Fruticultura: las políticas de Estado brillan por su ausencia

Crisis de la producción frutícola

En los últimos meses hemos alertado -ya con la crisis expuesta, de la que también veníamos advirtiendo- sobre la posibilidad de que el sector frutícola ingresara en el estado terminal en el que hoy se encuentra. Repasando la historia de la principal actividad económica de Río Negro, hay que reconocer que hemos asistido a desequilibrios como en la década del 90, pero nunca de la magnitud y las consecuencias que conllevará el actual desmadre.

Si analizamos la fruticultura como un todo uniforme, una porción importante del problema actual puede buscarse principalmente en los factores exógenos o macroeconómicos: tipo de cambio atrasado (sobre todo el bilateral), carga impositiva creciente, inflación en dólares en todos los ítems que componen el costo de producción y devaluación de las monedas de nuestros competidores externos, entre otros.

Lo expuesto configura la base de la falta de rentabilidad de ésta y otras economías regionales, lo que deja claro que no es un problema exclusivo de la manzana y la pera. Aquí la responsabilidad excluyente es del gobierno nacional actual, que es el que define la política macroeconómica del país.

Pero, además, en los últimos años el gobierno nacional (y el provincial mientras fue su aliado político) se la pasó negando de forma sistemática esta realidad. Nada que no hayamos visto antes con otros temas como la inseguridad, la inflación y la pobreza.

A la coyuntura actual se suma la situación de los mercados externos: la caída en las importaciones de peras y manzanas rionegrinas por parte de Rusia, con una merma del 50%, y Brasil, con un 40%. Nuestro socio del Mercosur, además, cerró la frontera durante 40 días bajo el argumento de la existencia de problemas sanitarios. La Unión Europea también restringió sus importaciones. De ahí, los más de 300 millones de kilos de peras y manzanas que quedaron en la planta como una de las consecuencias más impactantes de esta temporada.

Lo expuesto afecta el complejo frutícola en su conjunto, pero el impacto no es uniforme ni mucho menos. Desde la década del 80 -y más fuerte durante los 90-, el sector se ha ido reconvirtiendo hacia un dominio del capital transnacional concentrado que llevó a un empobrecimiento, vulnerabilización o directamente a una creciente expulsión de los actores originales, los pequeños chacareros, del sistema (1).

En la actualidad, con las fusiones acaecidas en los últimos años, más del 80% de las exportaciones de peras y manzanas de Río Negro están concentradas en seis empresas o holdings. Aún permanecen en el sistema, sumando Río Negro y Neuquén, unos 2.700 productores, de los cuales el 60% tiene superficies productivas de menos de diez hectáreas (2). Y, más aún, dichos productores ocupan sólo un 16% de la superficie total, lo que habla de un proceso acentuado de concentración en la tenencia de la tierra.

Ante esta disparidad de fuerzas la variable de ajuste resulta siempre el pequeño productor y, por supuesto, los trabajadores rurales, los dos grandes perdedores del negocio. Y acá no siempre hay inacción de los gobiernos nacional y provincial, sino falta de comprensión, ineficacia o, directamente, complicidad con el capital concentrado de la cadena de valor frutícola.

La desestimación y la falta de actualización del Plan Frutícola Integral (PFI) son la más clara señal de la nula voluntad para llevar adelante una política de Estado en la materia. Pero ¿en qué consistía este plan? En un acuerdo de trabajo conjunto entre la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), la Cámara Argentina de la Industria y Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines (Cinex) y las provincias de Río Negro y Neuquén, con el apoyo la ex-Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (hoy ministerio) y la participación activa del INTA, el Senasa y la Universidad Nacional del Comahue para discutir, planificar y ejecutar acciones compartidas que atendieran los problemas de fondo de la fruticultura.

Los once foros territoriales que permitieron su construcción participativa pusieron en evidencia como coincidencia más significativa la necesidad de políticas de mediano plazo definidas con participación de los actores públicos y privados. Nada de eso ha ocurrido.

Los Estados provincial y nacional, como grandes actores reguladores, deben fijar una posición política clara respecto del modelo que se pretende para el sector y si no hace nada para equilibrar y redistribuir esa plusvalía no habrá un desarrollo armónico y equitativo, muy por el contrario. Es decir: se pueden exportar 1.000 millones de dólares de peras y manzanas, pero si el 90% de esos ingresos se concentra en media docena de manos los pequeños y medianos productores seguirán corriendo en desventaja.

En este esquema, la no fijación de precio cierto al productor y el no establecimiento de una fruticultura por contrato que transparente la rentabilidad de cada eslabón de la cadena de valor convierten al pequeño productor en la variable de ajuste del sistema.

Para muestra, dos botones: a) en abril de 1999, en el ocaso de la convertibilidad, el conjunto de firmas empacadoras oligopólicas (oligopsónicas) se presentó en convocatoria de acreedores una vez recibida la fruta de la cosecha, cuando debía comenzar el pago a los productores; b) inmediatamente después de la caída de la convertibilidad las empresas cobraron en dólares al nuevo tipo de cambio y pagaron la fruta al productor en pesos (3), en una clara transferencia de ingresos a favor del sector concentrado del negocio. De allí la insistencia en la intervención del Estado.

La legislación existe en Río Negro, pero no se aplica porque no hay voluntad política para ello. De hecho, la Justicia falló en todas sus instancias a favor de los productores en la aplicación de las leyes de transparencia y contractualización (4).

El Estado, los gobiernos nacional y provincial, deben intervenir ahí. ¿De qué vale una disminución de retenciones si éstas no llegan al pequeño productor? ¿De qué sirve un subsidio del que -aunque lo reciba el productor- terminará apropiándose el empacador/comercializador por las distorsiones expuestas?

Si no se ataca el meollo de esta cuestión, en los años “buenos” el capital concentrado se quedará con la mayor parte de la renta generada por el negocio y en los años “malos” los pequeños e “ineficientes” productores, con los subsidios otorgados por el Estado, pagarán los quebrantos de toda la cadena.

Es hora de pensar sistémicamente los problemas estructurales de la fruticultura en toda su complejidad, promoviendo un acuerdo concertado público-privado de mediano y largo plazo sobre la base de los objetivos y metas que oportunamente se plantearon en el PFI. Paridad cambiaria competitiva junto con la sanidad y reconversión varietal, transparencia, contractualización y determinación de precio cierto al productor, haciendo cumplir la legislación provincial y promoviendo una legislación nacional acorde.

A esto, sumar financiamiento garantizado plurianual, orientado y supervisado con metas de cumplimiento y con involucramiento del sector financiero regional, donde los excedentes de otras actividades extractivas (como la hidrocarburífera) deberán hacer su aporte.

Estos puntos -entre otros- configuran pasos indispensables para la salida de la crisis de la actividad y el sostén al pequeño productor independiente en la cadena de valor frutícola tradicional. A la vez, en paralelo, tenemos que pensar en consolidar “otra fruticultura” donde la seguridad alimentaria, la producción agroecológica, la diversificación y la promoción del consumo interno, sustentada en los pequeños y medianos productores, conlleven a una más justa y equitativa redistribución de la riqueza y las ganancias.

Bautista José Mendioroz

Legislador provincial, bloque Raúl Alfonsín

(1) Belén Álvaro y Verónica Trpin: “Condiciones productivas y exigencias de calidad en la fruticultura de la Patagonia argentina”. Región y Sociedad 2013

XXV (58) (págs. 239-269)

(2) Informe oficial sobre la situación de la fruticultura rionegrina. Febrero del 2015. Secretaría de Fruticultura de

Río Negro

(3) Gerardo Mario de Jong:

“La fruticultura patagónica del Alto Valle: conflictos de una actividad económica ineficiente en la era del capital tecnológico”.

La Colmena, 2010

(4) Autos “Ramírez, Norma Elizabeth c/Ecofrut SA s/sumarísimo”

(Expte. Nº 7205/10), Cipolletti, 20/12/12; Cámara de Apelaciones, Cipolletti (Expte. Nº 2176/13) 21/3/13; STJ, sentencia Nº 31

(Expte. Nº 26673/13) 4/6/14

Bautista José Mendioroz