Intervención a Edersa: Qué impacto tendrá en los usuarios

El veedor tiene 60 días para realizar el informe pero no podrá tomar decisiones sobre las políticas de la empresa.



Las oficinas de Edersa en Cipolletti no mostraban cambios esta mañana. Al mediodía se espera una conferencia del gobierno. Foto: Mauro Pérez.

Las oficinas de Edersa en Cipolletti no mostraban cambios esta mañana. Al mediodía se espera una conferencia del gobierno. Foto: Mauro Pérez.

La Justicia dispuso de un interventor veedor para Edersa que tendrá facultades para indagar sobre toda documentación de la concesionaria, como así también para solicitar información a la distribuidora o realizar investigaciones que considere convenientes a los fines de dar cumplimiento al objeto encomendado.

El veedor tiene 60 días para realizar el informe pero no podrá tomar decisiones sobre las políticas de la empresa. Es decir que la resolución judicial no tendrá impacto sobre la operación de la empresa.

El gobierno de Río Negro solicitó una medida de intervención judicial de Edersa, es decir una interventor que pueda tomar decisiones sobre la empresa. En su argumento expresó que la Ley de Sociedades autoriza a la autoridad de contralor a requerir judicialmente la intervención de una sociedad sujeta a la fiscalización permanente teniendo en miras para ellos razones de interés público.

El objetivo de esa medida pretendida buscaba “asegurar que los importes abonados por los usuarios en concepto de costo de abastecimiento lleguen a su real destinatario; evitar las restricciones en el suministro eléctrico y evitar el agravamiento de la deuda”.

Sin embargo el juez Federico Corsiglia consideró que una medida de ese tipo “parece estar más cerca del “rescate del servicio concesionado” que del dictado de una tutela cautelar, cuestión que claramente excede la potestad del suscripto y de ese tipo de acciones”. Por eso decidió disponer de un interventor veedor.

El juez admitió que para tomar una medida como la pretendida inicialmente (una intervención directa en la administración de la empresa) se debe asegurar la bilateralidad “constitucionalmente necesaria para resguardar los derechos y garantías de la contraria”.

La medida judicial tendrá impacto administrativo para la distribuidora rionegrina, pero no afectará la medición de los consumos ni alterará el cuadro tarifario vigente. En suma para los usuarios no habrá modificación en el servicio que pagan.


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