Incentivo fiscal para frenar alquileres

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SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- El Concejo Deliberante debatirá un proyecto del MPN para establecer incentivos fiscales a los propietarios de inmuebles en alquiler, que mantengan el precio de arrendamiento sin ajustes a lo largo de los dos años de contrato que fija la Ley Nacional de Locaciones Urbanas. Ello los haría acreedores a quitas del 30% en tasas y contribuciones municipales. El proyecto de ordenanza ingresó ya a la comisión respectiva del Concejo y, de aprobarse, la quita tendría aplicación mensual inmediata para el locador. Como requisitos para acceder al beneficio, los propietarios deberían solicitar su inclusión en el nuevo régimen por nota dirigida a Hacienda, así como presentar copia certificada del contrato de locación con timbrado, entre otras exigencias formales para la inscripción. El proyecto, que lleva la firma del concejal emepenista Carlos Saloniti, prevé la elaboración de una campaña de publicidad sobre los derechos y obligaciones de locadores y locatarios, y la aplicación irrestricta de la Ley Nacional de Locaciones Urbanas en San Martín de los Andes. La propuesta designa autoridad de aplicación a la secretaria de Economía y Hacienda del municipio. Saloniti, quien además es el presidente de la bancada, enmarca el proyecto en la reciente sanción de la ordenanza de Emergencia Habitacional para San Martín de los Andes, que incorpora “taxativamente las acciones que tanto el departamento Ejecutivo como el Concejo Deliberante debían ejecutar –en el plazo de un año– para enfrentar” la crisis de la vivienda en la ciudad. Saloniti recuerda entre los fundamentos que “nuestro bloque propuso el proyecto de ordenanza que crea el fondo de emergencia habitacional dentro del Instituto de Vivienda y Hábitat, el que se compone de los fondos que actualmente se pagan por la Contribución por Seguridad Ciudadana establecido en el Código Fiscal, el que al día de la fecha sigue siendo analizado por la comisión de Hacienda”. En esa misma línea, “proponemos un proyecto de ordenanza que tenga por beneficiarios de manera directa a todos aquellos propietarios de bienes inmuebles que destinen los mismos a alquiler, y de manera indirecta, a aquellos vecinos que año tras año se enfrentan a los aumentos del precio de los alquileres”. Si bien admite que la aplicación y competencias del Deliberante en materia contractual es limitada, señala que “no por ello debe ser omitida frente a una problemática cada día más notoria, y que llevó a declarar y consensuar la emergencia habitacional”. Asimismo, subraya, “la inflación que se percibe mes a mes es el principal problema a enfrentar pero, estamos convencidos, la incertidumbre reinante no es causal para tener de rehén a aquellos vecinos que no tienen otra opción frente a un aumento unilateral. Frente a ello –añade– no les queda otra opción que aceptar el nuevo aumento o rescindir el contrato y buscar un nuevo lugar para alquilar”. El objeto, en cambio, “es hacer entender que debe respetarse y aplicarse lo dicho por el Código Civil y la Ley de Locaciones Urbanas y Comerciales”, enfatiza el edil del partido provincial en su nota de presentación al cuerpo.