.