Hay cinco nuevos imputados en la causa Arbos
Trabajaban en la oficina del Ministerio de Salud de la Nación que otorgó los subsidios al policlínico de Bariloche en el 99. Uno sigue en funciones. Los investigarán en Buenos Aires.
JUDICIALES/POLICIALES
Una nueva lista de imputados engrosa la “causa Arbos”, en la que ya fueron juzgados y condenados cuatro importantes dirigentes de Bariloche y en la que recientemente aceptó su culpabilidad el abogado Gonzalo Madrazo. Se trata de un grupo de exfuncionarios del Ministerio de Salud de la Nación que, en 1999, intervinieron en el otorgamiento de dos subsidios al policlínico Arbos que terminaron desviados a través de empresas “fantasmas” a las cuentas de los dirigentes.
La acusación la formalizó el fiscal federal de Bariloche, Jorge Bagur Creta, el pasado 22 de julio. Lo hizo a raíz de que la sentencia del Tribunal Oral Federal de Roca que condenó a los cuatro dirigentes en abril pasado había ordenado, además, que “se ahonde la investigación con relación a la eventual responsabilidad que los funcionarios y empleados de la por entonces Administración de Planes Especiales (APE) del Ministerio de Salud de la Nación pudieran tener en los hechos”.
Fue justamente ante la APE que los condenados Omar Goye, Ovidio Zúñiga, Wálter Cortés, Víctor Carcar y Madrazo gestionaron los subsidios por casi dos millones de pesos/ dólares.
La nueva imputación alcanzó a “José Luis Lingeri, superintendente del Servicio de Salud del Ministerio de Salud de la Nación (secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias); Carlos Félix Lapadula (fallecido); Andrés Estanislao Troha; Alberto Álvarez; Enrique Quintana y Delia Suárez González; con funciones públicas de gerente general, de gestión y asesores jurídicos de la Administración de Programas Especiales (APE)”, según surge de una reciente resolución del Tribunal Oral de Roca.
Del mismo incidente se desprende que esas actuaciones deberán ser investigadas por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2 de Capital Federal “porque los hechos se cometieron en la ciudad de Buenos Aires, donde todos ellos eran empleados de la Nación”. En ese organismo, de hecho, ya existían actuaciones vinculadas con presuntas defraudaciones con subsidios.
De esa nueva lista de imputados sólo Suárez González “sigue siendo funcionaria”, señala la resolución. Según el fiscal, la mujer intervino como “asesora jurídica del APE” en el trámite del subsidio principal para Arbos e integra la planta permanente de la “subgerencia de Control de Legalidad de Subsidios por Reintegros de la Superintendencia de Servicios de Salud”.
Consta además en la causa que otros cuatro imputados “dejaron la función pública” entre el 2000 y el 2002 y que Lapadula, fallecido en 2012, “dejó la Gerencia General de la APE” en el año 2000 y se desempeñó en otros cargos del Ministerio de Salud hasta el 2011 “sin responsabilidad jerárquica”.
Redacción Central
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