Hidrocarburos: obsesiones, advertencias y riesgos
magdalena odarda (*) y jorge ocampos (**)
El entusiasmo por la explotación de los hidrocarburos también se ha asentado en Río Negro, provincia que históricamente ha tenido yacimientos de petróleo y gas que formaron parte de la Cuenca Neuquina, pero se la tuvo como una actividad secundaria. Sea por las expectativas que generan los emprendimientos no convencionales para extraer petróleo y gas de rocas y arenas ubicadas a miles de metros de la superficie, método conocido popularmente como “fracking”, o por las asfixiantes situaciones que atraviesan los Estados en materia económica y financiera, lo cierto es que muchos gobernantes están convencidos de que allí está la salida para sus desventuras. Entre ellos están los administradores rionegrinos. El propio gobernador ha declarado su interés superlativo por las renovaciones de concesiones, que se abrirá con los convenios que firmaría en el curso del mes con la brasileña Petrobras y seguirá con otras en los meses siguientes. Todos estos contratos tienen previstos trabajos de exploración y explotación a mediano y largo plazo, aunque vale señalar que la “exploración” es casi una formalidad. Las empresas tienen información suficiente sobre las áreas que reciben, por lo que el riesgo en ese sentido es relativo. Trabajan sobre seguro. Pero lo que entusiasma a Alberto Weretilneck y su equipo es la posibilidad de recibir “bonos” en forma inmediata de parte de la concesionaria, una especie de canon por renovación que las empresas conceden a los gobiernos. Al respecto, permítasenos dudar de la generosidad de las concedentes. Todo tiene devolución o contraprestación en el mundo de los negocios. Lo reprochable es que los detalles de ese tipo de transacciones siempre quedan en la intimidad de las relaciones entre algunos funcionarios y los representantes empresarios, pese a que lo que está en juego son bienes de propiedad común de todos los habitantes de la provincia. Esta reactivación de la explotación de gas y petróleo en nuestra provincia, que abarcaría un territorio mucho más amplio que el que históricamente estuvo afectado, debe generarnos preocupaciones a los rionegrinos, sobre todo a aquellos que consideramos que los recursos naturales más importantes que tenemos, tanto como el resto de la Patagonia, son el ambiente y sus factores principales, como el agua dulce (superficial y subterránea), la tierra fértil y los paisajes que a su belleza intrínseca suman la calidad de su aire. Río Negro siempre tuvo esta actividad como algo secundario. Su impacto en la economía se manifestaba a través de las regalías que la Provincia cobraba regularmente del gas y petróleo que las empresas extraían y declaraban bajo juramento, volúmenes nunca verificados por auditorías serias que debían realizar los propietarios del recurso, es decir el Estado provincial. Catriel y sus alrededores, como epicentro de la histórica actividad hidrocarburífera rionegrina, tiene huellas y heridas de difícil cauterización por el maltrato que recibe la naturaleza. Y estamos hablando del trabajo de la YPF estatal, que en teoría debería ser más cuidadosa de ese patrimonio. Hay otras zonas en donde ya se observan manifestaciones concretas del daño ambiental que es propio de la actividad. Y no debería ser una preocupación menor, porque se está avanzando sobre zonas de producción frutícola en donde se plantea una incompatibilidad manifiesta entre una y otra. Se dice –como argumento interesado– que hay países en donde existen pozos petroleros en el medio de sembradíos de frutas y verduras. Puede ser que sea así. Pero hay un detalle a tener en cuenta. Estamos en la Argentina, con toda la historia de displicencia que el Estado tiene en materia de controles. El reciente caso de Allen demuestra que algo ya empieza a fallar. Viendo que la reactivación de exploraciones y explotaciones es cuestión de Estado e imposible de evitar por el contexto político y económico en que vivimos, es necesario que quienes no nos dejamos absorber por la coyuntura y miramos hacia el mediano y largo plazo advirtamos al gobierno, pero sobre todo a los rionegrinos, sobre las acechanzas a las que estamos expuestos. Los aprovechamientos no convencionales de gas y petróleo vienen precedidos por malos antecedentes en distintos países del mundo. Se han producido manifestaciones muy concretas de daños ambientales y hay serias sospechas de otros impactos, que alteran la vida en todas sus manifestaciones, en las áreas en donde se los practica. Hay mucha información en la materia. Información seria, verificable, lo que sería suficiente como para que los gobernantes fueran más precavidos y no se dejaran encandilar por el “boom” de inversiones que ofrecen aquellos que defienden la actividad por lógicos propósitos de lucro. A los inversionistas no les podemos pedir una visión humana de su actividad, porque no entra en sus códigos. Pero a los gobernantes sí. Porque la vida en todas sus manifestaciones debe ser el centro de su accionar y sus preocupaciones. Dudamos de que el Estado rionegrino tenga infraestructura profesional y técnica como para monitorear debidamente esta actividad que se avecina, porque el país tampoco la tiene y porque la provincia vecina, Neuquén, con mucha más historia que nosotros en este rubro, tampoco es suficiente pese a contar con mayor estructura. Mucho es lo que se pone en riesgo. No solamente las manifestaciones vitales y naturales. También una idiosincracia provinciana, acostumbrada a una económica mansa, de manifestaciones cíclicas, de crecimientos demográficos previsibles. Todo lo contrario de la dinámica arrolladora que traen el petróleo y el gas. Tampoco los gobiernos y las instituciones saldrán indemnes. Las grandes empresas que llegan para quedarse un tiempo tienen gimnasia para lograr decisiones gubernamentales que los favorezcan por sobre los marcos normativos vigentes. La historia será implacable con las dirigencias y gobernantes contemporáneos, si esta obsesión por recibir millones y millones de dólares en inversiones –de dudosa verificación en los hechos– y otros millones en “bonos” y regalías con los que zafarían de los desaguisados administrativos acumulados permite o pone en riesgo el capital natural más trascendente que tenemos, como son los acuíferos dulces, la calidad del aire y de la tierra, que deben seguir siendo las vigas maestras de una economía sustentable y con enormes proyecciones futuras. (*) Senadora nacional CC-ARI (**) Legislador provincial CC-ARI
