Fuerte polémica en San Martín por créditos para autoconstrucción

SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- La puesta en marcha de un plan de créditos hipotecarios provinciales para la autoconstrucción de 108 viviendas, originalmente incluidas en un demorado programa de financiamiento con fondos de la Anses, encendió aquí una fuerte polémica entre el gobierno municipal, que defiende la iniciativa, y vecinos y adjudicatarios que ponen bajo sospecha las motivaciones del oficialismo. El subsecretario de Vivienda, Sergio Winkellman, se reunió con concejales para despejar dudas sobre la propuesta. Pero un grupo de adjudicatarios hizo llegar a ese cuerpo un escrito con severos cuestionamientos, que consideran el cambio de operatoria como “una maniobra inconsulta, irrespetuosa, arbitraria y maniqueísta”. Winkellman explicó a los ediles los alcances del ahora llamado “Plan 108 Viviendas mediante sistema de autoconstrucción asistida” es “una solución más eficaz y rápida para 108 familias, que esperan desde hace cinco años una definición del gobierno nacional, que permita construir las viviendas y resolver esta importante necesidad”. Dijo que cada familia recibirá 75 mil pesos a modo de préstamo hipotecario con una tasa subsidiada, lo que les permitirá “contar con la vivienda en un plazo de un año aproximadamente”, pero además este sistema “compromete mano de obra local, compra de materiales en la localidad y participación activa de los adjudicatarios”. El subsecretario dijo el monto del crédito (mediante una operatoria del Banco Provincia) podría ser actualizado por medio del sistema de readecuación de costos. Pero un numeroso grupo de adjudicatarios sostiene que la nueva operatoria nunca pasó para su análisis por la Comisión de Vivienda, vulnerándose así la ordenanza 6.533/05. También subrayan que los adjudicatarios están pagando el terreno por la operatoria del Plan Federal II, que quedaría vulnerado con el cambio de programa. Además, afirman que el cómputo de materiales y costos en general está por debajo de las exigencias mínimas e incluso de los precios más acomodados del mercado, con lo cual deducen que es exiguo el crédito de 75.000 pesos por familia, que incluye el costo de instalación de servicios públicos. Se preguntan si no se están vulnerando derechos adquiridos de los adjudicatarios en el marco de la emergencia habitacional (ordenanza de 2008).

Los beneficiarios creen que el cambio de operatoria es una “maniobra inconsulta”.