Reclamo policial: en Bariloche llevan 11 días de acampe e inician un quite de colaboración

Las medidas se profundizan y afectan las tareas de prevención y los servicios adicionales. El Gobierno encuentra un escollo en la falta de interlocutores representativos.

Los policías en actividad de Bariloche cumplen 11 días de acampe en el Centro Cívico y se plegaron desde ayer al quite de colaboración, que afecta en las tareas de prevención en la calle que realiza cada comisaría de la Regional Tercera.

El acampe policial es cada vez más grande en la plaza Expedicionarios del Desierto donde hay cuatro carpas iglú, una fogata siempre encendida, leña acumulada, neumáticos y una carpa más grande con una lona para el resguardo del viento y las lluvias, además de una casilla rodante estacionada frente a la torre del municipio.

Los policías están decididos a mantener la protesta hasta tener respuestas del Gobierno de Río Negro que, por el momento, solo realizó un anuncio de una suma fija por única vez de 40.000 pesos para indumentaria y mejoras en las horas extraordinarias, que no conformaron al conjunto a los agentes.

En Bariloche, la protesta principalmente es sostenida por policías en actividad -aunque también en manifestaciones acuden retirados- que no comulgan con el Consejo de Bienestar Policial, que el fin de semana largo llegó a la ciudad con varios manifestantes del Alto Valle, aunque compartieron el espacio de acampe y las protestas durante la Fiesta Nacional del Chocolate, que generó el rechazo de comerciantes del centro de la ciudad que mediante una cadena de whatsapp apuntaron a una vinculación política de los manifestantes con el candidato Aníbal Tortoriello.

Fuentes oficiales no aseveraron esta acusación solo conformaron que algunos de los referentes policiales de Viedma integran las filas de Cambia Río Negro y se menciona una vinculación de otro vocero del Alto Valle con el sorismo.

Los policías de Bariloche comenzaron con quite de colaboración. Foto: Chino Leiva

Un agente que se mantiene en el acampe dijo a RÍO NEGRO que, como parte de la profundización de las medidas, desde ayer a la tarde los policías de la ciudad, al igual que de localidades de la Región Sur, se sumaron al quite de colaboraciones que ya habían iniciado en ciudades del Alto Valle.

Estimó que hay una adhesión del 85% y señaló que tomaron conocimiento que los jefes de comisarías deben confeccionar listados de quiénes se pliegan a las medidas con un claro fin sancionatorio.

El quite de colaboración implica que no se realizan tareas de prevención en la calle y no se prestan servicios adicionales, según explicó. Solo se garantizan las salidas ante un llamado al 911 o denuncias.

Los servicios adicionales que prestan los policías tienen un pago diferencial y habitualmente se trata de tareas de seguridad en bancos, supermercados y otros establecimientos o eventos. Por 4 horas de esta tarea, en promedio se paga 3.500 pesos al uniformado y además la Regional percibe del privado que contrata estos servicios, un 12%. El Gobierno prometió actualizarlo de manera trimestral (hoy es semestral).

Varias carpas y la fogata siempre prendida en el Centro Cívico de Bariloche que mantienen los policías. Foto: Chino Leiva

En Jacobacci hoy se dio una situación particular con el quite de colaboración ya que no había agentes que presten adicionales en bancos, por eso se debió derivar personal de servicio de la comisaría para esa tarea.

Además los policías tienen “horas extraordinarias” que son los habituales “recargos” cuando prestan servicio en actividades oficiales, cuyo pago es de 400 pesos la hora, una suma que el Gobierno anunció que mejorará al “doble del valor”.

Ante esta profundización de las medidas es que desde el Consejo de Bienestar Policial se puso en duda la realización de las elecciones del domingo debido a que se necesitan los servicios policiales para la custodia del comicio en las escuelas y de las urnas.

El Gobierno remarcó que los policías cobran los mismos aumentos acordados en la Mesa de la Función Pública y analizan nuevos anuncios, aunque encuentran un problema complejo la falta de interlocutores representativos del conjunto de uniformados que reclaman.

Un tema parte es el reclamo de los retirados de la fuerza cuya resolución al planteo del 40% de Zona Austral está en manos de la Anses, que depende del Gobierno nacional, y no tiene estricta vinculación con la provincia, más allá de que se hayan realizado gestiones.


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