Ocho leguas para el cacique

El 16 de agosto de 1894, el cacique Manuel Namuncurá, hijo de Juan Calfucurá, nacido en 1811, se presentó en el antiguo edificio del Congreso Nacional, vestido de luto por el reciente fallecimiento de uno de sus hijos. Su objetivo era solicitar que le otorgaran en propiedad unas leguas de campo en las que había levantado una ranchada junto con su tribu, luego de la rendición.

El lugar, hoy conocido como Chimpay, se encuentra en la margen norte del río Negro. Allí, años antes, en 1886, había nacido su hijo Ceferino, quien luego de un largo peregrinaje y posterior fallecimiento, fue beatificado en 2007. Su figura, educada por los salesianos, se convertiría con el tiempo en un símbolo de unión entre dos mundos.

El proyecto de cesión fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo durante la presidencia de Luis Sáenz Peña, aunque los historiadores destacan que Julio A. Roca, líder político de la época, apoyó activamente la iniciativa. El proyecto contemplaba la cesión de 4 leguas de campo (10.000 ha) en el paraje de Chimpay, pero Namuncurá consideró que era insuficiente, dado que su tribu contaba con 300 integrantes y porque también consideraba que los campos de esa región no eran aptos para el cultivo.

El debate en el Senado

Una vez en el Congreso, conversó con los integrantes de la Comisión del Interior de la Cámara de Senadores, Carlos Doncel y Antonio del Pino, quienes presentaron esa tarde el proyecto de ley del Poder Ejecutivo a consideración de la cámara. Tras evaluar los argumentos del cacique, modificaron la propuesta y pusieron a votación la cesión de 10 leguas de campo, distribuyendo las primeras 4 leguas para él y las restantes para ser distribuidas proporcionalmente entre las familias de la tribu, con el objetivo de evitar conflictos posteriores.

Dentro del debate, el senador Lorenzo Anadón se opuso a esta nueva oferta, considerando que el Poder Ejecutivo “habría tenido en cuenta el número de personas que formaban la tribu y la posibilidad de que la explotación del área asignada baste para su subsistencia”. El general Bartolomé Mitre, presente en la sesión, propuso que se redujeran las leguas otorgables a ocho, con el fin de que todos estuvieran conformes. Por su parte, el senador Oses Guiñazú expresó que “este cacique y su tribu han sido propietarios de centenares de leguas que la Nación recuperó por razones de humanidad y de civilización; pero el hecho es que los indígenas eran propietarios de lo que se trata de conceder ahora y de muchísimo más».

La Ley 3092 y el destino final

Tras una nueva intervención de Mitre a favor de la petición, se votó y se aceptó el proyecto de cesión de ocho leguas, estableciendo que “… tres leguas para don Manuel Namuncurá y las otras cinco distribuidas proporcionalmente entre las familias de la tribu”. En definitiva, según la Ley 3092 del 24 de agosto de 1894, se autorizó la cesión de tierra en el área de Chimpay, donde estaban asentados tras su rendición.

Posteriormente, la comunidad se trasladó al valle de San Ignacio, al este de Junín de los Andes, en la provincia de Neuquén, donde finalmente se estableció de manera permanente y donde Manuel falleció en 1908, consolidando allí el territorio definitivo de su pueblo. Aquel debate de 1894 no solo definió el destino geográfico de la tribu, sino que dejó testimonio de un intento de institucionalizar la relación entre el Estado y los pueblos originarios tras el fin de la frontera.