Grietas en el blindaje judicial



Para casi todos, el que por fin la Cámara Federal penal porteña haya decidido apartar al juez Norberto Oyarbide del caso de la “mafia de los medicamentos” se deberá más al cambio de clima político que se ha registrado en el país que a las numerosas infracciones cometidas por un magistrado que, en el transcurso de los años últimos, ha acumulado en su contra una cantidad inverosímil de denuncias. Hasta el martes pasado Oyarbide podía mofarse de los muchos que criticaban su desempeño porque disfrutaba del apoyo firme del oficialismo, pero parecería que se ha visto abandonado a su suerte, lo que sería una pésima noticia no sólo para él sino también para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aquellos funcionarios o exfuncionarios gubernamentales que han sido acusados de irregularidades muy graves. De resultar ciertas sólo algunas de las denuncias que se han formulado, personajes vinculados con el kirchnerismo habrán facilitado el lavado de dinero, estafado a las obras sociales de distintos sindicatos y, lo que sería peor aún, colaborado con las bandas de narcotraficantes que pululan en el país. Por razones comprensibles, los voceros del gobierno protestarán contra “la judicialización de la política” con la esperanza de que la ciudadanía atribuya el accionar de los jueces a su supuesta voluntad de congraciarse con sectores opositores, pero es más que probable que en adelante les resulte contraproducente una táctica que, hasta hace poco, les permitió mantener a raya a los deseosos de ver entre rejas a los acusados más notorios. El vínculo, oficialmente aprobado o no, del gobierno nacional con la llamada “mafia de los medicamentos” se formó antes de la primera elección de Cristina en el 2007, ya que una proporción sustancial de los aportes privados a la campaña procedió de empresas farmacéuticas que, haciendo gala de un grado de civismo notable, entregaron más de la tercera parte del monto recaudado. Por desgracia, pronto resultará evidente que algunos de los comprometidos con el proyecto kirchnerista también aprovechaban las oportunidades posibilitadas por la expansión sumamente rápida de organizaciones delictivas relacionadas con el narcotráfico. Parecería que también hizo un aporte significante a dicha campaña el chavismo venezolano, de ahí el escándalo rocambolesco que fue protagonizado por “el valijero” Guido Antonini Wilson, que intentó ingresar al país con 800.000 dólares no declarados, pero las connotaciones de aquel asunto, que en su momento tuvo un impacto muy fuerte no sólo interno sino también externo al provocar roces con Estados Unidos, han resultado ser menos alarmantes que las planteadas por las mafias relacionadas con sustancias químicas, en especial la efedrina, que suelen usar los narcotraficantes. Si hubo dudas al respecto, “el triple crimen de General Rodríguez” de agosto del 2008, en el que fueron asesinadas tres personas involucradas en el negocio, las eliminó al recordarnos que la relación de funcionarios del gobierno con sujetos calificados de mafiosos podría tener consecuencias truculentas. Investigar las presuntas fechorías perpetradas por individuos que cumplían funciones en el gobierno kirchnerista ha sido una tarea muy difícil. Para indignación de muchos juristas, no sólo Oyarbide sino también otros jueces siempre se las arreglarían para dar a los oficialistas el beneficio de todas las dudas concebibles, propensión que, combinada con la lentitud a menudo exasperante de la Justicia local, ha asegurado que la fase final de la gestión de Cristina se vea caracterizada por la culminación de una multitud de causas que le ocasionarán problemas adicionales. Así las cosas, el revés sufrido por Oyarbide servirá para que otros magistrados entiendan que ha llegado la hora de tomar más en serio las denuncias opositoras. Por lo demás, les ha advertido que a partir de ahora no les convendría sobreseer por motivos imaginativos a los acusados de delitos tan graves como el lavado de dinero o de complicidad, por comisión u omisión, con el crimen organizado, tema éste que interesa a la jueza María Servini de Cubría, que quiere enterarse de más detalles acerca de los vínculos entre funcionarios del gobierno kirchnerista y “los narcos” y por lo tanto se afirma dispuesta a ordenar el allanamiento de la Casa Rosada.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA - Viernes 5 de septiembre de 2014


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