Fiscal federal de Bariloche pidió investigar los ataques en la Cordillera

La funcionaria requirió la instrucción y solicitó a la jueza que asuma la competencia. El Gobierno de Río Negro denunció los incendios y que hay “una organización” que promueve “una lucha insurreccional contra el Estado argentino”. No menciona la Ley Antiterrorista.

La fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, formuló el requerimiento de instrucción y le solicitó a la jueza Silvina Domínguez, que subroga el juzgado federal de Bariloche, que asuma la competencia para investigar quiénes están detrás de los ataques incendiarios perpetrados en El Bolsón y en Bariloche. También para determinar si se trata de actos terroristas.

Little solicitó a Domínguez que se declare competente para intervenir en la causa. Y propuso, como primera medida, solicitar al Ministerio Público Fiscal provincial, con sede en Bariloche, “que aporte copias digitales de los legajos en los que se investigan los dos hechos descriptos para, en base a ello, luego adoptar el resto de las medidas de prueba que la instrucción demande”.

Little recibió la denuncia formulada por el fiscal de Estado (y ex secretario de Seguridad y Justicia de Río Negro), Gastón Pérez Estevan, y el adjunto, Luciano Minetti Kern, tal como lo había anunciado la gobernadora Arabela Carreras. Y requirió la instrucción del sumario a la jueza federal ante la presunta comisión de un delito de acción pública. Aunque no hay ninguna mención a la Ley Antiterrorista en el escrito, al que accedió RÍO NEGRO.

Los denunciantes relataron que la noche del 3 de octubre pasado ocurrieron dos episodios en la zona de “confeso contenido de coerción ideológica e intimidatoria”. Aseguraron que esos dos hechos “habrían sido ejecutados coordinadamente por un grupo cuyo objetivo consiste en imponer en forma violenta sus ideas políticas”.

Expusieron que esa noche, “entre las 21.30 y las 23.30, tres personas encapuchadas, una de las cuales estaba armada, ingresaron a la casa ubicada frente al predio de Vialidad Nacional”, situado en el camino viejo al Cerro Catedral, en Bariloche.

“Maniataron a sus ocupantes, les taparon la cabeza y los llevaron a un dormitorio en la parte trasera, en donde les quitaron las llaves y los celulares. Luego cortaron la luz y mencionaron que eran “de la comunidad”, que “el problema no era con ellos”, para finalmente dejar una nota sobre la mesa y marcharse”, afirmaron en la denuncia, detalló Little.

“Carreras, (Betiana) Cendón, (Francisco) Arrien, (Ricardo) Calcagno. Los niños mapuche crecerán y vencerán en el weichan la tierra no se vende, se defiende. Fuera winkas terratenientes de wall mapu”, decía la nota. Después, según los denunciantes, esas personas “incendiaron” la casa, que se utiliza como vivienda, una máquina cargadora, una motoniveladora, un depósito de sal y arena.

Además, afirmaron que cerca de la medianoche de esa jornada, “autores desconocidos incendiaron la Oficina de Turismo de El Bolsón presuntamente utilizando para ello nafta y la combustión de algún elemento capaz de arder a llama libre, tal y como concluyeran los peritos actuantes”.

“Los Fiscales de Estado denunciaron que, si bien por esos episodios intervienen las dependencias del Ministerio Público Fiscal provincial pertinentes, lo cierto es que los mismos denotan, a su vez y en forma escindida, la existencia de una organización que tiene por objetivo imponer sus ideas por medio de la fuerza”, sostuvo Little.

Pérez Estevan advirtió en la denuncia que esa organización busca, “puntualmente, promover una lucha insurreccional contra el Estado Argentino y su Constitución Nacional, por considerarlo ilegítimo, procurando imponer mediante la violencia y el terror sus opiniones y apartándose del acuerdo constitucional que vincula a la sociedad en su conjunto”.

Planteó que los miembros de esa organización “materializarían una persecución por odio racial hacia los “winkas”, esto es, hacia el conjunto de ciudadanos “no mapuche”.

Los denunciantes destacaron que tras los ataques “se difundió a través de redes sociales y de otros medios periodísticos un comunicado por medio del cual un grupo identificado como “RAM-MAP -UAL Nahuelhuapikeche” se adjudicó” el incendio en el predio de Vialidad.

“Entiendo que nos encontramos ante la posible comisión de un delito de acción pública en infracción al artículo 213 bis del Código Penal en relación con el cual los denunciantes postulan la aplicación de la circunstancia agravante prevista por el artículo 2 de la Ley 23.592 de Penalización de Actos Discriminatorios”, afirmó Little. Y solicitó a Domínguez resolver la petición de la Fiscalía de Estado provincial que pretende ser querellante en la causa.


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