Iban a trasladar al dirigente detenido a Bariloche pero la defensa se negó

Mañana, definirán el futuro de Miguel Báez dentro del sistema penitenciario, en una audiencia que se realizará vía Zoom.

El futuro dentro del sistema penitenciario de Migue Báez, el dirigente de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), quien se encuentra detenido en el marco de una causa por abuso sexual simple, comenzará a definirse mañana a partir de una nueva audiencia que presidirá la Jueza de Garantías, Natalia González.

El viernes (16/04), el referente del violento grupo que protagonizó distintos hechos durante el mes de marzo, iba a ser trasladado desde la Comisaría 47 de J.J. Gómez al penal de San Carlos de Bariloche. Es que en el Establecimiento de Ejecución Penal 2, de Roca, no tenían plaza disponible para alojar a internos por este tipo de delitos.

A partir de esa medida, la defensa de Báez encabezada por el abogado Oscar Pineda y Pablo Iribarren, pidieron que no lo trasladen hasta tanto se concrete la audiencia que se realizará mañana. Se aguarda que allí, los defensores pedirán que permanezca en el Penal de Roca, teniendo en cuenta que su esposa y sus hijos -varios de ellos menores de edad- residen en esta ciudad. Incluso podrían pedir la prisión domiciliaria.

«Se suspendió el traslado en virtud de la audiencia que pedimos nosotros. Habíamos presentado en un hábeas corpus preventivo que derivó en esta audiencia de mañana. Esto frenó el traslado», dijo Pineda.

El mayor problema es que Báez estaba en la comisaría de J.J.Gómez que se encuentra a pocas cuadras de la casa de la mujer que lo denunció por tocamientos en sus partes íntimas cada vez que llegaba mercadería a los locales de esa organización y que posteriormente tenían que fraccionar.

La denunciante ya había solicitado en varias oportunidades su traslado del barrio.

Báez está detenido en el marco de esa causa pero también tiene otras pendientes en la Justicia Federal por distinto hechos ocurridos en rutas nacionales y el próximo mes será indagado en dos procesos que investiga el juez federal, Hugo Greca.

La organización ODEL protagonizó en marzo un escrache no sólo a la mujer que lo denunció sino también a su abogado y un periodista de RÍO NEGRO que realiza desde hace años la cobertura de los violentos episodios que protagoniza el dirigente y su entidad. Justamente esa determinación le valió el pedido de detención por parte de la fiscal Belén Calarco quien entendió que esa estrategia buscaba intimidar a la denunciante.


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