Hay riesgo de que 100 juicios queden impunes: qué hizo el Tribunal Superior

El atraso preocupa. Se debe a la pandemia y a las medidas de fuerza gremiales. ¿Respuestas permanentes o coyunturales? Otra votación dividida.





Atravesado por la pandemia y por el alto acatamiento al paro de empleados judiciales, el sistema penal en Neuquén capital acumula un rojo de trabajo atrasado. Según la mayoría del Tribunal Superior de Justicia, "existe un riesgo previsible de que se genere la suspensión de juicios penales, incluido juicios por jurados populares".

Si los juicios por homicidios, robos y abuso sexual no se hacen a tiempo, se produciría "el vencimiento de los plazos y eventualmente la impunidad como consecuencia de la falta de servicio", alertaron cuatro de los cinco vocales.

Esta nota trata acerca de cómo se acumularon ese centenar de juicios y casi 900 audiencias sin hacer; cuáles fueron las dos propuestas para resolverlo y qué se decidió en la votación dividida -otra más- en el Tribunal Superior de Justicia que recién ahora trasciende.


Primero la pandemia


Juan Guaita, director de la Oficina Judicial Penal de Neuquén. (Gentileza)

El primer problema que se presentó fue la pandemia del coronavirus. El 18 de marzo de 2020 es la fecha oficial de su desembarco en la provincia; el Tribunal autorizó el teletrabajo y de un promedio de 40 audiencias diarias se bajó a 6, y sólo se hacían aquellas con detenidos (según datos de la Oficina Judicial Neuquén).

Durante julio hubo avances y retroceso sobre la vuelta de los juicios orales, y el 23 de ese mes comenzaron las medidas de fuerza del gremio de empleados, en reclamo del pago completo del aguinaldo, mesa paritaria para discutir condiciones de trabajo y aumento salarial.


Adhesión al paro


Asamblea del sindicato Sejun. (Foto: gentileza)

Otra vez según Guaita, de las 55 personas asignadas a la OfiJu sólo 6 funcionarios y 15 empleados trabajan en forma presencial (30% de la dotación); el 70% realiza tareas remotas o tiene licencia, y solo 3 empleados no adhieren al paro.

Ingresan 20 pedidos de audiencias diarias y hay que elegir: se hacen 10 audiencias o se hace un juicio.. "En este contexto, la celebración de un juicio por jurados está directamente por fuera de las posibilidades actuales de la oficina", advierte el director, a sabiendas de que toca un nervio sensible.

Propuso agendar audiencias a contraturno, de 14 a 17, con personal de otros fueros asignados a la Oficina Judicial. Y en una nota elevada al TSJ el 11S, presentó su propuesta "de fondo": ampliar la planta de funcionarios de la OfiJu y llamar a concurso urgente (está en mayúsculas en el original) al concurso de cinco cargos. Mientras llegan los permanentes, sugiere la afectación transitoria de otros "de cualquier sector".

Guaita, se recuerda, no llegó de manera pacífica a director de la Oficina Judicial. Su elección fue, acaso, la gota que desbordó el vaso de la paciencia de Oscar Massei y precipitó su renuncia como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Si alguno de los vocales levantó la voz o no en esa discusión, fue materia de otra columna.

El director de la Ofiju fue noticia hace poco. El personal lo acusó de maltrato y de tomar represalias en un examen: bochó a los 25 participantes. "Yo no regalo categorías", dijo a Río Negro. Un detalle: el Tribunal Superior es el que define quién aprueba y quién no esos concursos.

El Tribunal Superior tomó el caso del atraso en las audiencias y los juicios y resolvió por mayoría. El voto que prevaleció no hace mención al gremio Sejun, que podría tomarlo como una provocación antisindical.

Lo que dispuso fue crear cinco cargos de funcionarios y funcionarias categoría MF7 con destino a la Oficina Judicial Penal y llamar al respectivo concurso. El trámite burocrático demandará, por lo menos, dos meses.

Mientras tanto, se dispuso la afectación transitoria de cinco funcionarios de otras áreas del Poder Judicial a la OfiJu "a efectos de dar respuesta oportuna e inmediata a la gran cantidad de audiencias y juicios penales pendientes de producción".

Los votos de la mayoría pertenecen a Soledad Gennari y Alfredo Elosu Larumbe. Adhirieron el presidente subrogante, Evaldo Moya, y el vocal subrogante José Gerez.


La coyuntura permanente


El quinto vocal, Germán Busamia, expresó un voto en disidencia. Señaló por ejemplo que Guaita no "alude ni fundamenta la supuesta existencia de un problema 'estructural' que necesite una 'solución definitiva y estructural'. La problemática que se ha expuesto es claramente coyuntural y transitoria, por lo que el abordaje debe ser realizado mediante herramientas y medidas igualmente coyunturales y transitorias".

"No comparto que el incremento de planta de personal en contexto de desequilibrios funcionales transitorios, sea una medida justificada desde lo fiscal y presupuestario, cuando la cuestión se puede abordar eficientemente con soluciones que no carguen erogaciones semejantes en la actual situación financiera presupuestaria de reducción de ingresos mensuales superiores al 20% de lo proyectado en Presupuesto en curso de ejecución", alertó Busamia.

Propuso, en soledad, que se elabore "un plan de contingencia puntual y concreto para la situación provocada por la pandemia y las medidas de fuerza".


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