Frenan más tomas en el fallido barrio San Juan de Bariloche

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SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez Martín Lozada dictó una medida de no innovar que impide la realización de nuevas construcciones o la instalación de más casillas en las tierras de Germán González Lera que estuvieron comprometidas para el desarrollo de fallido consorcio barrio San Juan. La toma fue iniciada el 28 de junio por unos 60 damnificados del plan de viviendas que administraba el dirigente de UPCN, Juan Kopprio, que se encuentra prófugo de la justicia, y sus socios Juan Azocar y Claudio Oyarzún. Los ocupantes fueron denunciados por el propietario de las tierras, que mantuvo una posición contemplativa hasta que observó la realización de importantes desmalezamientos y movimientos de suelo con maquinarias. Durante la inspección ocular realizada el viernes, Lozada constató la implantación de 28 casillas precarias y la presencia de una máquina retroexcavadora realizando “desforestaciones para facilitar ocupaciones”. En la medida precautoria dictada ese mismo día el magistrado señaló que “resulta manifiesto el perjuicio que nuevas e ininterrumpidas ocupaciones en el predio denunciado pueden en lo sucesivo acarrear”. En tal sentido destacó que el ingreso de nuevos ocupantes traerá “como efecto distintivo la imposibilidad de delimitar el perímetro de la investigación, dilatando la resolución de los hechos objeto del proceso, con el consiguiente menoscabo a los intereses del denunciante”. También advirtió la “desnaturalización del terreno” provocada por la “introducción de cambios y reformas por él indeseadas”. La medida de no innovar se extiende sobre todo el predio que González Lera posee Esandi y Las Victorias e impide que cualquier persona pueda desplegar una construcción adicional a las constatadas durante la inspección ocular ni efectuar mejoras en las que ya se encuentran dentro de la toma. Tampoco se podrá abrir caminos, producir desmontes ni introducir modificaciones sobre el terreno. La decisión judicial fue notificada a todos los ocupantes con la advertencia de que ante cualquier incumplimiento incurrirían en el delito de desobediencia. En los primeros días de la toma los ocupantes mantenían un diálogo abierto con González Lera con la intención de negociar los lotes que, en muchos casos, se habían pagado por completo a Cospat SRL, la gerenciadora de la fraudulenta urbanización. De hecho el propietario solo había realizado una exposición policial aclarando que había permitido la ocupación mientras se resolvía la instancia de diálogo.