Imparable: la canasta básica de alimentos está cada vez más cara

indicadores Calculados con criterios arbitrarios

Miguel Ángel Fuks

miguelangelfuks@yahoo.com.ar

El gobierno nacional siempre imagina respuestas para justificarse por cualquier motivo, pero en materia de precios opta por no hacerlo. Le alcanza con manejar a su antojo los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec): por ejemplo, la exagerada suba del 60,6% que tuvieron los tomates en septiembre respecto del mes anterior, por algo más que los vaivenes climáticos y estacionales, con lo cual influyeron en el alza del 3% de las verduras. No faltó el funcionario que sostuvo que si no se tuvieran en cuenta las verduras, el incremento en los supermercados hubiera reflejado en el noveno mes del año una baja del -0,3%. Eso le recordó a un lector de “Río Negro” que José Alfredo Martínez de Hoz, cuando era el primer ministro de Economía de la última dictadura militar, por el elevado aumento de la carne dispuso que se difundieran simultáneamente dos índices de precios al consumidor (IPC): el que incluía la carne y el que no la tenía en cuenta. Ese lector acuñó en aquel momento la expresión “índice descarnado” y recientemente, en septiembre, el “índice del tomate”, por interpretar que aquel funcionario estaba “del tomate” (desquiciado).

Para evitar subas especulativas, Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, prohibió las ventas de tomates por una semana en el Mercado Central de Buenos Aires. No obstante, rápidamente dio marcha atrás con la medida y fijó los precios para las variedades común y “premium”. En octubre, los tomates experimentaron una baja de -25,2%.

También hubo restricciones en el aceite y el azúcar, pese a estar subsidiados y, ante la falta de los productos más baratos, fueron reemplazados por otros más caros, excepto ciertas leches que costaron menos que las líderes. En octubre también treparon artículos de limpieza y tocador.

Según los últimos datos del Indec, todas las transacciones a precios constantes de los 65 supermercados del territorio nacional crecieron el 17,9% en septiembre pasado respecto del mismo mes del año anterior. A precios corrientes, los rubros más dinámicos fueron indumentaria, calzado y textiles, con 46,4%, y artículos de limpieza y perfumería, 27,8%; en tanto alimentos y bebidas subió el 25%.

La canasta básica de alimentos (CBA) del aglomerado Gran Buenos Aires se determina en función de los hábitos de consumo de la población, por los requerimientos de kilocalorías y proteínas imprescindibles para que un adulto de entre 30 y 59 años, de actividad moderada, los cubra durante un mes. Para ello se seleccionan los alimentos y en los cálculos se incluye a los componentes del grupo familiar. Quienes no cubren tales necesidades están en la “indigencia”.

Las referencias a la “línea de la pobreza” tienen en cuenta si los ingresos de los hogares son suficientes para satisfacer un conjunto de necesidades esenciales. Al agregarse al CBA bienes y servicios no alimentarios (indumentaria, energía, transporte, educación, salud e higiene), se obtiene la canasta básica total (CBT), que se utiliza para determinar la línea de la pobreza y que para el Indec, en idénticos mes y caso era de $1.372,79.

Las subas de los precios de los alimentos, verificada desde principio del 2010, generarían que las mejoras de los ingresos –incluso la de la asignación universal por hijo (AUH) concedida por el gobierno– se fueran diluyendo por las fluctuaciones del costo de vida.

Para el Indec, la CBA costaba en octubre pasado 201,37 pesos para un hombre de entre 30 y 59 años. Acceder a la CBA –en muchos casos, no representa el gasto habitual de una persona–, tomando los precios más bajos de los mismos productos en las góndolas de uno de los supermercados más conocidos de la ciudad de Buenos Aires, costaba aproximadamente el doble. Como el hogar de una familia tipo (esposo de 35 años, esposa de 31, hija de 8 e hijo de 5) sumaba 3,09 unidades consumidoras o adultos equivalentes, la CBA ascendía a 622,25 pesos –aproximadamente 20,74 por día…– y la CBT, $1.372,79 (ver cuadro aparte). Aun con aumentos superiores a los reconocidos en el IPC, la CBA siguió por debajo de los valores reales que pagan los consumidores. Algo similar ocurría con la CBT.

Antes de las elecciones primarias del 14 de agosto último, un grupo de diputados nacionales que formaban parte del Frente Amplio Progresista (FAP), que impulsaba la candidatura a presidente del socialista Hermes Binner, entre los que se encontraba el economista Claudio Lozano (Buenos Aires para Todos), fue a un hipermercado para comprar los productos de la CBA. Tras elegir los precios más bajos, incluso los de segundas y terceras marcas, y gastar los $192,93 establecidos por el Indec para el adulto equivalente, en junio último, habían adquirido huevos, gaseosas, fideos, yerba, arroz, harina, azúcar, asado, falda, aceite y pan, en las proporciones fijadas por el organismo oficial, pero no la carne, pollo, leche, frutas, verduras, legumbres y galletitas…

La “devaluación administrada” del dólar y la “remarcación administrada” de productos reducen el poder adquisitivo de los salarios.

La inflación continuaría porque la Secretaría de Comercio Interior autorizó alzas de hasta el 9% a 22 firmas formadoras de precios para la última parte del año y también el 2012. Esto sin contar el impacto provocado por la supresión de los subsidios en los servicios públicos y las eventuales “correcciones” tarifarias adicionales.

Si todo se midiera con el nivel general del índice de precios al consumidor para la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que el Indec “dibujó” en octubre del 9,7% respecto de igual mes del año anterior, el trabajador saldría ganando, pero perdería de compararse con la inflación real del 30% prevista conforme a lo que viene ocurriendo.

La evolución del salario real también sería sustancialmente diferente de acuerdo con estimaciones que en los últimos meses se conocieron en la Cámara de Diputados de la Nación (ver aparte).

Aunque la manipulación de las estadísticas comenzó hace más de 4 años, cuando el Indec comunicó el 11 de noviembre pasado un nivel general del IPC inferior al de mediciones alternativas, la variación de octubre del 0,6% hizo que fuera el 19º mes consecutivo en el que la inflación oficial osciló entre el 0,6% al 0,8%…

Para Lozano, reelecto diputado y también director del Instituto de Estudio y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), desde hace tiempo “la canasta familiar para un trabajador –de acuerdo con nuestros relevamientos–, en la región metropolitana con una familia tipo (matrimonio con dos hijos) se ubicaba en 5.620 pesos en junio de este año. Por lo tanto, si las relaciones sociales que gobiernan el mundo laboral de la Argentina fueran justas y razonables, los salarios básicos correspondientes a los diferentes convenios colectivos no debieran bajar en ningún caso de los 4.500 y el salario mínimo al citado mes debiera ser de 2.700”. Aseveró entonces que el 60% de los que trabajaban tenía remuneraciones inferiores a los 2.500; el 80% de los ocupados percibía ingresos de menos de 3.400 y sólo el 10% de los ocupados ganaba salarios superiores a la canasta familiar. Por su evaluación de quienes se desempeñaban “en blanco”, el 70% ganaba por debajo de $4.000. Por otra parte, recordó que “el 60% de la fuerza laboral de la Argentina tiene que ver con trabajadores ‘en negro’, ‘cuentapropistas’ y ‘desocupados’ y ‘el salario mínimo sólo opera en la franja de trabajadores en blanco’…”.

Cerca de 3,8 millones de trabajadores estaban “en negro” –sin cobertura social ni posibilidad de acceder a una jubilación–, lo que arrojaba una tasa del 34,5% de ocupados, reconoció el Indec para el segundo trimestre del año en relación con lo que sucedía en el mismo período anterior. La situación se había deteriorado respecto del primer trimestre cuando la informalidad era del 34,1%. Si se considera el segundo trimestre del 2010, adláteres del secretario Moreno comentaron que hubo una mejora del 2%, ya que en dicho lapso fue del 36,5%. A su vez, el Indec corrigió la tasa de desempleo del segundo trimestre y la elevó del 7,3% al 7,4%.

“Uno de los desafíos para los próximos años es bajar el empleo informal en el 10% para que se ubique en torno del 25%”, afirmó Roberto Felleti, secretario de Política Económica y electo diputado nacional a partir del 10 de diciembre.

La población económicamente activa (PEA) se calculó en 17 millones de personas, de las cuales 2,67 millones están desocupadas o subocupadas, de manera que trabajaban 14,33 millones. Sobre aquel total, el 76,7% era asalariado, o sea 11 millones y de ellas 3,8 millones se encontraban en situación precaria, o sea el 34,5%. Las peores situaciones de informalidad laboral en el país se detectaron en el noroeste, con el 41,1%, y el noreste, 40,2%, y la tasa más baja en la Patagonia, con el 20,9%.

El gobierno nacional, empresarios y sindicalistas acordaron, en agosto del 2011 y tras una prolongada negociación, una suba del salario mínimo vital y móvil del 25%, por lo cual el nuevo “piso” se situó en 2.300 pesos, excluidas las asignaciones familiares.

Antes, las autoridades pretendían que sus interlocutores aceptaran 2.400, o sea 200 menos que lo reclamado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) –el sector liderado por Hugo Yasky, respaldado oficialmente– y por encima de los 1.900 a 2.000 propuestos por la parte empresaria, principalmente la Unión Industrial Argentina (UIA).